Safira Cantos: «El CGPJ no puede repartirse como un correlato de las mayorías parlamentarias»

Safira Cantos, (Valencia, 1976), abogada, se licenció en Derecho por la Universidad de Valencia. Ha completado su formación con varios postgrados en ESADE: gobernanza del sector público, dirección y gestión e innovación social, además de otras formaciones específicas en investigación de violaciones de derechos humanos o sistemas internacionales de protección. Desde marzo de 2022 es la directora general de la Fundación Hay Derecho donde llega, tras más de 10 años dirigiendo la organización Amnistía Internacional en Madrid.

Anteriormente trabajó en la resolución extrajudicial de controversias en la asociación de autorregulación de las comunicaciones comerciales (Autocontrol). Ha formado parte de varios organismos públicos de participación o consultivos. Actualmente es miembro del Foro de Gobierno abierto, del grupo de trabajo del despacho Cremades que audita los abusos sexuales de la Iglesia, de la Comisión de control de la Asociación Española de Fundraising y de la Junta de la asociación Más Democracia.

–Hay Derecho ha conseguido que el Supremo anule el nombramiento, nada menos, que de la presidenta del Consejo de Estado. ¿Cuál era el objetivo de la acción judicial más allá del resultado directo de la misma?

–La misión de Hay Derecho es promover el buen funcionamiento de las instituciones, combatir el abuso de poder y velar por que los poderes públicos -en este caso el Gobierno- en sus decisiones respeten la legalidad y ésta no se retuerza por razones de afinidad política u otros intereses. Por eso recurrimos ante los tribunales el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, al considerar que no se respetaban los requisitos de la Ley que lo regula.

Además, había en juego otra cuestión que defendíamos: el reconocimiento de la legitimidad de una organización de la sociedad civil para recurrir este tipo de decisiones. El Tribunal Supremo ha admitido la legitimidad de Hay Derecho con base en el trabajo riguroso de muchos años. Creemos que las organizaciones de la sociedad civil, en sus respectivos ámbitos de trabajo, tienen que poder impugnar las decisiones de los poderes públicos que afectan al interés general. Es lo propio en una democracia consolidada: que la sociedad civil pueda cuestionar con fundamento cómo actúa el poder.

Es democráticamente obsceno que una medida tan excepcional como al amnistía se adopte para acceder al Gobierno

–¿Considera que las instituciones españolas están en crisis?

–Asistimos a una crisis institucional derivada del empecinamiento en excederse de las propias funciones y en capturar desde el poder político instituciones que tendrían que actuar desde la imparcialidad, que tienen la esencial función de contrapeso o de garantía. Un problema actual es que desde el Ejecutivo se acude a atajos para legislar que menoscaban la función del Parlamento (por ej. el abuso del real Decreto-ley frente a leyes debatidas en el Congreso) o se realizan nombramientos al frente de entidades públicas o instituciones que no buscan la imparcialidad y el mejor desempeño sino la lealtad política en empresas públicas o en instituciones como la Fiscalía.

–¿El Poder Judicial entre ellas?

–Es importante distinguir el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano de gobierno de 21 miembros, del conjunto del poder judicial integrado por más de 5.500 jueces y magistrados. El CGPJ está en una crisis institucional y de legitimidad sin precedentes. Sus miembros tienen un mandado de 5 años y ya llevan 10, ¿se imagina alguien que no se convocaran elecciones cuando toca?. Pues el Parlamento es quien elige a los miembros del CGPJ. La ley exigen una mayoría cualificada (3/5 en cada cámara) buscando asegurar consensos amplios para elegirlos: que fueran juristas de reconocido prestigio e independientes y por ello respaldados por una amplia mayoría parlamentaria.

Parece que quieran que la Justicia funcione cada vez peor para justificar una mayor injerencia política. Esa deriva es muy peligrosa

Sin embargo los partidos políticos lo pervirtieron a un sistema de «cuotas»: se repartían los puestos como cromos según su resultado electoral. Y, los diputados de cada partido, con tal de que saliera el cupo de los suyos tragaban votando el cupo de los otros, aunque no fueran dignos de tal responsabilidad. El Partido Popular, al pasar a la oposición en 2018, motivado por el mero afán de control bloqueó la renovación del CGPJ que correspondía entonces. Esto es gravísimo. También es pertinente subrayar ese intercambio de puestos que venían practicando los dos partidos mayoritarios no respeta ni la Constitución ni la Ley, tal y como determinó el Tribunal Constitucional, porque el CGPJ no puede repartirse como un correlato de las mayorías parlamentarias. El PP cuando le tocaba menos cupo según este perverso modus operandi se plantó y bloqueó, pero el PSOE tampoco está dispuesto a pasar a un sistema que implique que ni uno ni otro controlen el Consejo. A su vez las presidencias de Congreso y Senado -son las cámaras quienes deben elegir a los vocales del CGPJ- han hecho total dejación de sus funciones. Este afán de control del CGPJ, que no dicta sentencias, es porque entre sus competencias está nombrar a Magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional, ascensos…

–Hay Derecho ha colaborado activamente en varias iniciativas contra la ley de amnistía, ¿cuáles han sido y por qué?

