La traca final de Sánchez: «reconocimiento nacional» del País Vasco y pacto sorpresa con los canarios

El círculo de la investidura ha quedado cerrado este viernes 10 de noviembre, con los cinco votos del PNV y el de Coalición Canaria, que a última hora se ha sumado a la mayoría de Pedro Sánchez por sorpresa. De esta manera, el candidato del PSOE será proclamado presidente del Gobierno el jueves próximo, en primera votación y por mayoría absoluta de 179 diputados, 12 más de los que obtuvo en enero de 2020, cuando necesitó dos votaciones. Ya están todos: el PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, el PNV, el BNG y Coalición Canaria. Votarán en contra 171 diputados, los del PP, Vox y UPN. No habrá abstenciones.

El propio Sánchez firmó este viernes con el presidente del PNV un pacto que, a juicio de Andoni Ortuzar, es muy beneficioso para el País Vasco. Y en el que los socialistas se comprometen a dotar al País Vasco de más autogobierno y a impulsar su «reconocimiento nacional» en el plazo de un año y medio desde el inicio de la nueva legislatura vasca (la que saldrá de las elecciones del primer semestre de 2024).

«PSOE y EAJ-PNV manifiestan su compromiso de negociar de buena fe y sacar adelante un acuerdo, tanto en el seno de las instituciones vascas como en las Cortes Generales, siendo posteriormente ratificado por el pueblo vasco el acuerdo alcanzado. El reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad serán ámbitos a dialogar y negociar entre ambos partidos», señala el documento.

En él, el PNV se compromete no solo a la investidura, sino a dar «estabilidad» a la legislatura. Pero, como en el caso de Junts y ERC, este punto está condicionando a que Sánchez vaya cumpliendo sus compromisos. Estos se irán abordando en una «comisión bilateral permanente», con presencia de Sánchez y del lendakari al menos una vez cada seis meses.

Los socialistas garantizan a Ortuzar que el Estado transferirá al País Vasco el régimen económico de la Seguridad Social en un plazo máximo de dos años. Se trata de una vieja demanda, recogida en el Estatuto, que ha sido varias veces aplazada por el riesgo de quebrar la «caja única» de la Seguridad Social.

A mayores, el PNV se asegura el blindaje total de su autogobierno, puesto que el pacto con el PSOE estipula que: «Todos los proyectos de ley que afecten a competencias de la CAV (la Comunidad Autónoma Vasca) contarán, en su caso, con una cláusula foral que se acordará previamente con EAJ-PNV».

Y, para no ser menos que Cataluña con el traspaso de Rodalies, el PNV también le ha arrancado a Sánchez la transferencia de Cercanías. En tiempo récord, además: tres meses, según el documento. Los jetzales se permiten incluso pactar cláusulas específicas para Navarra, en materia de transferencia de competencias. Entre ellas, sobre becas e investigación, desarrollo e innovación.

El viraje de Coalición Canaria

Por lo que se refiere a Coalición Canaria, su voto afirmativo es especialmente difícil de digerir para el PP. Y no solo porque su única diputada votara a favor de la investidura de Alberto Núñez Feijóo en septiembre, sino sobre todo porque ambas formaciones comparten el Gobierno de las islas, bajo la Presidencia de Fernando Clavijo, de CC. Este mismo jueves, Clavijo reiteraba en una entrevista en la radio canaria que su «línea roja» era la amnistía.

Inicialmente, los nacionalistas canarios apostaban por una abstención como gesto de buena voluntad. Con el razonamiento de que, si bien su voto no iba a ser decisivo para la investidura, sí lo será para la legislatura. Porque el único voto de CC hará que a Sánchez le baste la abstención de Junts en la convalidación de decretos ley y en la aprobación de leyes ordinarias, como lo es la de los Presupuestos Generales. En cambio, para la aprobación o modificación de leyes orgánicas sí necesitará los siete votos favorables de Junts, porque ahí el listón está en mayoría absoluta, 176 votos.

Sin embargo, finalmente se han decantado por Sánchez porque consideran satisfechas sus demandas. Entre ellas, la gratuidad de autobuses y tranvías en 2024, inversiones en infraestructuras educativas y obras hidráulicas y una modificación de la ley de acogida a los menores migrantes no acompañados para que no sea competencia exclusiva de Canarias, informa Efe.