Juan Manuel Fernández, vocal del CGPJ: «La amnistía no puede someter la Justicia a intereses políticos partidistas»

Juan Manuel Fernández (Barquisimeto, Venezuela, 1958), es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra en 1980 e ingresó en la carrera judicial en 1984. Tan sólo un año después, y tras haber superado el curso de formación, fue nombrado Juez titular del Juzgado de Distrito de Betanzos (La Coruña). Ha estado destinado en el Juzgado de Distrito número 2 de Pamplona, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estella, el Juzgado de lo Social número 7 de Málaga, el Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona y la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra.

Durante el periodo comprendido entre 1992 y 1996 desempeñó el cargo de Juez Decano de Pamplona. En 1994 tomó posesión de su cargo como miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, condición que ostentó hasta ser nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en febrero de 2004, cargo que desempeñó hasta octubre de 2014.

Fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Senado en 2013. Distinguido con la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort en 2013, en la actualidad es miembro de la Comisión Permanente del CGPJ y Presidente del Foro Justicia y Discapacidad.

El Tribunal Supremo está obligado a trabajar con un 30 % menos de magistrados como consecuencia grave y directa de que el Consejo no pueda hacer nombramientos

–Cuando usted tomó posesión de su nombramiento como vocal del Consejo General del Poder Judicial, en 2013, ¿imaginó en algún momento que seguiría formando parte del mismo casi diez años después?

–No, esto era impensable, inimaginable. Tanto la duración de los cinco años de añadido que llevamos, como la cantidad de cosas que iban a pasar.

–¿Qué balance hace de los años en el Consejo? ¿Cree que la última etapa ha supuesto un desprestigio de la institución?

–Ha supuesto una tensión institucional sin precedentes, hasta tal punto que ha erosionado el prestigio o la credibilidad, y por tanto la confianza de los ciudadanos, en el CGPJ y en la Justicia. Es difícil salir indemnes de momentos de tanta tensión como los que se han vivido y se vuelven a vivir ahora, donde la Justicia está en el ojo del huracán político de España. Pero hace un año lo estábamos por el nombramiento de los magistrados del Constitucional, que derivó en el hecho, de una gravedad tremenda, de la dimisión del presidente del Consejo.

En este momento, con la proposición de Ley de Amnistía, la Justicia queda sometida a una tensión extraordinaria, tensando hasta tal límite el máximo de las costuras del sistema, que se causa un gran daño.

–¿Cómo ha afectado al Poder Judicial el bloqueo del Gobierno al CGPJ?

–Pues lo ha afectado y lo ha lesionado muy gravemente en una doble vertiente. Por un lado, el daño institucional donde un poder del Estado ha impedido a otro cumplir con su función esencial, que es la de los nombramientos. Esto ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional diciendo que esa ley es acorde con la Constitución. No me queda otra que acatar ese criterio. Pero mi opinión no es coincidente.

Y, la segunda vertiente, que ha afectado muy gravemente al funcionamiento ordinario de los juzgados y tribunales españoles y muy particularmente al Tribunal Supremo, que está obligado a trabajar con un 30% menos de magistrados, lo que supone un 30% menos de resoluciones judiciales y lo que muchos ciudadanos españoles vean un retraso en la resolución de sus intereses. Esto es muy grave y la consecuencia directa de no poder hacer nombramientos, ni poder trabajar con normalidad.

La pacificación social se consigue con el cumplimiento de las leyes y los pronunciamientos de los tribunales que las aplican

–Se denunció, en su momento, que la medida tenía por objeto forzar al Partido Popular a llegar a un acuerdo… Incluso se planteó que el Pleno en bloque del Consejo dimitiese (y hubo un intento liderado por un vocal afín al PSOE) para forzar su renovación. ¿Se ha planteado usted en algún momento renunciar a su cargo?

–El Pleno no llegó a votar esto nunca y es algo que se comenta de una manera informal porque el intento fue absolutamente minoritario. Yo, particularmente, no me he planteado dimitir en ningún momento. Creo que nosotros no somos los responsables del bloqueo en un sistema en el que las Cortes –el Congreso de los Diputados y el Senado– son los encargados de hacer la renovación y, por lo tanto, a ellos les compete también asumir las consecuencias de la falta. El Consejo, como máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, no puede estar desatendido ni un minuto. Hay cosas que requieren de una atención permanente, continua y, por lo tanto la dimisión, y más en una dimensión colectiva, es absolutamente impensable.

