El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares
España tendría que pagar 132 millones al año para oficializar el catalán, gallego y euskera en la UE
Un informe de la Comisión detalla que se necesitarían 44 millones de euros anualmente por idioma, para cubrir gastos como la contratación de traductores e intérpretes
El coste de la oficialidad del catalán, gallego y euskera en la Unión Europea sería de unos 132 millones de euros anuales, según Bruselas.
La estimación surge de un informe preliminar de la Comisión Europea, en respuesta a la solicitud del Gobierno de Pedro Sánchez, que quiere incluir estas lenguas cooficiales españolas en el régimen lingüístico de la UE. Dedicó parte del tiempo de su presidencia del Consejo Europeo, que en breves termina, a incrustar el tema en la agenda europea y prometió incluso que España cubriría el coste del proceso.
El informe de la Comisión detalla que se necesitarían 44 millones de euros anualmente por cada idioma para cubrir gastos como la contratación de traductores e intérpretes, y la adaptación de bases de datos y sistemas técnicos.
El modelo irlandés
La propuesta de España se basa en el precedente del gaélico irlandés, que se convirtió en lengua oficial y de trabajo de la UE en 2007. A pesar de ciertas excepciones y periodos transitorios, el gaélico logró un «régimen pleno» de oficialidad, un proceso que tardó casi veinte años en completarse.
Pero este caso, que incluía una sola lengua adicional, sirve de modelo para la estimación de costes relacionados con el catalán, gallego y euskera. La Comisión Europea, dirigida por Ursula von der Leyen, ha tomado como referencia a Irlanda para sus cálculos, enfatizando que para una estimación más precisa se deberían considerar aspectos como la disponibilidad de personal calificado y la existencia de bases de datos terminológicas.
El Gobierno de Sánchez, comprometido con los partidos independentistas catalanes, ha asegurado que asumirá el coste si la propuesta es aceptada. No obstante, la medida requiere el apoyo unánime de los países miembros, y algunos de ellos han mostrado reticencias. La discusión no solo se centra en aspectos técnicos y económicos, sino también en consideraciones políticas y la preocupación de establecer un precedente que podría aplicarse a otras lenguas minoritarias en Europa e impulsar movimientos secesionistas y nacionalistas en otros países.
España, a través del ministro de Exteriores José Manuel Albares, ha intentado presentar la solicitud como una propuesta exclusiva para las lenguas cooficiales españolas, argumentando sus características especiales. Sin embargo, la recepción de la propuesta entre los socios de la UE ha sido mixta, con varios países mostrando reluctancia a cualquier cambio en el régimen lingüístico actual.
Votar de nuevo
Actualmente, la UE cuenta con 24 idiomas oficiales, todos ellos oficiales en sus respectivos países, una condición que no se cumple con las tres lenguas cooficiales españolas. Estas lenguas, aunque reconocidas en la Constitución Española, solo son cooficiales en algunas comunidades autónomas, no en todo el país.
La Comisión Europea indica que un «periodo de introducción gradual» podría mitigar algunos de los costes asociados con la incorporación de estas nuevas lenguas. Este enfoque se alinea con el proceso seguido en el caso del gaélico, donde se estableció un periodo transitorio antes de alcanzar un régimen lingüístico completo.
El asunto volverá a discutirse en una próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales. La discusión promete ser intensa, dado que el tema aún no ha sido debatido en los grupos de trabajo del Consejo ni ha pasado por el servicio jurídico de la institución, como han solicitado Francia y otros países. La decisión de España de pedir un voto sobre la propuesta ha sorprendido a muchas delegaciones, teniendo en cuenta que cualquier reforma en este ámbito solo puede ser aprobada por unanimidad.