España, capital Ginebra
Puigdemont exigirá un referéndum pactado en una opaca reunión con verificador internacional
Sánchez conduce a España al abismo de una negociación tenebrosa con el líder de Junts. Los emisarios de ambos se citan este sábado en Suiza
Fue el 15 de febrero de 2019. Ese día Pedro Sánchez compareció en la Moncloa para anunciar la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales el 28 de abril. Era eso o tragar con el relator que le exigía Esquerra para apoyar los Presupuestos Generales. «España es de sus ciudadanos, no pertenece a ningún partido político. Es de los españoles. España es suya», afirmó desde la sala de prensa.
Apenas un lustro después de aquello, Sánchez ha nacionalizado el problema de un partido, el que tiene el PSOE para gobernar con solo 152 diputados. Este sábado, el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas conducirá al país al abismo de una negociación tan tenebrosa como opaca. España, capital Ginebra. Se supone que la descentralización emprendida por el Ministerio de Política Territorial la pasada legislatura no era esto.
Sobre el papel será una negociación entre el PSOE y Junts. Pero, en realidad, a un lado de la mesa se sentará el Gobierno de España, aunque en la comitiva no estén ni Sánchez ni ninguno de sus ministros para guardar las formas. Y, al otro lado, un prófugo de la Justicia española, poseedor de siete escaños claves para hacer esta legislatura gobernable. Ya se lo advirtió la presidenta Junts, la inhabilitada Laura Borràs, a mediados de noviembre: «La legislatura durará lo que dure su palabra».
Opacidad máxima
Ninguna de las dos partes ha dado información alguna sobre los integrantes de las delegaciones, aunque se da por hecho que encabezará la del PSOE su secretario de Organización, Santos Cerdán. Y la de Junts, el propio Puigdemont. Tampoco han contado el orden del día de la primera reunión, la hora, el lugar ni, sobre todo, quiénes serán los verificadores internacionales. Supuestamente serán cuatro y uno hará de portavoz, no se sabe cuándo.
El Español publicó el viernes que el árbitro será el Centro para el Diálogo Humanitario Henry Dunant, que participó en la negociación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA de 2005 y en 2018 asesoró a ERC y Junts. Ya por entonces querían recurrir a la mediación extranjera.
El propio Sánchez defendió el jueves en una entrevista en TVE la necesidad de un verificador internacional por la «extraordinaria desconfianza» entre las partes. Pero incluso El País, su diario de cabecera, editorializaba ayer en contra: «Esa figura, impuesta por Junts, se utiliza para cuestionar la credibilidad del PSOE y, con él, la del Estado (…). La transparencia es un guardarraíl imprescindible para que la democracia funcione».
A mayores, Carles Puigdemont calentó este viernes el encuentro arremetiendo por enésima vez contra los jueces. «Los cuervos togados se revuelven y enseñan las garras y colmillos, y se les pone cara de general Pavía», escribió, en alusión al general golpista del siglo XIX. Y su abogado, Gonzalo Boye, acusó al instructor del caso Tsunami, Manuel García-Castellón, de dirigir una «causa general contra líderes independentistas catalanes».
Qué esperar de la primera reunión
En el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, el partido de Puigdemont especificaba que en la primera reunión plantearía la «celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución», sin esperar más. Eso y una cláusula de excepción en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que reconozca la «singularidad» catalana. Es decir, una Hacienda propia a la que el Estado ceda el 100 % de los tributos que se recaudan en Cataluña.
Según ese documento, que es el único papel existente hasta la fecha, el PSOE defenderá en este primer encuentro el «amplio desarrollo» del Estatut de 2006 y «el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya».
También, un diálogo bilateral y privilegiado sobre el modelo de financiación que afecta a todas las comunidades y un plan para que vuelvan a Cataluña las 4.000 empresas que cambiaron su sede social huyendo de las fauces del procés. Aunque algunas de ellas, como Caixabank y el Banco Sabadell, ya han adelantado que no piensan hacerlo.
Después de esta primera reunión habrá más, supuestamente en otras ciudades, pero todo son conjeturas. Junts quiere que se celebren cada mes y el PSOE pretende espaciarlas. Porque los socialistas no solo deben sentarse a la mesa de Puigdemont, sino que también tiene comprometida un espacio de negociación similar con ERC, pero con verificadores distintos. De momento, lo que hay cerrado con Esquerra es un encuentro entre Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonès, el 21 de diciembre en el Palau de la Generalitat.