El tsunami de pruebas que complican la amnistía del terrorismo del procés

«frente a las alegaciones realizadas por el Ministerio Fiscal a la hora argumentar la ausencia del matiz terrorista en los hechos objeto de investigación, el cual no sólo se limita a ello, sino que además realiza consideraciones que no son propias de la fase procesal en la que nos encontramos, tales como la valoración que hace sobre la entidad delictiva de determinados hechos investigados o la exclusión de la responsabilidad penal de alguno de los investigados, con base en la interpretación subjetiva que hace de los indicios racionales de criminalidad expuestos en el Auto recurrido, hemos de señalar que, en relación a la convocatoria de la huelga general el 26 de octubre de 2019 por la propia entidad de Tsunami Democràtic, cuya entidad y gravedad es negada en el recurso del Ministerio Fiscal, ha conocido esta Acusación Popular que se han personado en las presentes actuaciones dos funcionarios policiales que resultaron gravemente heridos como consecuencia de los violentos altercados que acontecieron en dicha jornada de Huelga General».

Las víctimas del terrorismo no están dispuestas a dejar pasar los cambios de criterio del Ministerio Público y los intentos por desviar la atención del caso Tsunami Democràtic para retirarle la competencia a la Audiencia Nacional, en favor de un tribunal ordinario. Una posibilidad, esta última que se complicaba hace unos días cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 6 que instruye los hechos, el juez Manuel García-Castellón, pedía al Supremo que, al existir aforados implicados en la misma, asumiese su investigación.

Así las cosas, Dignidad y Justicia presentaba, esta misma semana, un documento de 26 páginas rebatiendo los argumentos del fiscal Miguel Ángel Carballo que, en su informe final, y tras un polémico cambio de criterio de la Fiscalía, apuntaba a un delito de desórdenes públicos agravados. En su contra, algunas de las pesquisas de la Guardia Civil, anteriores al dictamen definitivo de los agentes encargados de la causa, que contribuyen a consolidar el delito terrorista y, además, apuntan a la implicación de Carles Puigdemont y Marta Rovira en «la planificación previa de Tsunami Democràtic desde, al menos, agosto de 2019».

Una «planificación y preparación previa» de la organización «durante más de un año» que resulta relevante, junto con el hecho de su «vocación de permanencia» que, el propio magistrado del caso, García-Castellón, apunta en su auto de procesamiento de Rovira y Puigdemont. «Tenemos una estructura y una dinámica capaz de plantear una resistencia a largo término. También pienso que se tiene que reorganizar mucho porque ahora es muy ineficiente», remarcaban algunos de los perfiles participantes en las conversaciones a las que tenía acceso la Guardia Civil a partir del volcado de sus móviles.

Tecnología para los actos de boicot

De hecho, entre los mensajes de intercambio de información entre los organizadores de Tsunami Democràtic se dieron consignas claras sobre el uso de la tecnología. En concreto, de la App desarrollada para para coordinar los diferentes actos de boicot que se estaban preparando. No sólo en Cataluña, sino en el resto de España. Se trataba de «dejar claro que sería la principal vía para organizar acciones » entre las que hablan de «Madrid, en lo que parece la antesala de la acción que TD trató de acometer en el aeropuerto de Barajas» y cuyo fin era «emular los actos de boicot realizados de forma simultánea en el aeropuerto del Prat», en Barcelona, en 2019.

La implicación de Rovira y Puigdemont

La propia número dos de Esquerra (ERC) en aquel contexto, Marta Rovira, prófuga de la Justicia española en Suiza, utilizaba un pesudónimo –Matagalls– para participar en las conversaciones de los organizadores de Tsunami, a través de la plataforma tecnológica diseñada para sembrar el caos como reacción a la sentencia del Supremo que, en 2019, condenó a los líderes políticos del procés por sedición y malversación agravada.

«Mañana hablo con ellos a ver que se puede hacer. Supongo que, como no se ve una acción peligrosa y no tiene el morbo de las urnas, el personal se ha relajado... trato de poner orden, pero al no haber una sensación de mundo único, todo el mundo duda de todo. No está siendo nada fácil, la moral de la tropa está tocada. Pienso que cuando las primeras acciones salgan bien todo el mundo reaccionará, pero cuesta arrancar», asegura Rovira en su reflexión. «Se está reclutando gente para hacer vuestra acción que lo está charlando en la dirección», añade en un claro indicio de su participación en la coordinación de TD desde una «posición preeminente».