–En primer lugar, analizamos las implicaciones que la exigencia unilateral de una amnistía a cambio de votos para la investidura podía tener para el Estado de Derecho. Organizamos un primer seminario –de libre acceso y disponible– con tres visiones expertas sobre su encaje constitucional. Como Hay Derecho además lleva años monitorizando la situación del Estado de derecho, vimos claramente los riesgos que suponía. No es lo mismo analizar una amnistía en abstracto que la forma en que se estaba planteado en España: exigencia unilateral a cambio de votos y sin compromiso para un marco común de convivencia, de manera precipitada y sin debate social al haber sido hasta entonces insistentemente negada por el PSOE, sin búsqueda de consenso político lo más amplio posible, negociada fuera del Parlamento y tramitando la ley por la vía de urgencia.

Una medida tan excepcional (supone excepción a la separación de poderes, a la igualdad ante la ley, a la generalidad de la ley, basa su aplicación en la intencionalidad política de los hechos amnistiados…) es democráticamente obsceno que se adopte para acceder al gobierno. Si realmente mirase por la convivencia y el interés general se plantearía como parte de una ruta desde el gobierno, se abriría un debate amplio y plural y, desde luego, tomando en cuenta también a los catalanes no independentistas.

Tras los análisis iniciales nos dirigimos a las autoridades trasladando los riesgos detectados: al Presidente del Gobierno en primer lugar, seguidamente al Comisario de Justicia de la CE y a otras autoridades. Al mismo tiempo quisimos contribuir en dos direcciones: de un lado propiciando un debate con fundamento, lo organizamos en la sede el Parlamento Europeo en España en octubre, no solo desde un enfoque jurídico sino también sociológico, histórico y político, con voces diversas.

De otro lado, canalizando el descontento ciudadano ante esta amnistía a través de una petición a la que se han adherido más de 101.000 personas y hemos dirigido a la presidenta del Parlamento, con la propuesta de que se abra un debate amplio y plural con participación de la sociedad civil. Durante este tiempo hemos seguido analizando las novedades que se producían: acuerdos políticos, texto de la proposición de ley… y como siempre hemos puesto estos análisis a disposición de ciudadanía y autoridades. Además, hemos dirigido una petición fundada a la Comisión Europea para que examine los riesgos de la amnistía en relación con los principios del Estado de derecho en que se basa la UE.

–¿En España, hay lawfare?

–En España lo que hay es ansia política por influir en determinadas instancias judiciales que es bien distinto. No se puede afirmar que exista un general sesgo político en la acción de la justicia y apelar a ello desde el partido del gobierno para justificar injerencia política en la acción de la función judicial es una gran irresponsabilidad. Cosa diferente es que pueda haber concretas actuaciones de concretos jueces que se aparten de la legalidad y obedezcan a motivaciones ilícitas: ya sean políticas o de otra índole, porque una prevaricación puede afectar a cualquier ciudadano, que parece que solo importa lo que afecta a políticos. Si se detecta una irregularidad en la actuación de un juez se deben poner en marcha los mecanismos del sistema para frenarla: recursos, vía disciplinaria… todos. No permitirlo y mejorar la vigilancia, como garantía para todos.

Del mismo modo que si alguien acciona la justicia sin fundamento legítimo, por el mero deseo espurio de dañar o impedir el ejercicio de sus derechos y libertades a otra persona, hay que ser rotundos y no permitir que ese uso abusivo del derecho tenga recorrido judicial. Esto lo que implica es que el abuso se enfrenta con más Estado de derecho, no que se justifique enarbolar esos casos para hacer algo que va en dirección contraria, que busca politizar más la justicia.

–Se ha hablado de crear comisiones parlamentarias para revisar decisiones judiciales, ¿se ha acabado con la separación de poderes en nuestro país?

–Esta iniciativa colisiona frontalmente con la separación de poderes esencial para que no haya acumulación abusiva de poder en una democracia. Una cosa es evaluar la aplicación de una ley: qué impacto ha tenido, si ha servido para el fin previsto -lo que por cierto sería deseable siempre y no se hace- y otra bien diferente crear comisiones parlamentarias para revisar la actuación de los jueces sobre un concreto asunto de interés de los políticos. Es una injerencia inadmisible. Me gustaría ver una comisión parlamentaria que se ocupara de analizar la situación de la justicia de verdad: la demora judicial que sufren los ciudadanos, lo obsoleto de parte del procedimiento o la modernización de la gestión, y que propusiera medidas legislativas y presupuestarias para mejorar la justicia. Y también que un CGPJ no politizado fuera transparente en los criterios de los nombramientos discrecionales y en cómo se adjudican comisiones de servicios en órganos como la Audiencia Nacional. Las grietas en el Estado de derecho se solucionan con más Estado de derecho, no con menos.

–¿Cómo ven desde Europa esta situación?

