El Gobierno premia los 'méritos' de García Ortiz con un nuevo mandato en la Fiscalía que facilitará la amnistía

Álvaro García Ortiz seguirá al frente de la Fiscalía General del Estado, cuatro años más. Y lo hará pese a haber sido 'condenado' hace sólo unas horas por el Supremo al incurrir en una «desviación de poder» manifiesta en el ascenso de su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, como fiscal de Sala Togada de lo Militar.

La primera decisión del nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, confirmando al polémico titular del Ministerio Público, no ha gustado en el seno de una institución en la que la mayoría de los fiscales ya han afeado a García Ortiz su negativa a pronunciarse sobre una ley de amnistía, en la que está llamado a contribuir, y tras ponerse de perfil en el amparo solicitado por los fiscales de la causa del procés, señalados a propósito del lawfare recogido en los acuerdos firmados entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

El sucesor de Delgado es el último 'cepillado' del Gobierno a una ley de amnistía que requiere de un engranaje perfecto, también desde el Ministerio Público que tendrá un papel esencial en la interpretación de la norma para su aplicación a los líderes separatistas catalanes procesados por el referéndum inconstitucional del 1-O, una vez aprobada y en vigor. No en vano, la hoja de servicios prestados por García Ortiz durante los dos últimos años avala su lealtad a la que fuera ministra de Justicia con Sánchez, durante la primera legislatura, y que forma parte del núcleo jurídico más afín al Gobierno socialista.

Las maniobras del caso Stampa

El Debate reveló cómo dos correos internos intercambiados en el seno de la Fiscalía General del Estado, desde la cuenta del fiscal superior de Madrid Jesús Caballero Klink, con destino al entonces fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, demostraban que -en contra de lo que la propia Delgado defendió en el Pleno extraordinario del Consejo Fiscal del 24 de noviembre de 2021- la titular del Ministerio Público intervino personalmente en las diligencias de investigación, prorrogadas de manera artificial, que sirvieron para denegar al fiscal Ignacio Stampa, al frente del 'caso Villarejo', una plaza fija en Anticorrupción.

Según podía saber este periódico, el entonces mano derecha de Delgado, hoy fiscal general confirmado, manejó documentación relativa al expediente de Stampa entre la que quedaba acreditado que, tanto él, como Delgado, participaron en las «recomendaciones» de su círculo más directo al instructor de la causa abierta contra el fiscal de la Audiencia Nacional, por revelación de secretos. Las directrices para alargar las diligencias contra Stampa partieron, según los correos, de sugerencias de la propia fiscal general que fue puntualmente informada del estado de las actuaciones y que mintió al Consejo Fiscal sobre este extremo ya que, en un Pleno extraodinario convocado para dar explicaciones del caso, aseguró que «no había tenido intervención alguna» en el asunto.

Sanción al fiscal de Miguel Angel Blanco

Sin embargo, la de Stampa no sería la única polémica en la que incurriese García Ortiz, incluso antes de tomar posesión como máximo responsable en la cúspide del organigrama del Ministerio Fiscal. En el verano de 2022, la posición del sucesor de Dolores Delgado sobre la prescripción de los delitos que se investigan en la Audiencia Nacional contra los ex jefes etarras que, presuntamente, idearon y ordenaron el secuestro y asesinato del concejal vasco Miguel Ángel Blanco, provocaba la renuncia del fiscal del caso, tal y como reveló El Debate en primicia.

García Ortiz no sólo apartó a Vicente González Mota, por negarse a defender la tesis impuesta desde la Secretaría Técnica de la institución cuando estaba manos del propio García Ortiz, unas semanas antes de acceder a su nuevo cargo, y en la que se apostaba por dar cerrojazo a las pesquisas. Sino que, una vez al frente de la Fiscalía abrió hasta dos expedientes a González Mota, por una presunta revelación de secreto profesional –uno penal y otro disciplinario– quien tras el «calvario» al que fue sometido «durante siete meses» por su discrepancia, veía cómo ambos quedaban totalmente archivados.

