Sánchez acumula detractores: el presidente firma el peor inicio de legislatura

El CGPJ, el Tribunal Supremo, la Comisión Europea, el magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo, el Rey –dentro de sus márgenes–, Israel y hasta un socio preferente como Italia se han interpuesto en el camino de Pedro Sánchez en los últimos días. Actuando como contrapoderes frente a la manera del presidente de ejercer el poder. Y frente a su controvertida política de nombramientos y no menos controvertida política exterior.

Ni poniendo tierra de por medio, los casi 6.0000 kilómetros que separan Madrid de Dubai, pudo Sánchez amortiguar el doble varapalo que sufrió este jueves. Por un lado, el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de la exministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno (aunque el Gobierno se niega a pedirle un dictamen sobre la ley de amnistía, que tiene rango de orgánica). Porque Valerio no es, según el alto tribunal, una «jurista de reconocido prestigio».

Por el otro lado, el pleno del Consejo General del Poder Judicial consideró al fiscal general del Estado no idóneo para el cargo por primera vez en la historia de la democracia, por ocho votos frente a siete. Ello en respuesta a la decisión de los socialistas de mantener contra viento y marea a Álvaro García Ortiz en un cargo desde el que está prestando grandes servicios al Ejecutivo. A pesar de que, la semana pasada, el Supremo anuló el ascenso de Dolores Delgado como fiscal de Sala por «desviación de poder» por parte de García Ortiz, pupilo de la exministra de Justicia.

Precisamente el miércoles, el BOE publicó el cese del fiscal de Sala de Menores, Eduardo Esteban Rincón, cuatro meses después de que el Supremo anulara su nombramiento por segunda vez. Nombramiento que hizo Delgado.

Ésta fue una de las primeras decisiones de Félix Bolaños al sumar la cartera de Justicia a la de Presidencia, que ya portó la legislatura pasada. El mismo Bolaños tuvo que desplazarse a Bruselas para entrevistarse con la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Věra Jourová; y con el comisario de Justicia, Didier Reynders. Con el objetivo de apagar el fuego provocado por la ley de amnistía antes de que se propague por las más altas instancias europeas.

El Ejecutivo lleva semanas aparentando tranquilidad, diciendo y diciéndose que Europa respalda la ley de amnistía y que el PP está haciendo el ridículo. La ministra portavoz, Pilar Alegría, se burló el martes de los populares por forzar un debate en el Parlamento europeo e incluso afirmó que solo los habían escuchado «tres y el de la guitarra». Eso, desde la sala de prensa de la Moncloa.

Italia derriba el trampantojo

Sin embargo, un país amigo como lo es Italia –según el propio Sánchez– echó abajo este jueves el trampantojo del Gobierno español al sugerir que la ley de amnistía no respeta el Estado de Derecho. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, publicó un mensaje en la red X haciéndose esa misma pregunta.

«En España gobierna la extrema izquierda. En Italia la hemos derrotado. Nosotros respetamos el Estado de derecho. ¿Sucede lo mismo en España? En Italia gobierna el Partido Popular Europeo, en España los secesionistas», escribió Tajani, después de que el presidente español metiera a Italia en el saco de los gobiernos de «ultraderecha» y «reaccionarios». Aunque no fue eso lo que le dijo Sánchez a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuando en abril se reunió con ella en Roma.

No solo eso. Italia también se ha cruzado en los planes de Sánchez para Nadia Calviño, a quien quiere convertir en la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones. El Ejecutivo de Meloni confirmó el lunes que apoyará a la rival de la vicepresidenta española, la danesa Margrethe Vestager, lo que complica las opciones de Calviño. Quien sigue teniendo en el canciller alemán, Olaf Scholz, a su principal valedor internacional.

El Gobierno y el propio Sánchez han pasado rápidamente página del discurso que el Rey pronunció el miércoles en el Congreso. Han fingido no darse por aludidos. Sin embargo, las palabras de Felipe VI fueron una enmienda a la intervención de Sánchez en su investidura y a la política del muro anunciada por el presidente.

«Entendimiento mutuo sin imposiciones ni exclusiones», recetó Don Felipe, que además recordó el papel de cada cual: «Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones, es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos».

El TC y el magistrado Campo

Ni siquiera el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido puede considerarse ya zona de absoluto confort para el presidente. No después de que el magistrado Juan Carlos Campo decidiera inhibirse sobre las primeras deliberaciones del TC en torno a la ley de amnistía, sembrando así la semilla de la división en el sector progubernamental. Y dudas en el propio Gobierno, que se las prometía muy felices con la mayoría siete a cuatro a favor del bloque de izquierdas.

Y mientras el presidente volaba ayer a Emiratos Árabes Unidos para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Israel llamó a consultas a su embajadora en España. Más madera tras las palabras de Sánchez ante Benjamin Netanyahu. Y eso que, horas antes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había dado por zanjada la crisis diplomática. Nada más lejos de la realidad.

Albares estaba demasiado ocupado firmando el cese –este jueves– del responsable de la Oficina de Asuntos de Gibraltar, Javier Benosa, por criticar la amnistía y el silencio del cuerpo diplomático.