La Mesa del Congreso admite a trámite la ley de amnistía de Sánchez con el voto en contra del PP

La proposición de ley de la amnistía para los líderes que materializaron el procès ha comenzado su andadura este martes en el Congreso después de que la Mesa de la Cámara haya admitido a trámite esta iniciativa que podría ser debatida en el pleno a mediados de diciembre. Un procedimiento para el que la presidenta del hemiciclo, Francina Armengol, se ha apoyado en el dictamen favorable del ex alto cargo socialista que ella misma nombró, hace unas semanas, letrado jurídico de las Cortes. Armengol ha desoído la recusación planteada ayer el Partido Popular y ha seguido adelante con la tramitación de la norma.

La Mesa de la Cámara Baja, con mayoría del PSOE y Sumar y en contra del PP, ha calificado de forma favorable la ley de amnistía tras el mencionado dictamen del que fuera subsecretario de Estado del Ministerio de Política Territorial del Ejecutivo de Sánchez, Fernando Galindo, quien no ha visto elementos de inconstitucionalidad «palmarios y evidentes» y que cedió al órgano colegiado la responsabilidad de aceptar el debate de cualquier iniciativa legal que cumpla con los criterios formales requeridos.

Según ha podido confirmar El Debate, pese a la protesta formal de los representantes 'populares' en el órgano colegiado, al comienzo de la sesión fijada para decidir sobre el polémico asunto de la amnistía, Armengol ha interpretado que la recusación era una «carta dirigida a ella» sin efectos jurídicos sobre el proceso y, posteriormente, se ha resuelto dar luz verde al texto para su debate «de viva voz». Un escenario en el que, además, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha actuado a modo de «portavoz del Gobierno dentro de la Mesa».

Este primer trámite permitirá que la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía registrada por el PSOE prosiga con su recorrido parlamentario. Mientras los socialistas aspiran, a instancias de sus socios separatistas a una aprobación urgente de la misma en el Congreso, antes de su envío al Senado. Será en la Cámara Alta donde el Partido Popular, con mayoría absoluta, ralentice los avances del texto normativo, gracias a una reforma reglamentaria que permite a la Mesa desvincularse de la agilidad de los plazos impulsados por el Congreso y emplear hasta dos meses en la revisión minuciosa de la ley, antes de devolverla otra vez a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.