Alarma por la situación en que la ley de amnistía deja a los 45 policías procesados por el 1-O

Los principales sindicatos policiales se han mostrado muy preocupados por el estado en que la Proposición de Ley de la Amnistía que el PSOE registró este lunes deja a los 45 policías encausados por los disturbios del 1 de octubre.

En concreto, tanto Jupol como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) acusan a los redactores «desde Bruselas» de incluir conscientemente un motivo de exclusión de la amnistía que afecta a la mayoría de estos agentes de la Policía Nacional.

Y es que en el artículo 2, apartado B, la ley cita expresamente que queda fuera de la amnistía «los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales».

Y claro, al igual que en su día hiciera cualquier detenido por su relación con la organización terrorista ETA, los detenidos el 1 de octubre de 2017 acusaron a los policías de torturas, lo que constituye el principal motivo de su procesamiento.

Inseguridad e incertidumbre

Para el SUP, «solo cabe el rechazo más enérgico posible, recordar por enésima vez que los policías no hemos cometido ningún delito en nuestra actuación, y actuamos en el 2017 bajo mandato judicial, al amparo de la Constitución y el marco legal que son los únicos parámetros que tienen validez y rigen la actuación policial». Y recuerdan, una vez leído el texto, que se trata de «una ley de amnistía que genera inseguridad, incertidumbre y desprotección al conjunto de la ciudadanía».

Por ello, hacen un llamamiento «a la sociedad civil, partidos políticos y ciudadanía en general a que apoyen a su policía y se desplacen a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña a entregar nuevamente ramos de flores, y no olviden que somos los grandes garantes del Estado de Derecho y de la defensa de las libertades, entre otras del derecho de manifestación».

Jupol, por su parte, considera que «esta ley supone un menosprecio absoluto a los 10.000 policías que se trasladaron a Cataluña en octubre de 2017 y en 2019, que acudieron a cumplir un mandato judicial y a defender la unidad de España en unas condiciones pésimas de trabajo, hacinados en barcos, expulsados de los hoteles y con una absoluta desprotección por parte de los diferentes gobiernos».

Señalan que «se trata de una ley que dejará imputados a policías y perdonará los presuntos delitos de los CDR, de Tsunami Democràtic y del propio Puigdemont, que deberían ser procesados por terrorismo, tal y como ya ha expresado la Justicia».