El CGPJ denuncia en la UE el «linchamiento» del Gobierno: perseguidos «como criminales» por rechazar la amnistía

«Le remito el presente correo como continuación de las recientes comunicaciones que le he enviado para informarle de los acuerdos adoptados por el Consejo General del Poder Judicial de España en los que expresaba su opinión y preocupación por la degradación del principio de Estado de Derecho y la independencia de los tribunales españoles. Esa opinión se ha emitido con ocasión de los acuerdos adoptados entre partidos políticos para conseguir el apoyo parlamentario necesario para el nombramiento del actual presidente del Gobierno de España, que incluyen la tramitación de una Ley para procurar la impunidad por la comisión de determinados delitos y el anuncio de constitución de comisiones parlamentarias para que los partidos políticos puedan investigar a jueces por supuesto lawfare».

Así arranca el comunicado que, este viernes, ha sido remitido por el vocal José María Macías, como interlocutor del CGPJ ante la Red europea de Justicia, tanto a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, su vicepresidente y el comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders; al presidente del Parlamento y a su homólogo del Consejo Europeo, tras conocerse la querella presentada por Sumar contra el presidente interino y los miembros conservadores del órgano que hace unos días se pronunciaron, formalmente, en contra de la amnistía.

«En el día de hoy, los vocales del Consejo General del Poder Judicial de España que participamos en la adopción de los acuerdos que acabo de mencionar hemos tenido conocimiento que el partido político dirigido por la actual Vicepresidenta del Gobierno ha presentado una denuncia para que se proceda a nuestra persecución como criminales por haber emitido esa opinión», reza la misiva.

Una noticia que, además, «no la hemos conocido por cauces oficiales», lamenta Macías, sino «mediante su publicación en un medio de comunicación de amplia difusión, lo que evidencia que la iniciativa se enmarca en el inicio de una campaña de desacreditación y linchamiento personal para impedir el ejercicio de nuestra función constitucional» en defensa y «protección de la independencia de los tribunales».

«La extrema gravedad de los hechos que les acabo de explicar me obliga a ponerlos en su conocimiento para que, en el ámbito de su competencia, promueva la adopción de las medidas que considere posibles. Más allá de este intento de aniquilación personal y moral de los vocales afectados, lo que nos preocupa es el extraordinario desprestigio para el Estado de Derecho en España y la desprotección que ello puede suponer para el ejercicio independiente de la labor de los sus jueces y tribunales», concluye el texto remitido a las autoridades de la UE al que ha tenido acceso El Debate.

Un documento que, en el caso de la presidenta de la Red europea de Consejos de Justicia, Dalia Vasariene, insta su mediación institucional para que «informe a los representantes y observadores de la Red» y lo ponga en «conocimiento de sus respectivos Consejos y los miembros del Poder Judicial en sus países».