El Gobierno aplica un rodillo presupuestario para vetar leyes de la oposición que no aplica para su amnistía

Amnistía sí, ley para ayudar a enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), no. La doble vara de medir del Gobierno, a través de la mayoría socialista en la Mesa del Congreso de los Diputados, que permitió el próximo debate sobre la ley que borra penalmente el procés –pese a todas las dudas que planean sobre la inconstitucionalidad de la misma– ha impedido la tramitación parlamentaria de un texto propuesto por la oposición política bajo el argumento de que supondría una reducción de los ingresos previstos para este año. Un veto presupuestario que, en los últimos tiempos se ha convertido en el mecanismo estructural del Ejecutivo para bloquear en fase de tramitación todas las iniciativas legislativas del Partido Popular y de Vox.

Cabe recordar que, conforme a la Constitución, el Gobierno tiene potestad para interrumpir el avance parlamentario de todas aquellas proposiciones de ley que entienda que condicionan su política económica, ya sea por aumento del gasto estipulado o por una merma de los ingresos estimados. Y, haciendo uso de esa capacidad, el Gobierno suspendió la semana pasada el texto de una norma de Vox instada para la atención a enfermos de ELA y otras personas en situación de gran dependencia.

Una iniciativa que, además, ya había sido aceptada para su deliberación en la Cámara Baja, durante la pasada legislatura, a propuesta de Ciudadanos, quedando pendiente de fijarse una fecha para su votación por el Pleno de los diputados que nunca llegó.

No ha parecido importar al recién estrenado Ejecutivo de Pedro Sánchez que la reivindicación constante y desesperada de los enfermos de ELA y la lucha titánica de sus familias vaya a quedar aparcada, por una presunta cuestión monetaria, mientras permite que España deje de ingresar todo el dinero malversado en el proceso independentista. De hecho, la propia Mesa descartaba la primera ley mientras calificaba de forma positiva, por cinco votos contra cuatro, el informe del Gobierno permitiendo la tramitación de la Ley Orgánica de Amnistía, que ya está lista para pasar su primer examen en el Pleno de la Cámara.

Por su parte, y según ha podido saber El Debate, Vox ya ha registrado un nuevo texto idéntico al rechazado pero que incorpora, en este caso, una Disposición Adicional en la que se detalla, claramente, que de ser aprobada, la misma, entrará en vigor tras la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la próxima legislatura. Se neutraliza, de este modo, el argumento del Gobierno para apoyar su negativa a al deliberación de la norma en el hemiciclo.

La denuncia del PP contra los vetos

Así las cosas, el Partido Popular ha registrado un escrito de disconformidad contra la posición por la que el Ejecutivo socialista ha alegado que los cambios normativos que proponía Vox supondría que «hubiera nuevos sujetos que tuvieran la condición de personas con discapacidad (aquellos con prestaciones por dependencia que no tuvieran, previamente, el reconocimiento de una discapacidad de, al menos, el 33%), por lo que pasarían a tener derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad del IRPF».

«En este sentido, teniendo en cuenta que el número de potenciales beneficiarios con prestaciones por dependencia que están declarando IRPF con cuota positiva sería de 66.641, representaría un coste estimado de 38 millones de euros, a lo que habría que añadir el coste de incluir a los pensionistas a los que se reconoce ese mismo derecho», aseguraba el Gobierno en su argumentación para tumbar la ley ELA.

En el Partido Popular han sido tajantes con la doble vara de medir del Gobierno y sus vetos presupuestarios a normas que no son propias pues, mientras se frustra la ley ELA por su incidencia presupuestaria, en cambio, se da vía libre a la de Amnistía aunque en su articulado se establece que quedarán sin efecto todas las reclamaciones económicas en curso por el dinero malversado en los últimos diez años de proceso independentista.

La ley no permite indemnizar a los amnistiados ni se devuelve el dinero ya abonado por resolución judicial, pero sí anula las reclamaciones vinculadas a casos todavía abiertos. Precisamente el Tribunal de Cuentas tiene un proceso pendiente de sentencia en el que se reclaman casi cinco millones de euros a dirigentes de la Generalitat por desviar dinero público al proceso independentista.

La advertencia del Constitucional

A comienzos del pasado mes de agosto, el Constitucional (TC) rechazaba, en Pleno ordinario, el recurso de amparo de los diputados del Partido Popular contra la decisión que la Mesa del Congreso adoptó, en 2021, de atender el veto del Gobierno a que se tramitara la proposición de una ley de los 'populares' –para crear una figura de autoridad independiente, en la gestión de la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación–. El fallo sentaba un precedente doctrinal que «vulnera el derecho de los parlamentarios recurrentes al acceso y ejercicio de sus cargos públicos representativos en condiciones de igualdad», alertaba el magistrado Enrique Arnaldo en contra de la posición mayoritaria.

La profecía cumplida –ahora, en el caso de la ley ELA– de un voto particular en el que su autor defendía que la Corte de Garantías debió aceptar la impugnación del PP contra el «veto» del Gobierno por el que la Mesa parlamentaria hurtó el debate en la materia alegando que la propuesta de la oposición «tenía un impacto presupuestario directo» en las partidas ya previstas durante la legislatura anterior.

Un argumento que a juicio de Arnaldo, y como recogió en primicia El Debate, resultaba insuficiente y abría una vía a que el Ejecutivo de turno extienda su potestad «impeditiva» para la «exclusión» de ciertas materias de su «inclusión en el orden del día» del Congreso «para que sean sometidas a deliberación y, en su caso, votación», como ya está pasando.