–¿Se ha sentido alguna vez interpelado por aquellos que les acusan de formar parte de un órgano en descomposición?

–El Consejo no está en descomposición. El Consejo prorrogado puede desempeñar sus funciones con absoluta legitimidad y con absoluta competencia. Esto es indiscutible y decir lo contrario carece de todo fundamento legal. El legislador, precisamente para forzar la renovación, nos limitó las competencias en materia de nombramientos pero no en el resto de asuntos. ¿Cómo no vamos a estar legitimados para realizar un Pleno y ver las consecuencias que puede tener en el funcionamiento de los tribunales una ley de amnistía que va a borrar los efectos de determinados delitos?. ¿Cómo se puede plantear seriamente que el Consejo no tiene competencia para eso solo porque no se haya producido la renovación?

–Son los mismos que critican la convocatoria del Pleno extraordinario del próximo lunes instada por ocho vocales, usted entre ellos, para debatir sobre la amnistía…

–Yo pediría a quienes tratan de hacer una descalificación o una crítica con este argumento, que expongan las razones por las que estiman que una ley de amnistía no tiene consecuencias para el Poder Judicial ni para el Estado de Derecho.

–¿No cree necesario conocer el texto de la polémica norma antes de pronunciarse?

–La amnistía no tiene encaje constitucional, por diversas razones. Respeto, obviamente, a quienes dicen que según en qué circunstancias podría tenerlo examinando el preámbulo... Bueno, aceptemos que pueda tener aspectos discutibles pero, entonces, hagamos bien las cosas y antes de iniciar la tramitación parlamentaria, vamos a recabar los dictámenes de los órganos consultivos que para eso estamos. Se piden para otras leyes pues para ésta, también. Porque yo creo que el argumento de que es necesario para la pacificación social no es creíble. La pacificación social se consigue con el cumplimiento de las leyes y los pronunciamientos de los tribunales que las aplican. Ésa es la verdadera función pacificadora: para evitar que los conflictos se resuelvan de manera violenta entre entre particulares.

–«No es compatible con el Estado de Derecho (...) que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos (...), para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir un beneficio personal», aseguran en su propuesta de nota institucional. ¿Tiene usted alguna sobre la inconstitucionalidad de la amnistía?

–No, en absoluto. Nosotros no tomamos antes la decisión porque todavía no había sido verbalizada, oficialmente, por el gobierno. Se había hablado de ello, se sabía de los contactos, pero hasta que el presidente del Gobierno lo anunció de una manera oficial, no hicimos nada para hacer una declaración institucional alertando de las consecuencias que esto puede que esto puede tener. Ahora es diferente y no es necesario esperar al articulado porque lo deseable es que se nos hubiera pedido un informe previo a nosotros, al Consejo de Estado o a la Fiscalía General. Se nos censura a nosotros por pronunciarnos y lo único que resulta criticable es poner en marcha la tramitación parlamentaria, orillando el parecer de los órganos consultivos del Estado, máxime una cuestión de una importancia tan enorme como la que tiene hacer una ley de amnistía.

–¿Es ésta la puntilla definitiva para un Poder Judicial que ha sido de los más maltratados durante la pasada legislatura?

–El Poder Judicial es esencial en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho. Sin un Poder Judicial robusto no cabría hablar de democracia. Lo que va a suceder si finalmente se concreta amnistía es que las resoluciones judiciales van a dejarse sin efecto por lo sola voluntad de un de un poder. Y eso no se puede. Como no se puede, tampoco, supeditar el correcto funcionamiento de los tribunales, la potestad jurisdiccional a intereses políticos partidistas.

–¿Considera que el verdadero objetivo de una amnistía como la que se plantea puede ser la autodeterminación de Cataluña?

–Bueno es hacer conjeturas e hipótesis que yo no debo hacer.

Resulta criticable poner en marcha la tramitación parlamentaria de una ley de amnistía orillando el parecer de los órganos consultivos del Estado

–Dado que no es un órgano del Poder Judicial, ¿confía usted en la imparcialidad e imparcialidad del actual TC para pronunciarse sobre si la amnistía es constitucional?

–Yo confío en la honorabilidad del Tribunal y de los magistrados que la integran.

–¿Veremos a Puigdemont volver para sentarse en el banquillo de los acusados o lo hará impune y aclamado por el separatismo catalán?

–Si se aprueba la Ley de Amnistía parece evidente que supondrá la exoneración de toda responsabilidad penal por los hechos del procés. De ser así, obviamente, no tendrá que responder de hacer frente a ninguna imputación penal por lo ocurrido.