La fundación Hay Derecho recoge más de 100.000 firmas en contra de la amnistía

«Ante las exigencias manifestadas públicamente de una amnistía a cambio de los votos para la investidura como presidente del Gobierno de D. Pedro Sánchez, y por cuanto una amnistía es una medida excepcional que implica riesgos para el Estado de derecho», la fundación Hay Derecho, remitía hace unas semanas su preocupación por escrito al propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, y a otros representantes institucionales como el secretario general de los socialistas catalanes.

Ahora, ante la ausencia de una respuesta, la entidad que, desde hace varios años, lucha por la excelencia institucional, la seguridad jurídica y el cumplimiento de la legalidad vigente, ha concluido la recogida de un total de 101.513 firmas de ciudadanos españoles que se han adherido a su petición contra una amnistía «planteada contra cualquier razón de Estado o de respuesta al interés general» sino como resultado de una mera «necesidad aritmética electoral» que «quiebra la igualdad» entre los españoles.

Con esta acción, que este martes será registrada en la sede del Congreso de los Diputados y que irá dirigida a su presidenta, la socialista Francina Armengol, Hay Derecho aspira no sólo a «visibilizar en sede parlamentaria el descontento» generalizado con una «medida tan excepcional» sino, además, proponer «a todos los partidos políticos del hemiciclo» la comparecencia de la entidad en la comisión Parlamentaria que vaya a conocer de la Proposición de Ley Orgánica de la Amnistía «para que los fundamentos contrarios a la norma sean escuchados».

«Respeto a las reglas del juego»

«Las elecciones generales del 23 de julio no arrojaron un ganador claro, lo cual obliga a realizar acuerdos de gobierno multi-partido para poder formar Gobierno», aseguran desde Hay Derecho. Un escenario que ha llevado al actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a apoyar su investidura en una «coalición de partidos», «entre ellos los independentistas» y Bildu, algunos de cuyos «dirigentes tuvieron vinculaciones con ETA».

Sin embargo, los apoyos de Sumar, Bildu, PNV o ERC «no bastan», necesitando también los del «partido independentista Junts per Catalunya cuyo líder Carles Puigdemont se encuentra huido de la Justicia española en Bélgica. Este partido ha manifestado que impondría la amnistía como un requisito necesario para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Estas declaraciones y la posibilidad de que dicha amnistía, efectivamente se conceda, han desatado un debate sobre la idoneidad de utilizar este instrumento en el contexto actual en España y a cambio de los votos para una investidura (antes de las elecciones se había descartado tajantemente por el Presidente y miembros de su gobierno y de su partido la posibilidad de una amnistía)».

«La Fundación Hay Derecho es contraria a una amnistía de estas características», denuncian desde el pasado mes de septiembre. Y es que, a su juicio «se trata de una cuestión de índole política (no se limita a un debate técnico sobre la constitucionalidad de una potencial ley de amnistía que también debe de existir, sino que debe de realizarse un debate más amplio)».

Además, «existe en este momento una total opacidad sobre las negociaciones con los partidos independentistas y en especial con Junts que incluyen esta amnistía». Una situación que impide mantener un debate informado y con pleno conocimiento de la ciudadanía, ya que ningún partido político incluyó la posibilidad de adoptar una amnistía en el programa electoral de las elecciones del 23 de julio".

«Es más, el partido que ahora la lidera (aunque dado el desgaste que supone entre sus propios votantes haya dejado más protagonismo a su aliado Sumar) había negado tajantemente esta posibilidad», denuncian desde Hay Derecho.

Para la entidad cívica, «un debate social y político necesitaría mucha más transparencia que es precisamente lo que no se quiere, y más reposo. Sería imprescindible conocer el contenido de las negociaciones y preciso conocer las diferentes posturas de los partidos que están valorando la elaboración de la ley. Incluso idealmente es una cuestión que merecería un referendum. En todo caso, al menos un proceso legislativo riguroso y sosegado, que pudiera ser valorado por los expertos, la sociedad y las instancias internacionales (UE y Consejo de Europa), en lo que se refiere a sus competencias».

«La modificación del delito de malversación y la posible eliminación de los hechos delictivos con la amnistía, atenta contra los intereses económicos y financieros de España y de la UE y va en contra de los compromisos nacionales e internacionales adquiridos en relación con la lucha contra la corrupción. La eliminación de estos delitos debería quedar fuera del debate sobre el contenido de la amnistía», denuncian desde Hay Derecho.

Y concluyen que «los acuerdos políticos no pueden suponer la ruptura del principio de igualdad de todos ante la ley, eje del Estado de derecho, como moneda de cambio por unos votos para la investidura». No en vano, «este tipo de acuerdos exige un amplísimo consenso que no existe en este momento en el Parlamento español así como alguna condición o renuncia por parte de los independentistas».

«Su concesión supone una deslegitimación en toda regla de la reacción jurídica y política del Estado español frente al intento de derogación de la Constitución y secesión unilateral por parte de los independentistas catalanes». Esto es, una vía abierta al lawfare y la creación de comisiones parlamentarias para la supervisión de resoluciones jurídicas apoyadas en la ley que no tienen cabida «en una democracia plena», aseguran desde la entidad que hoy acudirá al Parlamento para registrar las más de 100.000 firmas que respaldan su lucha.