El juez de Tsunami pide a Suiza que localice a Marta Rovira e identifique sus cuentas bancarias

El juez instructor de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra la plataforma separatista Tsunami Democràtic (TD) ha dado traslado a las autoridades suizas de la situación procesal de la que fuera número 2 de Equerra (ERC) durante el procés, Marta Rovira, imputada por un delito de terrorismo. Según ha podido saber El Debate, en primicia, el juez Manuel García-Castellón ha dictado un auto, con fecha 21 de noviembre, en el que libra una comisión rogatoria pidiendo la colaboración del país helvético para que «la policía» le informe «sobre los datos que permitan la localización de la investigada, Marta Rovira Vergés», donde se sabe que reside la independentista.

En el documento de 31 páginas remitido a Suiza, el magistrado instructor destaca que Rovira fue la persona que más rápido «retuiteó el primer mensaje de Tsunami» en sus redes sociales; llamando a las protestas violentas que provocaron graves altercados en Cataluña, en octubre de 2019, como protesta a la condena impuesta por el Supremo a los líderes políticos del procés. Rovira, de acuerdo con las conclusiones finales de los investigadores de la Guardia Civil, «tan sólo tardó tres minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar un comentario y transcribirlo (40 palabras, repartidas en 225 caracteres con espacios)».

En consecuencia, el juez sospecha que la dirigente de ERC «pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de TD» varios meses antes y, especialmente, en la que se planeó el asalto del aeropuerto del Prat, Barcelona, en el que murió una persona.

En relación con los indicios de que en esta reunión "se pudieron planificar las acciones más relevantes de TD, y en concreto la acción que se desarrolló el 14/10/2019, consistente en el asalto al Aeropuerto de Barcelona». Asimismo, el juez considera probable que el prófugo de la justicia en Bruselas Carles Puigdemont también fuera a la reunión de la ciudad helvética en las que se planificaron las presuntas acciones terroristas. «En el análisis del calendario del terminal de Josep Lluís Alay (exfeje de la oficina de Puigdemont) –desde el que se gestionaba la agenda del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont– se han hallado diversas citas en Ginebra fijadas el mismo día 30 de agosto del 2019, o en los días inmediatamente anteriores o posteriores», dictamina el magistrado.

En relación con Rovira, el escrito judicial recoge que «el día en que tuvo lugar la acción de bloqueo de Tsunami Democràtic en el Aeropuerto de Barcelona», la dirigente de ERC le dijo a su compañero de partido y exconsejero catalán, Xavier Vendrell «que felicite a todo el mundo».

Igualmente, Vendrell «expone unos argumentos en nombre de 'Esquerra' en lo relativo a la estrategia seguida con TSUNAMI, manifestando que la misma es una combinación de una acción política y acciones para poner en jaque al Estado».

«Desde Esquerra (...) pensamos que la combinación de una acción política dirigida a sumar más personas al proyecto (...) y las acciones para poner en jaque al Estado (pienso que la mejor herramienta es Tsunami) combinadas con el incremento de los soportes internacionales (en los que no se para de trabajar) son el único camino posible. Esta misma mañana le he contado lo que me dijiste a Marta Rovira. Para nosotros es importante saber de forma directa lo que piensa la gente», apostilla la resolución judicial.

Por todo ello, el juez zanja que «teniendo en cuenta la residencia en Suiza de la referida investigada, Marta Rovira Vergés y su presunta participación en la organización terrorista TD, se debe solicitar a las autoridades suizas que procedan a informar sobre su localización».

La financiación de Tsunami

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción Central número 6 de la Audiencia Nacional ha ordenado, además, averiguar las «tarjetas de crédito, productos financieros suscritos y resto de productos bancarios asociados a la codificación» de una cuenta bancaria de un banco suizo que podría estar relacionada con la financiación del acto de Tsunami Democratic.

Así las cosas, el magistrado recoge una conversación entre Alay y un ciudadano europeo bajo el nombre de Ticino –que quería financiar la causa independentistas– en la que el miembro del gabinete de Puigdemont le comunica que «es posible ofrecer dinero directamente a la organización de la protesta llamada Tsunami Democratic a través de una cuenta en Suiza».

Ticino «afirma que donará 6.000 francos suizos (más de 6.200 €) 5.000 de su parte y 1.000 de parte de su hermano» y «Alay contesta dándole las gracias y que informará a Tsunami». «Atendiendo estos hechos, resulta necesario solicitar a las autoridades de Suiza la información en relación con la cuenta bancaria», apostilla la resolución.

Por ello, el juez solicita despejar la «información sobre titulares, personas autorizadas y vinculaciones, así como documentos de identidad de los anteriores que por normativa se hayan aportado a la cuenta bancaria; así como los movimientos de la misma desde su creación hasta el mes de junio del año 2020».

García-Castellón también quiere conocer los «préstamos suscritos con vinculación a la cuenta bancaria, así como cualquier información en cuanto a la identidad (...) y los seguros que pudiese haber asociados a la cuenta bancaria citada, así como beneficiarios de los mismos».

«La anterior información deberá ser aportada en el sistema vigente que impere en Suiza en cuanto a la cooperación de las entidades bancarias con la justicia, especificando detalladamente cuál es este sistema y cuál es la manera de procesar esos datos por la fuerza investigadora, así como su funcionamiento. Además, deberá proveerse las instrucciones necesarias para que pueda ser desarrollado el estudio de estos», ha solicitado el magistrado instructor de la causa de Tsunami tras librar la comisión rogatoria a Suiza a través de la plataforma Eurojust.

Además, el juez ha pedido notificar su resolución tanto al Ministerio Fiscal como a las acusaciones particulares personadas en la causa y ha habilitado un plazo de tres días para presentar los correspondientes recursos contra su decisión.