Marlaska usa una ley de Franco para esconder si Yolanda Díaz se sirvió de su escolta oficial en su visita a Puigdemont

No fue Santos Cerdán el primero en acudir a Bélgica a negociar la investidura de Pedro Sánchez con el prófugo Puigdemont. Antes de que lo hiciera el número 3 del PSOE, otra dirigente lo intentó: fue Yolanda Díaz, un lunes 4 de septiembre y, ante el revuelo montado por acudir la visita a un fugitivo y si encima lo costeaba el erario público, aseguró que actuaba como líder de Sumar.

Pero eso no está nada claro y es muy probable que, cuando menos, se sirviera de un equipo de seguridad oficial, con el formidable gasto que comporta, para intentar convencer al dirigente separatista de que ayudar a sobrevivir al Gobierno del que ella formaba parte, algo que finalmente ha sucedido a un alto coste: una ley de amnistía, la internacionalización del «conflicto» con mediadores extranjeros, un «cupo» catalán similar al vasco y la negociación de un referéndum de autodeterminación.

La vicepresidenta segunda y titular de Trabajo no ha tenido que explicar si se sirvió de recursos públicos para una negociación partidista gracias a otro compañero de Gabinete también renovado, Fernando Grande-Marlaska.

Y es que el titular de Interior ha vuelto a echar mano a la legislación franquista para ocultar si Yolanda Díaz acudió con escolta oficial, y, por tanto, sufragada por todos los españoles, a su encuentro con el fugado Carles Puigdemont en Bruselas.

El Ministerio del Interior ha evitado aclarar si Díaz pidió ir acompañada de un dispositivo de seguridad para acudir al Parlamento Europeo y entrevistarse con el líder de Junts, allanando el camino de la investidura de Pedro Sánchez.

Para Marlaska, dar a conocer tal información reservada con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales «expondría a dicha persona a riesgos innecesarios al poder extrapolarse ese patrón a situaciones similares».

La Ley de Franco que usa Marlaska

Según consta en un documento oficial del pasado 11 de noviembre que obra en exclusiva en propiedad de El Debate, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior alega que «uno de los principales activos de los servicios de protección es la discreción y reserva sobre su propia existencia, por cuanto tiene un importante componente de disuasión, por ello, hacer público y concretar los tipos de actos o movimientos en los cuales cuenta o no con un servicio de protección» pondría en riesgo a la ministra.

Además, para dotar a esta respuesta de un soporte legal, se remite al «Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales», que data de 1968 y está rubricada por Franco, y que posteriormente fue ampliado por ampliado por los acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994.

En ellos, según dice se «otorga la calificación de reservado, a los planes de seguridad de Instituciones y organismos públicos, y a los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma, así como a todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdos o convenios a los que se haya atribuido dicha calificación, lo que implica la necesidad de restringir aquella información, cuya divulgación a personas no autorizadas pudiera generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado».

Yolanda Díaz asegura que no acudió a su cita con el prófugo como Vicepresidenta del Gobierno, pero no desvela si fue escoltada

Desde el ministerio de Trabajo han evitado facilitar más información acerca de «la oficialidad de dicho viaje y en el caso de haber llevado dispositivo de seguridad, documentación acreditativa de la comunicación al Ministerio del Interior de la necesidad de escolta y respuesta recibida».

Josep Vendrell, director de Gabinete de la ministra, según consta en un documento público del pasado 28 de septiembre que obra en poder de este periódico, afirma que «en la agenda oficial de este ministerio no consta ningún viaje a Bruselas el día 4 de septiembre de 2023 (…) y, por ende, no existe ningún expediente de gasto relativo a dicho viaje», negando así el carácter oficial del viaje. Sin embargo, Vendrell elude dar respuesta alguna sobre la existencia o no de un dispositivo de seguridad público.

Un asunto que ahora ha sido abordado por Interior, a instancias de El Debate, pero manteniendo oculta la información como secreto oficial. De hecho, desde el Gobierno se afanan en alejar de la órbita del Ejecutivo el polémico viaje bajo la premisa de que se trataba de un encuentro en el que la vicepresidenta acudía a Bruselas en su condición de dirigente de Sumar y no como interlocutora de la coalición.

Así ha tratado el asunto Presidencia del Gobierno, quien por medio de una resolución de la Secretaría General de Presidencia, aseguraba el pasado 12 de septiembre que «no obra en poder de este órgano información relacionada con actividades de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España en ámbitos de actuación diferentes a los recogidos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno».

El «secreto de Estado» de Marlaska

El pasado 6 de noviembre, El Debate volvía a preguntar al Gobierno sobre la existencia o no de la escolta policial custodiando a la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, y saltaba la sorpresa cuando cuatro días después Marlaska se acogía a la Ley 9/1968, de 9 de abril sobre Secretos Oficiales aprobada por el General Franco.

Según las fuentes jurídicas personadas en el expediente instruido ante el Ministerio del Interior, «llama mucho la atención que se acoja a esta ley, porque parece presuponer que la información en efecto existe, pero que no la hace pública porque la considera secreta», explica Julio R. Naranjo, jurista y responsable de muchas de las investigaciones más relevantes de este periódico.

«Este Gobierno es habitual que no dé acceso a la información solicitada, afirmando que no obra en su poder. Habría bastado que en este caso dijeran simplemente que Interior no tiene un solo papel sobre el polémico viaje. Pero han tirado por la vía del secreto», añade, no sin antes destacar que el propio titular de Interior deja en evidencia a la vicepresidenta al destacar que «Marlaska se escuda para ocultar la información que afecta a Yolanda Díaz en unos planes de seguridad de Instituciones y organismos públicos que por su propia naturaleza, al serle aplicados a la líder de Sumar, parecen indicar que no se trataba de un viaje privado».

Lo cierto es que aquella visita, además del desembolso que pudo suponer para un fin estrictamente partidista, no fue del todo positiva para Díaz. Puigdemont, según fuentes conocedoras del encuentro, la atendió con cortesía, pero no la tuvo en cuenta como interlocutora válida y la supuso una intención que desactivó por completó: resucitar a Ada Colau y a sus Comunes en Cataluña, algo a lo que el «alma espiritual» de Junts se negaba, y se niega, por completo.