Cristina Dexeus: «El señalamiento de jueces y fiscales, por cumplir la ley y aplicarla, es un acto de revancha»

Cristina Dexeus es, además de la decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, la presidenta de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria de una Carrera que aglutina un total de 2.500 fiscales en toda España. Dexeus es una pionera en su profesión que se caracteriza por su moderación.

Es, sin embargo, una mujer de carácter y determinación, comprometida con la defensa de la legalidad que predica su profesión y que, en los últimos meses, se ha pronunciado en temas muy delicados que afectan a la imagen de la institución y a la labor de los miembros que la componen. Especialmente, en el caso de los fiscales que han intervenido en causas judiciales relacionadas con el procés.

Se ha quebrado el Estado de Derecho en España... Es incomprensible, desde el punto de vista democrático, que políticos pacten con otros políticos condenados o fugados de la Justicia por un puñado de votos

- Jueces y fiscales señalados en España, el titular parece impos

- Hace unos meses no hubiéramos creído posible que en el Congreso se oyera a un diputado señalar a jueces, llamarles indecentes, pedir su cese y que sean enjuiciados. Era impensable. Se está retrocediendo a pasos agigantados en el Estado de Derecho. Y lo que es más grave, sin que ninguno de los ministros del Gobierno, presentes en esa intervención, hiciese ningún tipo de manifestación en defensa de esos jueces.

- ¿Ha tenido la ocasión de hablar con algun de ellos? ¿Cómo se encuentran?

- No he contactado con ninguno de ellos, pero dada su calidad humana, su profesionalidad y su integridad, estoy segura de que esas intervenciones no afectarán en modo alguno en su forma de trabajar. Es lamentable el nivel al que se ha llegado en el Congreso español.

- ⁠El señalamiento público de quienes han aplicado la ley cumpliendo con su trabajo por los pactos del partido en el Gobierno con quienes incumplieron la ley y las sentencias judiciales, ¿se ha roto el Estado de Derecho en España?

- En cierto modo, sí se ha roto o se ha quebrado el Estado de Derecho en España porque es incomprensible, desde el punto de vista democrático, que políticos pacten con otros políticos condenados o fugados de la Justicia por un puñado de votos. La amnistía, el olvido absoluto de los delitos de corrupción o de terrorismo cometidos por políticos, responde a un objetivo exclusivamente espurio y partidista: el solo propósito de obtener un apoyo puntual para la formación de un Gobierno. Eso sí va en contra del Estado de Derecho y de los principios de la Unión Europea.

Y es que no sólo se ha conseguido el abaratamiento de la peor corrupción que es la malversación de caudales públicos, sino que lo que se pretende es que esos delitos, cometidos por políticos, queden olvidados sin entrañar ningún tipo de responsabilidad.

- Desde la AF se han pronunciado de manera muy contundente contra estas prácticas, ¿por qué ?

- La Asociación de Fiscales tiene como uno de sus fines la defensa del Estado de Derecho y de la Constitución y es más que evidente que, cuando el poder político se entromete en el funcionamiento y en las decisiones del Poder Judicial, se está quebrando el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia que es piedra angular de nuestra Constitución y de los tratados de la Unión. Por eso la Asociación de Fiscales no puede dejar pasar esta situación sin denunciarla.

Además, el que no esté dispuesto a luchar por su libertad está condenado a perderla. Por ello denunciamos estas prácticas tanto a nivel nacional como ante la Comisión Europea, para que conozcan la situación de crisis institucional que se está produciendo en España e intervenga.

En un Estado de Derecho no es tolerable el señalamiento a jueces, fiscales y policías por cumplir con la ley. Y, mucho menos, por parte de aquellos que han sido condenados por cometer delitos, no por su ideología, como venganza contra actuaciones judiciales realizadas desde la independencia judicial, en aplicación de la ley y con todas las garantías procesales.

- ⁠El fiscal general del Estado ha guardado silencio tanto sobre esto como sobre la amnistía, ¿cree que está incumpliendo con sus funciones por lealtad al Gobierno?

