La Fiscalía sigue la hoja de ruta de Sánchez con la amnistía y calla contra los ataques del separatismo a jueces y fiscales

En plena crisis de la Justicia en España, tras el señalamiento de jueces y fiscales, al hilo del lawfare contenido en los pactos políticos suscritos entre el PSOE y Junts, para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la Fiscalía General del Estado se ha convertido en la única institución que guarda un atronador silencio. El recién renovado titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz ha descartado pronunciarse en contra de los ataques dirigidos tanto por algunos de los miembros del propio Ejecutivo socialista que lo ha nombrado, como los de sus socios separatistas catalanes beneficiados por la ley de amnistía que ya ha superado el primer trámite parlamentario para su aprobación.

Mientras el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y su homólogo en el Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, no han dudado en emitir sendos comunicados condenando las palabras de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras –quien desde la tribuna de oradores del Congreso apuntó a magistrados concretos por su participación en causas relacionados con el procés de Cataluña– García Ortiz ha preferido ponerse de perfil.

Así las cosas, el fiscal general ha desoído la petición que, hasta en dos ocasiones, de manera formal le han trasladado los fiscales de Sala Penal del Supremo, para convocar un Pleno extraordinario en amparo de sus cuatro compañeros en el punto de mira del independentismo y se ha limitado a dejar pasar el tiempo para diluir el asunto en el orden del día del último Pleno ordinario del Consejo Fiscal, el próximo 20 de diciembre.

Sin embargo, García Ortiz quien el 16 de noviembre, una semana antes de ser confirmado en su cargo durante la próxima legislatura aseguró –en una respuesta indirecta a los 18 fiscales del Supremo que mostraron su «decepción» por la «falta de voluntad» de García Ortiz para dar un paso al frente y salir en su defensa ante los ataques de «lawfare»– que debía «respetar el principio de separación de poderes» y evitar «cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado», no ha tenido reparo en reclamar ya a la Fiscalía Catalana y a la Audiencia Nacional todas las causas pasadas y presentes que puedan beneficiarse de la amnistía.

Y lo ha hecho en una instrucción interna en la que daba indicaciones al jefe del Ministerio Público en Barcelona para que recopilase toda la información solicitada y la pusiese a su disposición pese a que la norma, sobre la que no ha querido pronunciarse por no ser de aplicación, no había ni siquiera iniciado su tramitación en el Congreso.

Cabe recordar que la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la gran beneficiada por el propio García Ortiz en materia de nombramientos, y que gracias a ello ya monopoliza algunos de los cargos más relevantes en el seno de la institución, se hacía eco de las palabras del fiscal general en la Junta de fiscales Superiores en La Coruña en «apoyo» de todos los fiscales de España, en especial de aquellos que han intervenido en causas relacionadas con el procés.

Pero este miércoles, la UPF era la única entidad que no se sumaba al resto de las asociaciones de jueces y fiscales de nuestro país para condenar de manera tajante las declaraciones vertidas por la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados contra los magistrados Manuel Marchena, Pablo Llarena, Carlos Lesmes y Carmen Lamela.

El comunicado conjunto de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD), Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), calificaba como «inasumible en democracia» el señalamiento público de jueces por parte de la portavoz de Junts en sede parlamentaria.

Antes ya habían sido el secretario de Estado de Justicia, Tonxu García, la portavoz de la Generalitat de Cataluña, el nuevo ministro de transportes, Oscar Puente, el propio Pedro Sánchez o los miembros de Podemos y Sumar, que han interpuesto sendas querellas apoyados en el lawfare, quienes contribuían al señalamiento de jueces, magistrados y fiscales sin encontrar todavía respuesta explícita y contundente alguna en Álvaro García Ortiz. Al fin y al cabo, «¿de quién depende la Fiscalía?». «Pues eso».