Y, además, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmaba su tesis ordenando, en contra de lo pautado por García Ortiz, que el juez instructor de la causa, el magistrado Manuel García- Castellón, siguiese con las investigaciones dirigidas a depurar las responsabilidades penales por la supuesta «autoría mediata» de cuatro terroristas.

Tsunami Democrátic, cambio de opinión

En la misma línea de cambios de opinión de la Fiscalía de García Ortiz, El Debate reveló hace unos días, en exclusiva, cómo los fiscales responsables de la causa de Tsunami Democràtic que también se sigue en la Audiencia Nacional –contra los organizadores de la plataforma de protesta por la sentencia dictada, en 2019, por el Supremo en el marco del procés–, próximos al fiscal general, modificaban la lectura inicial de terrorismo a desórdenes públicos agravados, tan sólo tres días después de las elecciones del 23-J. Un gesto a favor de obra en las negociaciones que, recientemente, se seguían en Bruselas entre el número 3 del PSOE, Santos Cerdán y el expresidente catalán y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont.

Una vez más, la Fiscalía General del Estado, a cargo de García Ortiz maniobraba para que los disturbios de Tsunami Democràtic no fuesen considerados terrorismo porque hacerlo podría perjudicar a la ley de amnistía concedida por Pedro Sánchez al separatismo catalán, a cambio de los siete 'síes' de Junts para su reelección.

Agencia de colocación

Los polémicos nombramientos de fiscales afines, en varios de los puestos más jugosos en el escalafón de la Fiscalía, han llevado a Dolores Delgado, primero, y Álvaro García Ortiz después a consolidar un dudoso récord: nombrar a un total de 21 miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que ellos mismos pertenecieron antes de liderar el Ministerio Público, de entre los 36 que componen la actual Junta de Fiscales de Sala.

La estrategia ha sido colocar, como mínimo, y según ha podido comprobar El Debate, a unos 15 fiscales de Sala de la UPF que no superan los 60 durante, al menos, 12 años –hasta llegar a la edad legal máxima de jubilación–, en los que sus designaciones son irrevocables. Un escenario en el que la cúspide del Ministerio Público ha quedado colonizado por miembros de la asociación minoritaria de la Carrera, garantizando a García Ortiz el monopolio de la izquierda jurídica que se extiende, además, a la Unidad de Apoyo, la Inspección Técnica y la Tenencia del Supremo.

Cabe recordar que apenas unas horas después de conocerse la decisión del Supremo de anular el nombramiento de García Ortiz a favor de Dolores Delgado como fiscal de Sala togada de lo Militar, la UPF lanzaba un comunicado en defensa de su «compañera» y afeando el fallo del Alto Tribunal.

El inédito varapalo del Supremo

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo sentenciaba, el pasado martes, que fue «visible e innegable» que García Ortiz incurrió en una «desviación de poder» al ascender a la que fuera su predecesora en el cargo, Dolores Delgado en septiembre de 2022, a la categoría de fiscal de Sala del Alto Tribunal, pese a que en la convocatoria de la plaza otros candidatos contaban con mejor currículum y preparación para las funciones propias del puesto.

El fallo del Supremo, inédito en materia de nombramientos en la historia del Ministerio Público, suponía un rotundo varapalo a la decisión adoptada por García Ortiz para favorecer a su mentora y amiga. Tal es así que el ahora fiscal general, revalidado hasta 2027, dijo ante los fiscales que lo hacía con «orgullo» para que al dimitir, Delgado pudiese entrar a formar parte de la máxima categoría del escalafón, pese a que la ley no lo contempla.

«El legislador no lo ha previsto [el ascenso] si lo puedo solucionar yo que fiscal general del Estado, lo voy a solucionar. Porque lo tengo en mi mano y, como lo tengo en mi mano, sin ningún problema moral; al revés, con orgullo de fiscal», aseguró sin ningún pudor. Meses antes, era el propio PSOE el que intentaba echar un cabo a la que fuera ministra de Justicia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, incluyendo una reforma legal, por la vía de enmienda, en una ley que nada tenía que ver con la materia y que fue inmediatamente neutralizada por el resto de formaciones del arco parlamentario.