Carles Puigdemont junto a Toni Comin
Investidura
Puigdemont y Comín contraatacan en la Comisión y denuncian la «parcialidad» del CGPJ
Es la primera vez que el expresidente fugado se dirige al gobierno europeo desde que comenzó la batalla por la ley de amnistía
El equipo de Junts per Catalunya en la Unión Europea ha decidido mover ficha y contraataca ante la presión que se está ejerciendo desde España y Bruselas para evitar que la ley de amnistía siga adelante por la violación del orden constitucional.
Carles Puigdemont y el también eurodiputado de la misma formación, Toni Comín, han denunciado la «parcialidad» y el «sesgo ideológico estructural» del Consejo General del Poder Judicial en una carta enviada a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová.
Ambos denuncian que el CGPJ no es imparcial y se ha excedido en sus atribuciones legales de forma reiterada, al violar «normas básicas del Estado de derecho» .
Los dos eurodiputados separatistas han escrito a la vicepresidenta comunitaria para llamar su atención sobre el comunicado emitido la semana pasada por el CGPJ en el que llamaba la atención sobre los peligros que implican el acuerdo entre PSOE y Junts para la Constitución española y la separación de poderes -uno de los puntos clave dentro de lo que Bruselas considera Estado de derecho.
«La declaración (del CGPJ), adoptada por nueve votos a favor, cinco en contra y una abstención, plantea preocupaciones sobre varias violaciones de las normas básicas del Estado de derecho», según afirman los dos eurodiputados catalanes.
Esta carta es la primera acción llevada a cabo por los separatistas desde que se iniciaran las distintas campañas contra la ley de amnistía. Hasta ahora solo habían mantenido conversaciones con el PSOE para formar gobierno y llevado a cabo una exposición para blanquear al gobierno de la Generalidad con el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Este contraataque se entiende como un primer paso para contrarrestar los avances conseguidos gracias a las miles de peticiones de ciudadanos a título individual, asociaciones y organizaciones jurídicas de toda España, así como de sindicatos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.