Marlaska reconoce por escrito que no tiene plan contra los cayucos tras presumir en público de frenarlos

España está inmersa en una enorme crisis migratoria. De enero a septiembre, casi 15.000 inmigrantes habrían llegado de forma irregular a Canarias por vía marítima, de acuerdo con el balance oficial de Interior, una cifra que será muy superior al terminar el año.

Y que responde a un problema que ha sacudido a toda Europa: la Unión se ha conjurado para frenar la inmigración ilegal, un negocio para las mafias alimentado por la actitud equivocadamente «humanitaria» y baraja por primera vez ejecutar deportaciones masivas y el cierre de fronteras, con gobiernos socialdemócratas como los de Alemania o Dinamarca encabezando la escalada.

Ése es el contexto en el que el ministro Fernando Grande Marlaska viajó a Mauritania con todo boato para abordar «la situación actual de las rutas migratorias en el Atlántico» y reforzar «la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos», sin amarrar ningún nuevo acuerdo que le permitiera reducir esas cifras de forma inminente pese a presumir luego de todo lo contrario.

Marlaska se desplazó al país africano el pasado mes de octubre junto al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en un viaje realizado en un avión oficial español, haciéndose cargo del traslado de toda la delegación europea, posiblemente uno de los Falcon del Ejército del Aire, sin que haya sido querido desvelar el coste, pues según Interior el montante será el que «en su momento facture el Ministerio de Defensa».

Sin embargo ahora, tal y como figura en un documento oficial firmado el 6 de noviembre por la directora del Gabinete de Marlaska, Susana Crisóstomo, en propiedad exclusiva de El Debate, el propio Ministerio confiesa que no obtuvo ningún acuerdo o protocolo para luchar «contra las redes de trata de inmigrantes» y que el encuentro vendido como un gran avance se limitó a «analizar con las autoridades de Mauritania la situación de la cooperación con este país y explorar vías para su mejora, tanto a nivel bilateral como de la Unión Europea».

Marlaska se vanagloria del éxito contra las mafias de inmigrantes, pero luego reconoce en un documento que no tiene ningún nuevo acuerdo con Mauritania

Asimismo, Marlaska había afirmado la necesidad de reforzar y extender el apoyo de España a Mauritania al ámbito europeo, llegando a calificar de «reunión tripartita», una muestra más de la responsabilidad compartida entre España y Mauritania, pero también de la UE y «todos sus Estados miembros».

Marlaska no ha aclarado por qué fue Interior, y no Albares, de Exteriores, quien se encargara de la visita, tal vez en calidad de representante de todos los ministros europeos de su ramo reunidos recientemente para adoptar medidas contundentes contra la llegada masiva de cayucos que, en el pasado, hubiera provocado airadas críticas del PSOE y ahora practica sin dudas.

Marlaska, además de con el presidente del país, Mohamed Ould Ghazouani, se reunió con su homólogo mauritano y otros tres miembros más del Gobierno de Mauritania, además de contar con la presencia del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.

Sin embargo, la ausencia de nuevos pactos, acuerdos o protocolos de actuación ante un problema que parece escapar del control de Marlaska, no le ha impedido afirmar que «Mauritania puede estar segura de que seguirá contando con el apoyo de España».

El ministro del Interior, que volvió de Mauritania de vacío tal y como ahora desvela El Debate, aprovechó su estancia y la visita para presumir de que la cooperación migratoria entre ambos países «ya ha evitado 7.000 llegadas a Canarias este año». De hecho, sacó pecho y expresó la voluntad del Gobierno español de «hacer extensivos a otros países el modelo de colaboración entre España y Mauritania, que tan buenos resultados ha dado», aseveró, en relación a los equipos policiales conjuntos tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil que están desplegados en el país africano.

La reunión en Mauritania es la cuarta visita del ministro del Interior al país africano y supone el sexto encuentro con los mandatarios mauritanos, a los que señala como «socio clave y estratégico» en ámbitos como la lucha contra las mafias y la inmigración irregular, un problema que según Marlaska debe ser “responsabilidad compartida entre Mauritania, la UE y todos sus Estados miembro", recordando, además, que esto mismo forma parte de la estrategia de la Presidencia de turno del Consejo de la UE.

Sin embargo, la realidad y, por tanto, la situación en Canarias, no es tan idílica como remarcaba el ministro, que se ha visto obligado a realizar traslados de inmigrantes a la Península para reducir la presión existente en las islas, pese a que ha asegurado que la cooperación con Mauritania y Senegal «está evitando el 40 % de las salidas» y ha impedido «más de 11.000 llegadas irregulares suplementarias a las Islas Canarias».

Toda Europa se conjura ya contra la inmigración irregular y el negocio de las mafias, con dos gobiernos de izquierdas al frente

Pero lo que obvia el ministro es el dato ofrecido por la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento canario, Luz Reverón, que ha señalado que «Canarias ha vuelto a batir un récord», con más inmigrantes en octubre que en todo 2022 y más de 32.000 este año, superando el «triste récord» de 2006.

Aun así, para Marlaska, las cifras «no están mal», tal y como llegó a asegurar en el Senado, después de que el senador del PP, Sergio Ramos, cifrase en 90.000 los migrantes que han llegado a España de manera irregular durante el mandato de Marlaska. «Si son 90.000 las entradas irregulares en cinco años, no está mal. Italia en este año lleva 150.000 entradas irregulares», dijo, para seguir defendiendo su gestión pese a que los cayucos siguen llegando día sí y día también a las costas de Canarias.

Recolocación conflictiva

A la ineficacia de la lucha en origen, se le añade la polémica gestión posterior, entre dudas muy intensas sobre la existencia de barcos nodriza que trasladarían a los inmigrantes hasta pocas millas de la costa española, avisando luego a Salvamento Marítimo para que les recoja ya a bordo de cayucos con los que en realidad no habrían hecho viaje alguno.

Desde Canarias las protestas por el colapso de su capacidad de recepción y atención son reiteradas, a las que se suman las de autoridades municipales y autonómicas de toda España al enterarse de que tendrán que acoger a cientos de inmigrantes sin conocer el régimen de permanencia, la duración de su estancia y las condiciones de seguridad, laborales o sanitarias con las que serán atendidos.

Solo en Alcalá de Henares, por ejemplo, se espera colocar en un cuartel a más de 1.000 africanos llegados en cayucos y trasladados luego sin negociación alguna con alcaldes o presidentes regionales a instalaciones públicas, en más de 20 vuelos fletados por el Gobierno desde El Hierro hasta la península.

«Nos dicen que la previsión es que estas personas estén hasta marzo, pero no se comprometen a cerrar el centro temporal en este mes. Entonces, la pregunta que hacemos es que si no hay fecha para el cierre, se da a entender que se estará creando un Centro de Internamiento de Extranjeros, encubierto y por la espalda sin tener en cuenta la opinión del Ayuntamiento y los vecinos de Alcalá», lamentan desde el Consistorio complutense con un mensaje muy similar al de otros municipios elegidos por el Gobierno para asumir, sin casi información ni recursos esa responsabilidad.