–En Europa está preocupados y atentos a la situación, porque el Estado de derecho está sometido a enormes desafíos con estos envites; pero no podemos pretender que nuestros problemas se resuelvan desde Bruselas o Luxemburgo. La responsabilidad principal es nuestra y el rol de la ciudadanía es crucial. Es momento de que exijamos a los responsables políticos, por encima de ideologías, que respeten las reglas del juego.

Las grietas en el Estado de Derecho se solucionan con más Estado de Derecho, no con menos

–¿Considera que un fiscal general del Estado que ha sido duramente cuestionado por «desviación de poder» en el Supremo está legitimado para continuar en su cargo?

–Es insólito que un cargo como el de Fiscal General del Estado, que tiene el cometido de velar por el interés público y la legalidad actuando con imparcialidad, no solo permanezca sino que haya sido confirmado por el Gobierno en su función después de que el Tribunal Supremo haya apreciado desviación de poder en su actuación.

Creo que el exceso de politización les impide ver la gravedad del alcance de esta pérdida de confianza en las instituciones desde la óptica y el interés de la ciudadanía. Se está alimentando constantemente la percepción social de que todo se puede manipular políticamente y que según si me siento más afín o no a quien lo hace habré de justificarlo. En el fondo esto es muy antisistema. Es minarlo desde dentro.

–¿Cuáles son los retos más importantes a los que se asoma la democracia española a lo largo de los próximos meses?

–Que cada institución cumpla su papel y remontar la crisis de legitimidad que sufren. Hay políticos que hablan ya sin disimulo de ocupar o entregar instituciones, olvidan que las instituciones no son propiedad de los partidos. Los ciudadanos no podemos validar esto. Los partidos tienen un rol esencial en democracia, pero la partitocracia erosiona la democracia.

De lo anterior derivan varios retos: que el Parlamento sea lugar de deliberación, búsqueda de acuerdos y aprobación de leyes. Sin una mayoría fácil legislar es más complicado, y a la vez es una oportunidad para hacerlo encontrando puntos comunes y no intercambiando privilegios. Abusar desde el ejecutivo del decreto-ley o amordazar debates desde las mesas de las cámaras va en dirección contraria; renovación del CGPJ sin un reparto por cuotas partidistas; y, asegurar la neutralidad de las administraciones públicas y del conjunto del sector público, incluidas empresas y otros entes.

En España hay ansia política por influir en determinadas instancias judiciales

Transversalmente que el sistema sirva para que las libertades se preserven y los derechos de los ciudadanos sean efectivos. Esto me conecta con la importancia crucial de que no sucumbamos desde la ciudadanía a la tentación de la confrontación y el revanchismo. El enfrentamiento de trinchera puede ser emocionalmente estimulante e incluso adictivo. Lo revolucionario hoy en día es respetar el sistema y al tiempo ponerlo al servicio de todos. Sin embargo, incluso desde intereses aparentemente opuestos convergen planteándonos falsos dilemas, como elegir entre derechos sociales y buen funcionamiento institucional. Esta trampa pone en riesgo la esencia misma del Estado social y democrático de derecho, donde los elementos han de integrarse. Plantearnos elegir entre un mal o un mal mayor es perverso.

–¿Qué hoja de ruta tiene Hay Derecho para contribuir a mejorarlo?

–Hay una básica que es atender las recomendaciones de la CE recogidas en su informe de evaluación de la situación del Estado de derecho. Y esta remisión no es por un formalismo institucional, sino porque está realizada desde una visión ajena a la confrontación en clave nacional y porque está basada en estándares comunes europeos para democracias avanzadas. Implica no solo atender principios básicos del Estado de derecho como la separación de poderes sino medidas concretas, tales como: regular la influencia (lobby), abordar la gobernanza de los medios de comunicación, actualizar la legislación sobre secretos oficiales, proteger a quienes denuncian corrupción y reformar el sistema de elección del CGPJ, tras su inmediato y urgente desbloqueo.

Desde Hay Derecho contribuimos analizando e investigando con base en elementos objetivos: elaboramos una nueva edición de nuestro detallado informe de medición del Estado de Derecho en España; también del Dedómetro: un exhaustivo estudio sobre el mérito y la capacidad en los nombramientos de directivos del sector público; o mostrar si se legisla desde la evidencia o para la foto, cómo está funcionando la administración pública en sus relaciones con la ciudadanía o si los órganos de contrapeso y garantía funcionan adecuadamente.

Con base en lo que analizamos proponemos medidas de mejora. Nuestro empeño es que el sistema funcione bien gobierne quien gobierne, para ello nuestras iniciativas van desde propuestas institucionales o de enmiendas hasta recursos judiciales.

Por último, trasladamos esto a la ciudadanía, en varios registros: o un informe en profundidad o vídeos o explicaciones sencillas. Queremos que la gente se implique, esto no es cosa de juristas únicamente, aunque nuestra base sea siempre el análisis fundado. Y algo que nos hace especial ilusión: ser ágora de conocimiento, crear espacios de diálogo entre visiones diversas y reconocer a través de nuestro premio a personas valientes que actúan en favor del Estado de derecho.