El Supremo reacciona contra la «supervisión» política de las decisiones judiciales que el PSOE ha pactado con Junts

El Supremo no ha rehusado pronunciarse contra el lawfare que recoge el texto del acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts para asegurar los siete votos de la formación de Carles Puigdemont que Pedro Sánchez necesita para su investidura. En una nota de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal se rechaza, frontalmente, cualquier intento de «fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado».

Como parte de los pronunciamientos masivos que desde diferentes órganos judiciales y entidades asociativas de operadores jurídicos de todo signo, el Supremo ha salido en defensa de la «independencia judicial» y enfatizando «la necesidad de preservar y garantizar» la misma «desde todas las instituciones».

La Sala de Gobierno, reunida este lunes en sesión ordinaria y por unanimidad, ha acordado recordar públicamente que «el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes».

Y afirma, además, que «el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley» que se dinamita, como han venido denunciando otros tribunales y entidades jurídicas –en las últimas 48 horas desde que se conociese el contenido del acuerdo alcanzado entre Sánchez y Puigdemont– a cambio de los votos afirmativos de los siete diputados de Junts para la reelección del socialista.