Antes de llegar a este punto, los integrantes de Tsunami confirman, en varias ocasiones, que ya han «recabado el apoyo de Carles Puigdemont y Eulalia Reguant». Y, además, lo hacen poniendo fecha al lanzamiento de la plataforma en el denominado «Día S», el lunes 26 de agosto de 2019, y apuntando cómo «desde Òmnium informarán directamente al presidente Puigdemont. Te lo avanzo para que tengas constancia», le dice uno de los implicados Jesús Rodríguez Seller a José Luis Alay, el que fuera jefe de gabinete del propio Puigdemont.

Ya en varios mensajes anteriores de Seller a Alay, aparecieron referencias al «grupo de coordinación» con la petición expresa de que este último hiciese de «intermediario con el President», en alusión a Puigdemont.

En contra del criterio de la Fiscalía

«Y así un sinfín de mensajes y conversaciones y demás comunicaciones telefónicas llevadas a cabo entre los investigados, extraídos de los informes ya mencionados» de la Guardia Civil, que «permiten inferir de manera racional, en la fase procesal en la que nos encontramos, que Tsunami Democràtic fue »una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva", aseguran la representación jurídica de Dignidad y Justicia en el escrito de oposición al recurso con el que la Fiscalía trata de desvirtuar el terrorismo.

No en vano, para la abogada de las víctimas del terrorismo personadas en la causa, TD «llevó a cabo acciones delictivas tan graves como las enumeradas» en el auto del juez Manuel García Castellón, del que resultan imputados más de veinte sospechosos, previo análisis «pormenorizado de cada una de las misma, tales, entre otras, como el Bloqueo de Infraestructuras críticas del Estado y/o Infraestructuras Críticas Europeas, como: el Aeropuerto de Barcelona-El Prat; el intento de bloqueo de la torre de control ENAIRE de Barcelona-Gavà, el 14 de octubre de 2019; el intento de bloqueo del Aeropuerto de Madrid-Barajas; los graves disturbios ocasionados con ocasión de la Huelga general convocada el día 18 de octubre de 2019, por la propia plataforma Tsunami Democràtic; o, el bloqueo del paso fronterizo de La Junquera y corte de una de las líneas de comunicación terrestre más importantes del país, la AP-7, que une España con Francia».

Usaron bolas de acero, piolets, pilas, motosierras, adoquines, tirachinas, material pirotécnico lanzado contra helicópteros de la policía,... e incendiaron establecimientos y 7 vehículos en una calle del centro de Barcelona

Todo ello «con el respectivo balance del elevadísimo número de personas heridas, entre ellas, la mayoría funcionarios policiales, que pone de manifiesto el patente y real riesgo que existió en la mayoría de esas acciones de atentar contra la vida y la integridad física de estos, de los cuantiosos daños materiales ocasionados, y la grave perturbación en el normal funcionamiento de infraestructuras críticas y estratégicas del Estado».

Así pues, «frente a las alegaciones realizadas por el Ministerio Fiscal a la hora argumentar la ausencia del matiz terrorista en los hechos objeto de investigación, el cual no sólo se limita a ello, sino que además realiza consideraciones que no son propias de la fase procesal en la que nos encontramos, tales como la valoración que hace sobre la entidad delictiva de determinados hechos investigados o la exclusión de la responsabilidad penal de alguno de los investigados, con base en la interpretación subjetiva que hace de los indicios racionales de criminalidad expuestos en el Auto recurrido», las víctimas del terrorismo señalan que, «en relación a la convocatoria de la huelga general el 26 de octubre de 2019 por la propia entidad de Tsunami Democràtic, cuya entidad y gravedad es negada en el recurso del Ministerio Fiscal, ha conocido esta Acusación Popular que se han personado en las presentes actuaciones dos funcionarios policiales que resultaron gravemente heridos como consecuencia de los violentos altercados que acontecieron en dicha jornada de Huelga General».

Un total de tres agentes ya que, con posterioridad a la presentación del escrito de DyJ, y según adelantó El Debate en primicia, el magistrado instructor admitió la personación en un policía nacional más.

Además, «tal y como se desprende de los Informes obrantes en la causa, (por ejemplo el Informe de UCE-3 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil elaborado para la solicitud de ampliación de prórroga de la Comisión Rogatoria Internacional a Países Bajos, en relación a la inhabilitación de determinados dominios web F.319 a 332 Tomo 2), las acciones convocadas por TD que se sucedieron los días posteriores al bloqueo del Aeropuerto del Prat, se produjeron numerosas acciones violentas como las acaecidas ese 26 de octubre de 2019, en las que se muestran fotografías de los objetos usados por los manifestantes como bolas de acero, piolets, pilas, motosierras, adoquines, tirachinas, material pirotécnico lanzado contra helicópteros de la policía, lanzamientos de rejas, o el incendio de establecimientos de marcas como Inditex o la quema de 7 vehículos en una calle del centro de Barcelona, (...) con la finalidad ya tantas veces expuesta de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública».