Imagen del acuartelamiento de Loyola, en San Sebastián
Sánchez renuncia al cuartel de Loyola, donde fueron asesinadas 17 personas por ETA, para satisfacer al PNV
Aunque la cesión de los terrenos al Ayuntamiento de San Sebastián se aprobó hace tres años, no ha sido hasta que Sánchez ha necesitado los votos del PNV cuando esta cesión se ha hecho efectiva
En realidad es un acuerdo del año 2020 con el que el Gobierno de Pedro Sánchez se garantizó los seis votos del PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado pero no se ha hecho efectivo hasta este martes cuando el Consejo de Ministros aprobó la «enajenación del acuartelamiento de Loyola y otras propiedades del Ministerio de Defensa en San Sebastián» en plenas negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez y apenas un día después de que el lendakari, Íñigo Urkullu, advirtiera de que los votos nacionalistas no estaban garantizados.
De esta forma, el Gobierno abandona uno de los cuarteles militares más emblemáticos del Ejército español y los entrega al Ayuntamiento de San Sebastián para la construcción de varios edificios de viviendas, la mayoría de carácter social.
17 víctimas
Más allá de un simple cuartel militar, el acuartelamiento de Loyola ha sido el hogar de un total de 17 víctimas de ETA, entre ellos, el gobernador militar de Guipúzcoa, el general Rafael Garrido, asesinado junto a su mujer, su hijo y una viandante el 25 de octubre de 1986 cuando los etarras José Miguel Latasa Guetaria 'Fermín' y José Antonio López Ruiz 'Kubati' colocaron una bomba sobre el techo del coche en el que circulaban.
Pero en noviembre de 2020 pesaban más los seis votos que el Gobierno necesitaba para sacar adelante sus Presupuestos. Y en noviembre de 2023 pesan más los cinco votos que Pedro Sánchez necesita para resultar investido. Y ahora los integrantes del Regimiento de Infantería 'Tercio Viejo de Sicilia' número 67 tendrán que trasladarse a la Hípica Militar de San Sebastián.
Desmantelamiento militar
Por desgracia, el abandono del acuartelamiento de Loyola no es el único que ha tenido que asumir el Ejecutivo para lograr apoyo abertzale, ya que en agosto de 2022 el Gobierno firmó el abandono del Fuerte Militar Alfonso XIII de Pamplona tal y como pedía Bildu para poder aprobar la Ley de Memoria Democrática.
Y a estas cesiones se suman las que se temen los policías nacionales que suceda en Cataluña, donde los independentistas ya piden no solo la entrega de la Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana, sino también la de otras instalaciones policiales.