Yolanda Díaz, a las puertas de la Justicia por negarse a desvelar sus gastos de viaje y dietas

Los requerimientos a causa de la desobediencia de Yolanda Díaz se acumulan en la mesa de su despacho. Y todo porque la vicepresidenta se niega a hacer públicos los gastos y dietas de sus viajes, cargados al erario. Aun habiendo sido condenada a ello. La líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno tiene otras prioridades, que no son precisamente cumplir con la legalidad vigente e informar a la ciudadanía sobre los gastos en los que incurre a cuenta de sus viajes, sino que prefiere dedicarse a marcar territorio en el seno del Gobierno, enfrentándose a Nadia Calviño por la reforma de los subsidios y desobedecer los reiterados mandatos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), lo que podría terminar en los tribunales.

Y es que los incumplimientos de la líder de Sumar ponen en evidencia su falta de disposición a rendir cuentas ante los ciudadanos, lo que ya le ha supuesto varios fallos en su contra del CTBG, como ha venido informando El Debate, tras sus reiteradas evasivas a la hora de responder a las cuestiones planteadas por este periódico.

Este caso concreto, se refiere a la resolución 712/2023 emitida el 6 de septiembre por el órgano independiente, en la que obligaba a Díaz a remitir en el plazo de diez días el «importe de las dietas abonadas a la ministra desde el año 2020 hasta el año 2022, proporcionando los detalles de fecha y motivo» y el detalle de los gastos en hoteles, desplazamientos y restaurantes que ha cargado a cuenta del Ministerio en el mismo periodo.

Sin embargo, Yolanda Díaz se niega a cumplir lo mandado pese a que la tiene sobre su mesa dos comunicaciones posteriores del CTBG, del 25 de septiembre y del 20 de octubre, en el que le reitera «la necesidad de dar cumplimiento a lo señalado en la parte dispositiva de la Resolución R CTBG 712/2023». Se trata de resoluciones ejecutivas desde el momento en que las mismas son dictadas, por lo que el obligado debe cumplirlas desde esa misma fecha.

Ante la desobediencia de Díaz a la hora de obedecer los mandatos legales, las fuentes jurídicas que tramitan el expediente confirman que han iniciado un procedimiento, «al amparo del artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa solicitando el cumplimiento íntegro de la resolución», avisando de que si no lo hace se llevará el asunto a los tribunales.

Es el último paso, una vez que desde que se solicitó la información, allá por enero de 2023, Trabajo ha esgrimido todo tipo de excusas y ha dilatado los plazos, para evitar explicar a los ciudadanos en qué gasta la ministra el dinero de los españoles. Ya se negó a desvelarlos en el mes de febrero apelando a un supuesto carácter «abusivo» de la solicitud, pero el CTBG dejó claro que en este caso «ni hay una extralimitación en la conducta carente de finalidad seria y legítima, con voluntad de perjudicar o huérfana de interés legítimo, ni se observa un exceso en el ejercicio del derecho que pueda calificarse como anormal».

Además, el Ministerio también consideró que la solicitud de estas cuantías «no se justifica con la finalidad de transparencia de la ley». Una afirmación que, según el CTBG «ayuna de toda motivación, resulta abiertamente incompatible con el criterio de nuestras Cortes Generales consagrado en el preámbulo de la LTAIBG».

De hecho, dejo plasmado en su resolución que «conocer el importe de las dietas y gastos abonados a los altos cargos y miembros del Gobierno contribuye indudablemente a conocer cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, por lo que entronca directamente con la finalidad de transparencia de la acción de los responsables públicos».

Sin embargo, Yolanda Díaz se ha negado sistemáticamente a responder a este tipo de cuestiones, y como muestra son los requerimientos en poder de El Debate, en los que se pone de manifiesto la actitud rebelde de la ministra, tanto en este caso, como en lo referente a su viaje a Brasil en el Año Nuevo de 2023 con motivo de la toma de posesión de Lula da Silva.

De nuevo, el CTBG ha tenido que reprender a la vicepresidenta por no dar cumplimiento a lo señalado en la parte dispositiva de la Resolución R CTBG 890/2023 de 25 de octubre de 2023, en la que se le obligaba expresamente a remitir una relación de acompañantes con los que viajó, junto con el detalle de los gastos de alojamiento derivados de la estancia, los gastos de desplazamiento, con indicación de medios de transporte empleados y el importe total del viaje.

También debía facilitar una copia de la documentación justificativa de la necesidad de que la vicepresidenta asistiera al viaje, teniendo en cuenta que ya viajaba el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, acompañando al Rey; los objetivos que se pretendían alcanzar con la visita y criterios para la selección de los acompañantes de la vicepresidenta del Gobierno.

Sin embargo, tampoco lo ha hecho, lo que demuestra la poca predisposición del Gobierno, y en este caso de Yolanda Díaz, de cumplir no solo con la ley, sino incluso con lo pactado en el acuerdo entre PSOE y Sumar, que establecía como uno de los objetivos de la legislatura «profundizar en la evaluación de las políticas públicas, en la rendición de cuentas y en los mecanismos de transparencia». Un punto en el que parece haber cambiado de opinión.