El Gobierno acusa al Supremo de meterse en su territorio por anular el nombramiento de Magdalena Valerio

El Ejecutivo ha decidido no dar un paso atrás en su enfrentamiento con el Poder Judicial ni para coger impulso. El lunes Pedro Sánchez puso como ejemplo de lawfare la no renovación del CGPJ y, este martes, su ministra portavoz dejó entrever que el Gobierno no piensa destituir a la presidenta del Consejo de Estado.

Ello a pesar de que, el pasado jueves, el Tribunal Supremo anuló el decreto de nombramiento de Magdalena Valerio por no cumplir uno de los requisitos exigidos, el de ser jurista de reconocido prestigio. Lo que obliga al Consejo de Ministros a aprobar otro decreto - es lo que en principio hará- o cesarla.

Es más. Pilar Alegría acusó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de meterse en el territorio del Ejecutivo. «Es la primera vez en la historia que la Justicia invalida un nombramiento del Gobierno, a petición de una denuncia de una institución privada», señaló, en alusión a la Fundación Hay Derecho. «Máximo respeto, pero esto tampoco es un ejemplo de la separación de poderes», añadió.

Es verdad que, hasta ahora, el Supremo nunca había cuestionado la idoneidad de un presidente del máximo órgano consultivo del Gobierno. Pero también lo es que quienes precedieron a Valerio eran catedráticos, doctores en Derecho, letrados del Consejo de Estado y hasta uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

«Respeto a las sentencias, aunque en este caso no la compartimos, de lo contrario no la habríamos nombrado», insistió Alegría, dando por hecho que Valerio seguirá en su puesto, para el que fue designada en octubre de 2022.

«No llegué a ponerme la toga»

Cuando Valerio compareció ante la Comisión Constitucional del Gobierno como candidata del Gobierno, el 27 de octubre de ese año, ella misma declaró: «Recién finalizada mi licenciatura en Derecho en 1985, mi idea inicial fue dedicarme a la abogacía como laboralista. De hecho, durante la carrera estuve yendo a aprender y a hacer prácticas en esta materia al despacho de don Julio Martínez Loro, en Alcalá de Henares. Asimismo, colaboré con algunos despachos profesionales de Madrid informando sobre determinados asuntos que me planteaban, pero no llegué a ponerme la toga, no llegué a actuar en juicios; hacía la labor técnica previa».

El pasado jueves, tras conocerse el fallo del Supremo, el ministro de la Presidencia y de Justicia ya se quejó de que una entidad privada pudiera recurrir un nombramiento del Gobierno ante la Justicia. Unas declaraciones que fueron muy criticadas, puesto que para eso está precisamente el Poder Judicial: «No se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son competencia exclusiva del Gobierno de España», lamentó Félix Bolaños.

Ese mismo día el Ejecutivo recibió un segundo varapalo, puesto que por primera vez en democracia el CGPJ se pronunció en contra de la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado por no ser idóneo para el cargo.