Bruselas denuncia a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por incumplir su normativa de conciliación

La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), porque el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha implementado la normativa europea sobre conciliación laboral y familiar.

Bélgica e Irlanda se encuentran en el mismo barco, tras desobedecer a Bruselas y no incorporar esta directiva de 2019. En teoría, se tenía que implementar en las legislaciones nacionales antes de agosto de 2022.

Por culpa de este incumplimiento, Bruselas pedirá al tribunal, con sede en Luxemburgo, que imponga sanciones económicas a España y los demás países.

El incumplimiento de España es especialmente inquietante. A pesar de haber recibido un primer aviso en septiembre de 2022, y un ultimátum en abril de este año, donde se le daba un plazo de dos meses para adaptar su legislación, el Gobierno aún no ha logrado cumplir con los requisitos establecidos.

Se trata de una negligencia en la adopción de medidas clave para mejorar la conciliación entre la vida laboral y familiar de sus ciudadanos, y prueba para Bruselas de que el Ejecutivo español ha tenido otras prioridades.

Una medida pro-familia

La directiva en cuestión se centra en varios aspectos fundamentales. Establece normas mínimas para las bajas de paternidad, garantizando a los hombres al menos 10 días laborables de permiso en el momento del nacimiento de un hijo, con una compensación mínima equivalente a una baja por enfermedad.

Además, estipula que cada progenitor tiene derecho a al menos cuatro meses de baja, de los cuales dos deben ser remunerados y no transferibles, pudiendo ser solicitados de manera flexible.

Otro punto crucial de la directiva es la posibilidad de solicitar una reducción de las horas de trabajo, una flexibilización de los horarios, o una mayor flexibilidad sobre el lugar de trabajo para todos los trabajadores con hijos de hasta ocho años.

También establece un permiso para cuidadores de cinco días laborables al año, destinado a aquellos trabajadores que deben prestar cuidados o ayuda a un familiar o a una persona que viva en el mismo hogar.

La Comisión Europea lleva meses destacando la importancia de esta normativa, señalando que su objetivo es facilitar a los padres la combinación de sus carreras profesionales con la vida familiar, sin tener que sacrificar ninguna de ellas.

Este retraso en la implementación de la directiva por parte de España, junto con Bélgica e Irlanda, representa una falta de compromiso con el avance hacia una mayor igualdad y el apoyo a la familia y a la natalidad.

Con esta denuncia ante el TJUE, España vuelve a estar en el punto de mira del Ejecutivo europeo, que ya espera explicaciones sobre la propuesta ley de amnistía de Sánchez.

La reputación de España en la UE desfallece por momentos, en gran parte por su empeño por dar prioridad a asuntos domésticos en la agenda del Consejo. Este último episodio es un recordatorio claro de la necesidad de que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones y se alineen con las directrices comunitarias, especialmente en asuntos tan fundamentales como la conciliación laboral y familiar.