Varapalo inédito del Poder Judicial al Gobierno: el CGPJ cree que García Ortiz «no es idóneo» como fiscal general

Es la primera vez en democracia que una mayoría absoluta del Poder Judicial rechaza otorgar su confianza en un candidato propuesto a ocupar el cargo de fiscal general del Estado. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha considerado «inidoneo» –por 8 votos en contra de la adecuación de su perfil, 7 a favor del mismo y la abstención del vocal Enrique Lucas– que Álvaro García Ortiz continúe durante cuatro años más al frente del Ministerio Público.

El varapalo del Consejo al Gobierno ha sido contundente y, según ha podido saber El Debate, en la decisión oficial ha pesado de manera «muy evidente» la reciente anulación del Supremo al nombramiento efectuado por García Ortiz, durante la anterior etapa de su mandato, a favor de su predecesora Dolores Delgado como fiscal de Sala Togada de lo Militar del Alto Tribunal. «No tanto por el sentido de la resolución, en sí misma, sino por las razones por las que se anuló», han apuntado dichas fuentes. Esto es, una clara «desviación de poder» de García Ortiz para favorecer a su mentora en detrimento de otros candidatos con mejor perfil.

Además del hecho cuestionable de que el máximo responsable «de la defensa de la legalidad» en nuestro país haya «dado muestras de pasividad en la defensa de los fiscales ante las acusaciones de lawfare» que, al menos los cuatro al frente de la causa del procés, han recibido en las últimas semanas desde que se conociera la inclusión del término en los acuerdos suscritos entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

Trámite preceptivo pero no vinculante

La polémica renovación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en su cargo se sometía, en un trámite preceptivo, al filtro del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocado para este jueves, pese a que el magistrado Wenceslao Olea había solicitado que se señalase «un nuevo Pleno» para tratar dicha cuestión «con tiempo legal suficiente».

Así las cosas, tanto este último como sus compañeros Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, José María Macías Castaño, Nuria Díaz Abad y Mª Ángeles Carmona han descartado la posibilidad de prestar su apoyo a la figura de García Ortiz. En el bloque opuesto, el de la izquierda judicial, Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda, Mar Cabrejas, Roser Bach, Clara Martínez de Careaga y Juan Martínez Moya, junto con el presidente interino Vicente Guilarte, han decidido avalar al fiscal general confirmado por el Gobierno.

Tan sólo Enrique Lucas Murillo de la Cueva se ha apartado de la votación al entender que no debía participar en la misma para preservar su «apariencia de imparcialidad» por cuanto su hermano, el magistrado del Supremo Pablo Lucas, fue uno de los cinco miembros de la Sala Tercera del Alto Tribunal que recientemente anulaba el citado ascenso de García Ortiz a favor de Delgado a la máxima categoría del escalafón de la Carrera.

La inclusión de este punto en el orden del día del Pleno ordinario de noviembre se ha producido después de que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, del que es titular Félix Bolaños, haya comunicado formalmente a la institución que en la última reunión del Consejo de Ministros se aprobó un acuerdo por el que se recaba del CGPJ la audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento del que llegara a lo más alto del organigrama del Ministerio Fiscal, tras la dimisión de su predecesora y amiga, Dolores Delgado.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el mandato del fiscal general del Estado puede ser renovado en el caso de que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años. Y Álvaro García Ortiz fue nombrado fiscal general del Estado por Real Decreto 675/2022, de 1 de agosto por lo que, a priori, cumple con el único requisito formal exigible para continuar en el desarrollo de sus funciones.