Un tsunami de manifiestos y colectivos en contra de las cesiones de Sánchez desborda al PSOE

Los acuerdos firmados por Pedro Sánchez con el independentismo han provocado un auténtico tsunami. Éste sí, un tsunami democrático en todos los órdenes, y no solo el político. Una marea que ha traspasado las fronteras españolas hasta llegar a instancias europeas. Las asociaciones de jueces enviaron este viernes a la Comisión Europea el comunicado conjunto que suscribieron el jueves, en el que denunciaban la «evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes» que supone la asunción del concepto «lawfare». También el CGPJ puso en conocimiento de la UE y de la Red Europea de Consejos de Justicial la «abolición del Estado de Derecho» que, a su juicio, está en marcha en España.

La rebelión cívica y la fuerte contestación en las calles de la última semana –con altercados provocados por grupúsculos violentos– han llegado a oídos de la prensa internacional, en lo que el Financial Times califica como el comienzo de un capítulo «potencialmente explosivo» para España.

Claman las asociaciones de jueces y las de fiscales, los colegios de abogados, más de un centenar de abogados del Estado y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, pero no solo. También las asociaciones de empresarios de toda España, los sindicatos de policía, las asociaciones de la Guardia Civil, los sindicatos ferroviarios de Renfe y Adif, los técnicos de Hacienda, más de 60 diplomáticos jubilados, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, rectores de universidades, el Foro de Profesores y hasta varios obispos y arzobispos –de Castellón, Córdoba, Valladolid, Oviedo, Alicante…– han salido en las últimas horas en tromba para mostrar su rechazo ante las cesiones del PSOE a Junts, pero no solo. También al PNV y a ERC.

Y cada comunicado, cada pronunciamiento, es una nueva voz de alarma. «Un presidente del Gobierno responsable no puede someterse al chantaje de los enemigos de España y aliarse con quienes pretenden destruirla», según el manifiesto de los diplomáticos. «Es un pacto que vulnera la legalidad vigente y supone la ruptura del régimen constitucional actual», según el sindicato de Inspectores de Trabajo. El Foro de Profesores mostraron su «preocupación por el deterioro del Estado de Derecho en España», y el Colegio de la Abogacía de Madrid anunció que ejercitará «cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes». Por su parte, el presidente de la patronal CEOE ha convocado un Comité Ejecutivo extraordinario para el lunes, ante la «preocupación» creciente.

El sindicato Solidaridad, cercano a Vox, ha hecho un llamamiento a la huelga general, aunque los socialistas siguen contando con la complicidad de UGT y Comisiones Obreras, los mayoritarios. Estos últimos emitieron un comunicado el jueves en el que daban su bendición a la amnistía: «Puede ser un terreno polémico y resbaladizo, pero es necesario apostar por la normalización de la vida política y social en España», señalaron.

Lidera la protesta el Poder Judicial, unido en una sola voz de forma insólita por la «injerencia» del «lawfare». A sendos comunicados conjuntos que emitieron todas las asociaciones de jueces y de fiscales se sumaron este viernes más de un centenar de abogados del Estados y los jueces decanos de más de 80 partidos judiciales. Incluidos los de Barcelona, Lérida y Gerona.

El PSOE, frente a la marea judicial

El PSOE está tratando de contenerlos asegurándoles que el Parlamento no fiscalizará sus sentencias, en contra de lo que pone el acuerdo suscrito con Junts. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirmó este viernes en La Sexta que los jueces pueden estar tranquilos. «El poder judicial tiene su ámbito de responsabilidad, por supuesto que el Parlamento no puede revisar ninguna condena judicial, eso es la separación de poderes, ese es el Estado de derecho».

No obstante, en la misma entrevista aseguró: «Ha habido momentos en la historia de nuestro país reciente donde claro que se han construido pruebas falsas contra rivales políticos», y citó la operación Kitchen. El socio de gobierno del PSOE, Sumar, echó más leña al fuego: «Algunos jueces tienen la piel muy fina (…). No hay que confundir la independencia judicial con un privilegio corporativo que blinde a los jueces del escrutinio público. Los partidos políticos pueden hablar de lawfare, porque el lawfare ha existido», señaló el exdiputado Jaume Asens, quien encabezó las negociaciones del partido de Yolanda Díaz con el independentismo.

Desde el ámbito de la política, varias comunidades del PP empezaron este viernes a mover ficha para forzar al Gobierno a convocar una Conferencia de Presidentes. Si la piden formalmente diez, el Ejecutivo está obligado a atender su petición.

En paralelo, este fin de semana se esperan nuevas protestas en las sedes de Ferraz y manifestaciones convocadas por el PP el domingo al mediodía en todas las capitales de provincias. Vox anunció ayer que se sumará a las convocatorias del PP y que después acompañarán «las marchas pacíficas que terminarán ante las sedes del PSOE de toda España». El tsunami avanza.