Sánchez da otra patada a la separación de poderes al designar a Bolaños como ministro supremo

«Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político». Así definió Pedro Sánchez a su nuevo Consejo de Ministros, que deberá retocar nuevamente dentro de solo unas semanas si se confirma la elección de Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

El Gobierno para la legislatura 2023-2027, o lo que dure, tiene nombre propio: el de Félix Bolaños. Quien, a pesar de no llevar el cargo de vicepresidente, tendrá más poder que cualquiera de las cuatro que sí lo serán. Incluida la líder de Sumar, Yolanda Díaz.

La acumulación de competencias en la persona del superministro generó este lunes las primeras desconfianzas de la oposición, puesto que en Bolaños se concentrarán los tres poderes. Como ministro de la Presidencia seguirá coordinando la acción del Ejecutivo y presidiendo las reuniones semanales de los secretarios de Estado y subsecretarios, que sirven para preparar el Consejo de Ministros siguiente. Como ministro de Relaciones con las Cortes continuará siendo el enlace del Gobierno con el poder legislativo, con una presidenta del Congreso absolutamente solícita con Sánchez, como ha demostrado serlo Francina Armengol en apenas cuatro meses.

Y como ministro de Justicia tratará de amortiguar la reacción del Poder Judicial a la ley de amnistía, en buena medida criatura suya, que este martes continuará su trámite parlamentario después ser calificada por la Mesa del Congreso, con el aval del secretario general de la Cámara Baja. Además de convencer a la Comisión Europea de que la democracia en España está a buen recaudo, en contra de la opinión del PP y de Vox.

Ya la semana pasada, el propio Bolaños pidió una reunión al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y a la vicepresidenta del ramo, Věra Jourová, para explicarles la que la oposición llama «ley de impunidad». Y este miércoles el Parlamento europeo debatirá la salud del Estado de Derecho en España.

La carpeta del CGPJ

Pero no solo eso. Bolaños tiene orden de Sánchez de resolver de una vez por todas la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El año pasado él mismo negoció un acuerdo con el PP para el CGPJ y el Tribunal Constitucional, a través de Esteban González Pons. Pero Alberto Núñez Feijóo lo frenó in extremis cuando el propio Sánchez le confirmó que iba a rebajar el delito de sedición (después directamente lo derogó del Código Penal).

Los socialistas ya intentaron la legislatura pasada reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los miembros del CGPJ, de tres quintos a 176 diputados, y así neutralizar al PP. Sin embargo, la Comisión Europea dio el alto al presidente del Gobierno.

Con Bolaños, Sánchez rompe la tónica de sus tres ministros de Justicia anteriores, Dolores Delgado, Juan Carlos Campo y Pilar Llop, que sí eran miembros de la carrera judicial. Él no lo es. La paradoja es que en el Consejo de Ministros se sientan dos jueces de carrera, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, pero ninguno ocupa la cartera de Justicia.

«España tiene un Estado de derecho fuerte y ejemplar. Vamos a trabajar para mejorar la Justicia y ampliar y reforzar desde las Cortes nuestro Estado de bienestar. ¡A por ello!», escribió en la red social X tras conocer su ascenso.

Bolaños es un negociador experimentado, pero sus técnicas no son siempre ortodoxas. El año pasado, para presionar a Feijóo, no dudó el filtrar un documento que él mismo había firmado con el anterior secretario general del PP, Teodoro García Egea. En él, el PSOE y la anterior dirección del PP acordaban presentar juntos una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para desbloquear el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional; un bloqueo provocado por la parálisis en el CGPJ.

El Gobierno de resistencia diseñado por Sánchez estará mejor avenido de lo que lo estaba con Podemos dentro, pero tendrá varios avisperos muy cerca. Uno de ellos es el del propio Podemos, que sigue con el hacha de guerra levantada después de quedarse fuera. Sus cinco diputados son impredecibles y un problema mayúsculo para la endeble estabilidad de la mayoría parlamentaria de Sánchez, como ya informó El Debate.

Está también Junts, que va a someter al Ejecutivo a un férreo marcaje. Los de Carles Puigdemont pretenden que este mismo mes se celebre la primera reunión con los socialistas, en presencia de un equipo de verificadores. Y la pugna con ERC es un problema añadido para el Ejecutivo.

El PNV tampoco quiere dar respiro al presidente. Este lunes, el partido de Andoni Ortuzar recriminó a Sánchez que cree ministerios sobre materias que «no son competencia del Estado». En el acuerdo con el PSOE, los nacionalistas vascos se aseguraron un blindaje tal del autogobierno vasco que cualquier ley que afecte al País Vasco contará con una «cláusula foral» que se acordará «previamente» con el PNV.