La familia Pujol mantiene operativo a día de hoy el entramado 'offshore' que usó para cobrar comisiones ilegales

El expresidente catalán Jordi Pujol y el resto de miembros de su familia mantienen en funcionamiento en la actualidad el entramado societario offshore con el que blanquearon las comisiones ilegales que cobraron durante décadas. Los agentes cifran en 3.000 millones de euros la fortuna que el clan logró amasar. A pesar de que ya han pasado nueve años desde que salió a la luz el escándalo la familia aún no ha devuelto el dinero. Los Pujol vuelven a estar de actualidad tras la exigencia de Junts de incluir los delitos de los Pujol en la amnistía que negocia con el Gobierno.

El Debate ha podido verificar que las sociedades que usaron para desviar mordidas aún continúan en activo excepto un pequeño porcentaje cuyo dinero está bloqueado por la Audiencia Nacional. Estas sociedades se encuentran en los paraísos fiscales de Panamá y Bahamas y también en Estados Unidos y Reino Unido. La gran mayoría de estas compañías son tapaderas a nombre de testaferros pero también hay mercantiles que figuran a nombre de los Pujol. De los ocho hijos del clan, el mayor de todos, Jordi Pujol Ferrusola es, según los investigadores, el que mayor capital logró sacar fuera de España.

Una de las sociedades que aún continúan operativa es la panameña Ipromar Ocean SA, considerada una de los brazos societarios desde donde entraban y salían las mordidas. Esta empresa fue constituida el 13 de noviembre de 1996 y en estos momentos cuenta con un capital de 200.000 euros. Si bien el objeto social de la empresa es la comercialización de marisco, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional siempre consideraron la mercantil una tapadera para el desvío de comisiones. Pujol Jr. figura como uno de los propietarios de la empresa. El resto, tal y como figura en los informes policiales, son empresarios que actuaban como pantalla para mover el dinero en la sombra.

Otras de las empresas que usó la familia Pujol para mover el dinero oculto son Molamol Headquarters Corp e Isla Quesito Headquarters Corp, ambas radicadas en Bahamas. Los investigadores, cuando desvelaron la existencia de ambas empresas, determinaron que en realidad se trataba de sociedades instrumentales que eran usadas para, a su vez, controlar fundaciones panameñas que ocultaban más dinero y para abrir y cerrar cuentas bancarias en Suiza. Para la UDEF la creación de estas sociedades tenían como finalidad evadir impuestos y blanquear capitales. Una de las pruebas en las que se apoyan es que fueron constituidas días antes de las operaciones sospechosas que nutrían de fondos económicos las offshore. La primera sociedad de Bahamas lleva consigo la identificación «1533775B» y la segunda «148192B».

Los agentes que continúan investigando la fortuna de los Pujol en el extranjero han detectado recientemente que una de las sociedades británicas que también participó en el lavado de activos y que hasta ahora continuaba en funcionamiento, llamada Brantridge Holdings Limited, ha sido cerrada. Detrás de la mercantil, de nuevo Jordi Pujol Jr. Los registros británicos han dado parte a los investigadores que el 7 de febrero de 2023 Brantridge Holdings Limited fue clausurada de manera abrupta. En la ficha de la compañía, activa desde 2005, figuraba el primogénito del expresidente catalán con la profesión de «inversor privado».

Beneficiados por la amnistía

El marco temporal al que se circunscribe la ley de amnistía, de 2012 a 2023, según ha anunciado el PSOE, también alcanzaría la causa relacionada con el que fuera presidente de Cataluña entre 1980 y 2003, Jordi Pujol, y sus siete hijos. La familia está a la espera de juicio por formar presuntamente una organización criminal que se aprovechó de «su posición privilegiada» en la vida política, social y económica catalana para acumular un «patrimonio desmedido».

La Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. Para el resto del clan las penas van de los 14 a los 8 años. La Abogacía del Estado, en cambio, no se dirige contra el patriarca, pidiendo 25 años de cárcel para su hijo mayor y entre 4 y 17 años y medio para los demás. El primer instructor del caso, José De la Mata, dio por acreditado que parte de esas «actividades corruptas» que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de Pujol, aunque se habrían prolongado más allá de su salida del cargo, generándoles «cantidades millonarias» que desvinculó de la herencia familiar del abuelo Florensi Pujol esgrimida por los acusados.

El juez situó el origen del dinero en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas a empresas, que hacían entregas millonarias a la familia, disimuladas bajo estructuras societarias y utilizando paraísos fiscales. Y ello a cambio de una «contraprestación» que pasaba por que los Pujol ejercieran concretas influencias para adjudicaciones y concesiones a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán.