La sociedad civil se moviliza contra la amnistía de Pedro Sánchez a los golpistas catalanes
Investidura
Una decena de asociaciones cívicas españolas piden al Parlamento Europeo que frene la amnistía de Sánchez
La exdiputada Rosa Díaz intercede como representante ante la Comisión de Peticiones pidiendo que se tomen una serie de medidas
Diez asociaciones civiles de España se han unido para pedir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una serie de medidas con el fin de frenar la amnistía que Pedro Sánchez pretende aprobar para conseguir el beneplácito de los separatistas de cara a su investidura.
La exdiputada del PSOE y de UPD, Rosa Díaz, ha actuado como representante de Unión78, Foro Libertad y Alternativa, NEOS, Foro España Cívica, Libres e Iguales, Cataluña Suma por España, De español a español, S’ha Acabat!, y Citizens pro Europe y PieEnPared.
Para elevar estas peticiones se amparan en los de los artículos 20, 24 y 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
En la exposición de motivos resumen lo ocurrido en Cataluña desde 2014 con Artur Mas a la cabeza hasta el presente. Inciden en los grupos terroristas que podrían ser incluidos en la amnistía y en cuáles son los verdaderos motivos de Pedro Sánchez y el PSOE para rendirse ante los separatistas, muy lejos de los esgrimidos de manera oficial por el Gobierno en funciones.
Solicitan tres medidas. La primera, que la Comisión Europea investigue los antecedentes de los últimos años para entender la historia del proceso en informe si la amnistía negociada por Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes cumple con la normativa europea (especialmente los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea) y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La segunda, que esta petición se remita a otras comisiones del Parlamento, como la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. El objetivo es que, de considerarse necesarias, se inicien otras actividades en paralelo.
Y tercera, que se tomen las medidas necesarias para abordar la situación actual y los graves riesgos que conllevaría para el Estado de derecho y la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley. Entre ellas, audiencias, informes, visitas informativas, preguntas a la Comisión o al Consejo, debates y cualquier otra que se considere necesaria.