Los expresidentes Jordi Pujol (d) y Carles Puigdemont (i) en una charla
Investidura de Pedro Sánchez
Puigdemont plantea la exculpación de Pujol y un trato preferente para dar luz verde a la investidura
El prófugo también quiere incluir a los afectados por caso Volhov, que investiga el desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al procés. Entre ellos se encuentra su mano derecha, Josep Lluís Alay
Junto a Pujol, la retirada de la Policía Nacional de la Vía Layetana es otra de las exigencias que el prófugo pondrá sobre la mesa para subir la apuesta de ERC
Mientras la ejecutiva de Junts, reunida en Bélgica, decidía desde el extranjero las condiciones para la formación del Gobierno de España, Félix Bolaños y Oriol Junqueras firmaban en Barcelona un pacto que entregaba a la Generalitat catalana Cercanías, 15.000 millones y una amplia amnistía. La noticia cayó como un jarro de agua fría en el hotel donde a más de 1.300 kilómetros de la Ciudad Condal el partido –dirigido por un prófugo, Carles Puigdemont, y una condenada por corrupción, Laura Borràs– creía tener la sartén por el mango y quería dejar a ERC como un actor irrelevante del pacto.
Por primera vez desde julio, ERC consiguió marcar la agenda y Puigdemont suspendió la comparecencia en la que debía anunciar los términos de la claudicación de Sánchez, y la aplazó sine die. Entre los asistentes a la reunión de la dirección de Junts vino a la mente los recuerdos de ese día de octubre de 2017 en el que Puigdemont aplazó una y otra vez la rueda de prensa en la que debía anunciar si convocaba elecciones o declaraba por segunda vez la independencia.
El déjà vu de Puigdemont –dudando en un momento clave– fue inevitable. Junts no puede admitir que ERC aparezca a ojos del menguante electorado separatista como actor clave. Y de vuelta a su guarida en Waterloo el huido expresidente, rodeado de su sanedrín más íntimo, ideó nuevas exigencias.
La inclusión de los CDR y Tsunami Democràtic en la amnistía pactada entre ERC y el PSOE obliga a Junts a dar una vuelta de tuerca para no ser percibido como un negociador débil. La concesión de algo de aún mayor calado que permita a Junts mantener el relato de que ellos son más firmes frente a «España» que los republicanos.
Más allá del aplazamiento del anuncio del pacto, hecho que en sí mismo que ya provoca un considerable fastidio a Sánchez, Puigdemont pretende ahora, entre otras cosas, incluir a Jordi Pujol dentro de la amnistía. El expresidente, que aún no ha pasado por un sala de vistas para un juicio oral que parece cercano, ha vivido en los últimos meses un proceso de rehabilitación social que tuvo su momento cumbre en la foto de expresidentes, incluido el socialista Montilla el pasado verano en Prades (Francia). Ahora Puigdemont está necesitado de algún tema novedoso e impactante que justifique la demora en el anuncio del acuerdo que podría incluir a Pujol en el trato. Entre las peticiones inmediatas que Puigdemont se planteaba exigir se barajó el indulto a Laura Borràs o las imputados en el llamado caso Volhov, entre otros, a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont y mano derecha del expresidente. Pero las implicaciones de corrupción en estos casos hacen que la inclusión de estas personas en el paquete amnistiable no genere unanimidad. Esta investigación la instruye el juez Joaquín Aguirre, el mismo del caso Negreira. Junto a Pujol, la retirada de la Policía Nacional de la Vía Layetana es otra de las exigencias que Puigdemont pondrá sobre la mesa para subir la apuesta de ERC. Este punto tiene el visto bueno de los Comunes, la marca de Sumar en Cataluña.
En la ejecutiva de Junts si se trazó una estrategia de exigencia constante al PSOE con el fin de que una vez se haya votado la investidura no perder protagonismo. Ante cada necesidad de apoyo por parte del Gobierno del PSOE-Sumar, desde Junts plantearán nuevas demandas. El listado es amplio: participación de las selecciones deportivas catalanas en competiciones internacionales, silla de Cataluña en la UNESCO o la retirada del estado del Consorcio de la Zona Franca. La estrategia de Junts a lo largo de la legislatura consistirá en un quid pro quo en cada votación. A cada necesidad de apoyo del Gobierno una nueva concesión.
Junqueras, tras la firma del pacto, se ha quejado amargamente de la dificultad de coordinarse con Junts; y desde la formación neocovergente han respondido afirmando que el pacto cerrado entre el PSOE y ERC es más ruido que nueces, y que en materias como la transferencia de Cercanías hay muchos aspectos que no están claros. Junts y ERC entablaran una lucha en el día a día por mostrarse muy exigentes con Sánchez, y este nivel de exigencia, consistente en vaciar de contenido al Estado en Cataluña, marcará la legislatura.