La ley de amnistía extiende la impunidad a los últimos 12 años y obliga a los jueces a aplicarla en dos meses

La proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que así la han bautizado sus autores, ya es una realidad. Dos días antes de que empiece el debate de investidura de Pedro Sánchez.

Son 16 artículos, divididos en tres títulos, dos disposiciones adicionales y una disposición final. Abarca desde el 1 de enero de 2012 y hasta este 13 de noviembre de 2023 y amnistía «los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable», vinculados tanto a la consulta del 9 de noviembre de 2014 como al referéndum del 1 de octubre de 2017, declarados ambos inconstitucionales.

«La amnistía abarca no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también otros posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos, como pueden ser, a modo de ejemplo, los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables, incluyendo 4 también la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables, así como todos los actos objeto de la presente Ley que acreditan una tensión política, social e institucional que esta norma aspira a resolver de acuerdo con las facultades que la Constitución confiere a las Cortes Generales», señalan sus autores.

Desde su entrada en vigor, una vez aprobada por las Cortes, los proponentes pretenden obligar a los jueces a adoptar «con carácter preferente y urgente, las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta ley, cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable de que se trate. Las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos».

Eliminación de antecedentes

Sus efectos serán: «El órgano judicial competente ordenará la inmediata puesta en libertad de las personas beneficiadas por la amnistía que se hallaran en prisión»; «Se procederá a la eliminación de antecedentes penales derivados de la condena por el acto delictivo amnistiado»; «Quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención»; «La entrada en vigor de esta ley implicará el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía».

La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán -9-N y 1-O incluidos- abarcaría a los dirigentes del 'procés', a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista o a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas por el 'procés' en el otoño de 2019. Así consta en el texto, que acota la amnistía a un contexto temporal que comprende desde el el 1 de enero de 2012, «año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista», y este 13 de noviembre de 2023.

Además del marco temporal, la propuesta delimita los delitos que serán amnistiados, y que incluyen los de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación.

Líderes secesionistas

Tal y como estaba previsto en el marco de las negociaciones de las últimas semanas para una investidura y una eventual formación de Gobierno, la proposición beneficiaría a los líderes del 'procés', tanto a los que ya están condenados como a los que permanecen procesados en rebeldía y huidos de la Justicia, informa Ep. El texto no hace mención expresa a sus nombres, pero la medida incluiría al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación.

También afectaría a los dirigentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart -condenados por desórdenes públicos tras la reforma-, a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y a los exconsejeros Josep Rull y Joaquim Forn-condenados por desobediencia una vez aplicado el nuevo Código Penal-, aunque en sus casos ya se extinguieron sus penas de inhabilitación y fueron indultadas sus penas de prisión.

Respecto a los independentistas huidos, la amnistía beneficiaría al expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, sobre los que pesa una orden nacional de detención por delitos de desobediencia y malversación.