Sumar activa su plan de acoso y derribo a los vocales conservadores del CGPJ

Para no querer parecerse a Podemos, Sumar ha empezado su andadura en el Gobierno con el Consejo General del Poder Judicial en su punto de mira, que siempre fue uno de los clásicos de los morados.

Los de Yolanda Díaz han decidido presentar este viernes una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y los vocales conservadores por aprobar un escrito en contra de la ley de amnistía. Lo que, a juicio de Sumar, es una «inaceptable intromisión» en la función legislativa del Congreso. Además de una actuación «ilegal, arbitraria y -dicho sea con el debido respeto- irresponsable, al trasladar a la ciudadanía un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor crispación social, máxime cuando se dota de carácter institucional», reza su texto.

Los socialistas se han desvinculado por completo de la querella de su socio. Afirman que es una decisión exclusivamente de Sumar, en su ámbito de «autonomía» como partido, y que ellos no tienen nada de ver. De hecho, la querella ha coincidido con el día en que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reúne con el presidente del órgano de gobierno de los jueces, dentro de sus primeros contactos como titular de Justicia también.

Para el PP, por el contrario, esta querella es cosa del Gobierno, aunque el trabajo sucio lo haga Sumar: «Sumar, o sea, el Gobierno, se querella contra los magistrados del CGPJ. Primero ofrecen impunidad a sus socios, después anuncian vigilar a los jueces desde el Congreso y ahora, directamente, les denuncian por defender la democracia. Quieren una Justicia a su servicio», señaló la secretaria general, Cuca Gamarra.

PSOE y Sumar no se ponen de acuerdo

Bajo la querella subyacen las diferencias de criterio entre Sumar y el PSOE sobre cómo forzar la renovación del Consejo. En su pacto para reeditar la coalición de gobierno, el PSOE y Sumar no lograron ponerse de acuerdo sobre qué hacer con el CGPJ en funciones, y lo resolvieron con una fórmula muy ambigua: «Garantizaremos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas». Sin especificar cómo pensaban hacerlo.

Lo que quiere Díaz, y he ahí el quid de la cuestión, es ahogar aún más al órgano de gobierno de los jueces. Por un lado, que Sánchez limite aún más sus atribuciones mientras sigan los mismos vocales. Y, por el otro lado, reformar el artículo 570.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para destituirlos si el bloqueo continúa, y dejar vacantes sus puestos a la espera de un acuerdo. Actualmente, ese artículo no pone fecha límite: «Si ninguna de las dos Cámaras (en alusión al Congreso y al Senado) hubieren efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los Vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo».

La pasada legislatura, el PSOE y Unidas Podemos ya reformaron la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el CGPJ no pudiera hacer nombramientos estando en funciones, provocando así una parálisis casi total. Después, cuando a Sánchez le entraron las prisas para renovar el Tribunal Constitucional, los socialistas aprobaron otra reforma para forzar al CGPJ a hacer los dos nombramientos que le correspondían en el TC. Esos sí, el resto no.

A la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos, por lo pronto la declaración de guerra de Sumar al CGPJ choca con los gestos que el Gobierno ha venido haciendo esta semana al órgano de gobierno de los jueces. Empezando por el propio Sánchez, que en una conversación informal con los periodistas que cubren su viaje a Israel descartó de plano reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar las mayorías necesarias para la elección de los vocales (de tres quintos a mayoría absoluta).

Sánchez ya amenazó al PP y al CGPJ con esa reforma la legislatura pasada, cuando el PSOE decidió apoyar una proposición de ley presentada por Unidas Podemos en ese sentido. Pero la Comisión Europea le dio el alto y el presidente del Gobierno reculó, para enfado de los morados.

También la nueva portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, señaló el martes en su primera comparecencia desde la Moncloa que lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo con el PP «lo antes posible».