Nueve vocales del CGPJ se pronuncian contra la amnistía de Sánchez: «Las Cortes no pueden invalidar las sentencias de los tribunales»

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha aprobado este lunes. por mayoría de 9 votos, una declaración institucional, sin precedentes, contra la futura ley de amnistía que Pedro Sánchez negocia con Junts a cambio de su investidura. Los vocales del Consejo aseguran, tajantes en su comunicado, que ningún acuerdo parlamentario adoptado en «las Cortes puede invalidar las sentencias de los tribunales». El CGPJ tacha el futuro borrado penal del PSOE a los delitos cometidos por Carles Puigdemont y otros cabecillas del procés como «abolición del Estado de derecho». Es un mecanismo «que violenta la Constitución y convierte a la Justicia en una quimera», aseguran la mayoría de miembros del máximo órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes jurídicas han informado a El Debate que la propuesta planteada por ocho vocales conservadores, ha salido adelante con el apoyo de los de los impulsores de la iniciativa a los que se ha sumado, finalmente, el vocal Wenceslao Olea. En el saldo final de la norma hay que computar el rechazo de los cinco vocales progresistas y la abstención del presidente Vicente Guilarte quien ya ha avanzado que redactará una explicación detallada de su posición contraria a la norma en cocina pero que considera más adecuado esperar a conocer el contenido del texto para pronunciarse sobre el mismo. Por su parte, y como ya había anunciado, el vocal Álvaro Cuesta, miembro del ala izquierda, no ha asistido al cónclave.

En ningún caso cabe aceptar una amnistía (...) con un fundamento (...) que confunde el interés de España con el interés del presidente del Gobierno en funciones

«El Consejo General del Poder Judicial ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción, y los que también se cometieron con posterioridad para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia y restablecer el orden público y constitucional alterado», arranca el pronunciamiento aceptado por la mayoría.

«En la medida en que esas declaraciones no se respaldaban con una manifestación del Presidente del Gobierno en funciones, este Consejo ha preferido mantenerse en una actitud de prudente expectativa. El silencio del presidente del Gobierno en funciones, sin embargo, se rompió el pasado sábado 28 de octubre y en una declaración personal de amplia difusión pública ha afirmado dos cosas: la primera, que efectivamente ha pactado una ley de amnistía con partidos políticos que incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida; la segunda, que la medida se adoptará en «interés de España» para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral».

«La declaración del Presidente del Gobierno en funciones justifica que el Consejo General del Poder Judicial emita su opinión mediante una declaración institucional, tanto más cuanto que también se ha hecho público que, pese a que el Gobierno de España se presenta como su promotor, la futura ley de amnistía se tramitará como proposición de ley, con lo que se eludirá, una vez más, la función consultiva de este Consejo en aspectos sobre los que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige su intervención», reza la nota oficial.

«El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España», continúa la nota planteada a deliberación y votación.

«Cualquiera que sea la justificación formal o aparente que se le quiera dar en el preámbulo de la futura ley, su motivación real ya ha quedado expresada, y más allá de la discusión sobre si realmente son constitucionalmente aceptables las amnistías para soslayar la prohibición constitucional de indultos generales, lo que en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución, con el fundamento real expresado por el presidente del Gobierno en funciones».

El órgano de gobierno de los jueces denuncia que la amnistía a los líderes del procés será una ley singular y que la Justicia se convertirá en una quimera

La propuesta que ha salido adelante contiene algunas modificaciones sobre el texto inicialmente propuesto a debate y votación por ocho miembros del órgano ya que en la comunicación institucional definitiva, los vocales han explicado de forma más detallada las razones que han les han llevado a ahora a pronunciarse en contra de una amnistía que, al tramitarse como Proposición de Ley, hurtará los informes técnicos de las más altas instituciones del Estado como son el propio CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.