El Poder Judicial teme que el Gobierno modifique la ley para limitar el control a sus irregularidades

La sentencia con la que el Supremo anulaba, por falta de uno de los requisitos materiales exigidos para el puesto, el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, provocaba las críticas del Gobierno, en plena campaña por el lawfare. «No se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son competencia exclusiva del Gobierno de España», señalaba el ministro de Justicia en relación a la fundación Hay Derecho, quien recurrió la designación.

Frente a la justificación del Alto Tribunal que considera que la que fuera ministra socialista no reúne «la condición de jurista de reconocido prestigio» que requiere el cargo, el Ejecutivo se defendía oponiéndose al control jurisdiccional de sus decisiones.

Y ello, pese a que el presidente del Tribunal Pablo Lucas Murillo de la Cueva, ponente del texto, y la composición del mismo, no admitan sospecha alguna sobre la posible intencionalidad política de una resolución que, como el mismo fallo recogía, expresamente, responde a la «estricta aplicación de la ley vigente». De hecho, hasta hace poco, el nombre de Pablo Lucas era uno de los que sonaba, con más fuerza desde la izquierda, como candidato a incorporarse al Tribunal Constitucional en las últimas renovaciones.

El Poder Judicial teme que, tras las manifestaciones de Bolaños se esconda, en realidad, la voluntad de modificar la ley vigente para restringir la capacidad de la sociedad civil, de impugnar, ante la jurisdicción competente, los actos del Gobierno en el ejercicio de sus funciones. Que, «aunque le sean propias, no son absolutas, ni quedan fuera de la supervisión prevista en el ordenamiento para garantizar que el ejercicio del Poder político no lesiona los derechos legítimos de terceros», apuntan a El Debate varios expertos consultados.

Así las cosas, las reacciones desde el Poder Judicial se sucedían al hilo de las manifestaciones el cuestionado titular de la triple cartera de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia. Jueces y magistrados se preguntaban si, con ello, se «está sugiriendo que nadie puede demandar al Gobierno si, aún teniendo razón, les molesta. ¿Querrán restringir la legitimación procesal para que los tribunales no controlen al Ejecutivo?», se preguntaba la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, la magistrada Luisa María Gómez Garrido en sus redes sociales.

La legitimación de Hay Derecho

Cabe recordar que uno de los aspectos más controvertidos del fallo del Supremo que obliga al Gobierno a retirar a Valerio de la Presidencia del Consejo de Estado, ha sido el de la legitimación de la Fundación Hay Derecho para cuestionar su elección. La propia Abogacía del Estado, trataba de impedirlo asegurando que de admitirse «una eventual sentencia estimatoria» del recurso, como ha ocurrido, «se estaría identificando merced a una decisión judicial el interés legítimo de la recurrente con la acción popular», sin que haya «una ley que así lo prevea».

«La legitimación activa no puede fabricarse a la carta mediante los estatutos o un acuerdo corporativo, asociativo o fundacional», añadían los letrados públicos en su escrito de oposición ante el TS.

A lo que el Tribunal presidido por el magistrado Pablo Lucas, contestaba que lo importante es «apuntar que la naturaleza fundacional de la recurrente le dota de consistencia específica en la medida en que descansa en el patrimonio aportado por los fundadores afectado a la realización de los fines de interés general que persigue».

Es decir, se trata de «una fundación desde su propia constitución dispone de los medios para realizar sus objetivos» y que en sus «fines fundacionales» responde «plenamente a los que el legislador, al desarrollar en este punto la Constitución, ha considerado valiosos». «Todo ello singulariza inicialmente, a nuestro juicio, a la Fundación Hay Derecho» para «apreciar en ella el interés legítimo para recurrir», argumentaban los magistrados en un fallo dictado por unanimidad.

«Contra los abusos de poder»

Y así se lo tenían que recordar, incluso, desde la propia entidad recurrente al secretario de Estado, Rafael Simancas, quien, sumándose a las críticas del Gobierno a la resolución judicial, aseguraba que «la representación del pueblo español soberano en el Congreso» había «reconocido la idoneidad de Magdalena Valerio para presidir el Consejo de Estado». Como si el aval de la Comisión Constitucional parlamentaria que dio luz verde al mismo tuviese un efecto absoluto. «Todos los poderes están sujetos a límites y controles», le recordaban a Simancas.

«Quizá la pregunta sea por qué el Parlamento vota la idoneidad de la nombrada teniendo en cuenta solo uno de los dos requisitos que exige la ley también aprobada por el Parlamento y por cuyo respeto han de velar los tribunales en un Estado social y democrático de derecho», afeaban al socialista desde la Fundación Hay Derecho.

En el mismo sentido, se pronunciaba el magistrado Luis Sanz Acosta, de la Audiencia Provincial de Madrid, al asegurar que sólo «las sociedades más democráticas y los países más avanzados son aquellos que juegan con contrapesos del poder y dan un papel relevante a la sociedad. Pero aquí vamos al revés, Muy preocupante».

O la también magistrada madrileña Natalia Velilla, miembro de Hay Derecho, quien al hilo de las declaraciones del ministro Félix Bolaños ponía en evidencia cómo «la sociedad civil actuando de formar legítima ordenada y contra los abusos de poder es incómoda por incontrolable». «Auguro reforma legislativa para impedirlo, no vaya a ser que el poder omnímodo del Ejecutivo deje de serlo», añadía en varias de sus reflexiones publicadas en X.