Ofensiva en los tribunales y movilización en las calles: Vox se prepara para una legislatura convulsa

«Si se logra esta investidura, aquí no va a haber vuelta a la normalidad, no nos vamos a olvidar de que este Gobierno pretende acceder al poder no solo de manera ilegítima, (…) sino de manera ilegal», advirtió Santiago Abascal este lunes, tras conocerse que la sesión para investir presidente a Pedro Sánchez tenía fecha después de más de un mes y medio con el Congreso cerrado: los días 15 y 16 de noviembre. Esta se celebrará en unas horas, pese al intento de Vox de frenarla solicitando cautelarmente su suspensión inmediata.

La formación alertó hace un tiempo de la existencia de un «plan preconcebido» de Sánchez y los partidos separatistas que estaría buscando «la impunidad absoluta en caso de ejecutar la separación de Cataluña del resto de España» y la «mutación» del sistema constitucional español. Lo señalaba en la denuncia que presentó en octubre, como ampliación de una primera querella contra el presidente del Gobierno, entre otros, que interpuso ante el Alto Tribunal por «conspiración para delinquir» en diciembre, en pleno contexto en el que, tras los indultos a los condenados por el procés, el Ejecutivo derogaba el delito de sedición y rebajaba el de malversación.

Los hechos desarrollados hasta entonces suponían para Vox la prueba de que lo que apuntaban hace meses no eran «meras conjeturas» como indicó el Supremo a la hora de inadmitir esa primera querella. Unas semanas más tarde de la denuncia, llegaba el previsible pacto entre el PSOE y ERC, que incluía entre otras cosas una ley de amnistía. Solo unos días después, el sellado entre los socialistas y Junts, que también acordaba una amnistía y recogía la propuesta de los de Carles Puigdemont de celebrar un referéndum de autodeterminación sobre Cataluña. Los acontecimientos llevaron a Abascal a afirmar que comienza «un período negro» en España. «Se ha puesto en marcha definitivamente el golpe contra la nación, la democracia y la ley», aseguró.

Ante esto, la respuesta de Vox en las últimas semanas ha adelantado la que seguirá siendo su acción durante una nueva legislatura de Pedro Sánchez: una oposición en las instituciones, en los tribunales y en las calles. Registró ayer la segunda querella en el Supremo contra el presidente en funciones, y para tratar de paralizar la ley de amnistía, han impulsado varias medidas en los Gobiernos autonómicos de los que forma parte, en el Congreso y en el Senado. En este sentido, han enviado escritos a las Mesas de ambas Cámaras para solicitar que no admitan la ley de amnistía por inconstitucional, y han advertido de que, en caso de hacerlo, se querellarán contra sus miembros por prevaricación. También, han pedido al PP que, con su mayoría en el Senado, bloquee su tramitación.

De igual manera, han iniciado una ofensiva en Europa, donde hoy se vuelve la mirada en un intento de paralizar la proposición de ley registrada ya por el PSOE. Entre otras cosas, el jefe de la delegación de Vox en Europa, Jorge Buxadé, remitió al Parlamento Europeo el comunicado del CGPJ contra la ley entre otras cosas por la «inadmisible injerencia de la independencia judicial» que conlleva. Asimismo, solicitaron a la Comisión de Justicia de la UE que se celebrara un Pleno extraordinario para debatir la ley de amnistía, que esta ha aceptado.

Vox llama a la «movilización permanente» para frenar a Sánchez y respalda todas las «manifestaciones pacíficas». Seguirá en Ferraz e irá a la de Cibeles el día 18

El 6 de noviembre, cuando se habían convocado manifestaciones masivas a través de las redes sociales frente a las sedes del PSOE, Abascal confirmó esa misma tarde que estaría en Ferraz: «Si tenemos claro que estamos ante un golpe de Estado, (...) tenemos el deber de estar en la calle». Durante las semanas anteriores, desde Vox han animado a la «movilización permanente», y estos últimos días esta apelación a los ciudadanos se ha intensificado. Han secundado así convocatorias de la sociedad civil, como la de Sociedad Civil Catalana en Barcelona, o DENAES en Madrid, y lo harán con la de este sábado 18 de noviembre en Cibeles.

También, han apoyado las organizadas por el Partido Popular, en la Puerta del Sol y en todas las capitales de provincia, al considerar que «no es el momento de los partidos políticos». Los representantes autonómicos han pedido a los populares en sus respectivos Consejos de Gobierno que convoquen de manera urgente movilizaciones institucionales en los regiones y municipios donde gobiernan. Por otra parte, han comunicado su respaldo a la convocatoria de huelga general propuesta por el sindicato Solidaridad para el 24 de noviembre.

Dirigentes del partido acuden diariamente a las concentraciones multitudinarias en Ferraz. El propio Abascal, la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, el vicepresidente del partido, Jorge Buxadé, y varios diputados. Este lunes se les pudo ver, además, acompañados del experiodista de la cadena estadounidense Fox Tucker Carlson, considerado uno de los mayores comunicadores conservadores a nivel mundial. «Vox no va a parar, va a seguir alentando las movilizaciones, apoyando las manifestaciones frente a las sedes del partido golpista», avisó Abascal este lunes.