- Compete al Ministerio Fiscal, entre otros fines, defender la independencia judicial. Esta función obliga necesariamente a manifestar el rechazo al señalamiento público de jueces y fiscales por el cumplimiento de su deber. Y eso es lo que pedíamos al fiscal general del Estado, que hiciera, que se pronunciara, que se manifestara y mostrara cierto respeta las resoluciones judiciales rechazando el señalamiento fruto de los pactos entre PSOE y Junts, sobre la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria. Porque no son sino una intromisión en la labor Judicial y, como mínimo, resultan una coacción. Una amenaza velada contra quienes ejercen, de forma independiente, sus funciones.

- El CGPJ considera que García Ortiz no es idóneo para el puesto, el Supremo señaló su «desviación de poder», ustedes pidieron su dimisión y sigue al frente del Ministerio Público…

- Durante el mandato de Álvaro García Ortiz se han producido una serie de nombramientos en favor de Dolores Delgado. El primero, que supuso su ascenso a la primera categoría, ha dado lugar a una resolución judicial del Tribunal Supremo donde se adjudica al fiscal general del Estado una actuación que conlleva «desviación de poder». Eso, junto con la política general de nombramientos del fiscal general del Estado y su silencio ante los pactos del PSOE y Junts… han determinado que la Asociación de Fiscales exigiera su dimisión. Y es lo que, al final, ha determinado, también, a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial al informar en contra de su idoneidad para ejercer el cargo que ocupa.

Existe una petición de convocatoria de Pleno extraordinario del Consejo Fiscal por parte de los vocales de la Asociación de Fiscales para debatir la proposición de ley de la de Amnistía. El fiscal general del Estado ha sido siempre renuente a pronunciarse sobre ello. En primer lugar, cuando la norma era un simple anuncio, se opuso a cualquier pronunciamiento al considerar que se carecía de contenido normativo conocido y limitándose a decir que hasta que no esté publicada en el BOE no había nada que comentar... En definitiva, no tiene interés en estudiar previamente el contenido de lo que ya es una proposición de Ley de Amnistía, pero tendrá que hacerlo en contestación a esa petición de Pleno extraordinario que le ha sido reiterada ya en dos ocasiones. Así que esperamos que se produzca el debate en el seno del Consejo Fiscal, especialmente, tras la petición de informe sobre la norma que ha tramitado el Senado.

- ¿Es compatible una posición pasiva sobre la amnistía con reclamar todas las causas penales que se verán beneficiadas por ésta?

- La excepcionalidad de una ley de amnistía cuyo encaje constitucional es más que debatido y que, además, lejos de responder a la finalidad que se dice que tiene, de mejorar la convivencia, responde exclusivamente a fines partidistas y no representa más que un enjuague entre políticos que se necesitan, merece un amplio debate sobre su contenido. Creo que es tremendamente necesario y, desde luego, ilustrativo y enriquecedor, hacer un estudio de la norma por su excepcionalidad y por la finalidad que la justifica, que no es la que se dice en el preámbulo, sino la que todos conocemos.

- Tras la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala, ¿consideran que se da un precedente de cara al recurso que ustedes presentaron en Memoria Democrática?

- El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar fue recurrido por uno de los compañeros que se postulaban para la misma plaza y fue anulado por el Tribunal Supremo que, entre sus argumentos y de forma severa, lo hizo indicando que el fiscal general del Estado había incurrido en desviación de poder para darle el ascenso. Por ello, la Asociación de Fiscales tiene recurrido el nombramiento de delegado para la Plaza de Fiscal de Sala de Memoria Democrática que, en la actualidad, es la que realiza la fiscal Delgado.

Consideramos que la anulación del primer nombramiento puede también condicionar este segundo y no es más que un argumento más a tener en consideración por parte del Tribunal Supremo, a los que ya se han aportado nuestra demanda, relacionados con la consideración de que existe una causa de incompatibilidad previa que hacen que la candidata sea inidónea para ocupar dicha responsabilidad. Incompatibilidad con la actividad profesional de su marido, Baltasar Garzón, cuyo despacho y Fundación se dedican a fines similares a los que tiene adjudicados en la ley la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática.

- ⁠¿Si se produjese una segunda anulación de esta envergadura podría continuar García Ortiz en el cargo?

- Si se produjera la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, y se produjera, por tanto, una doble anulación de sus designaciones quedaría, desde luego, en entredicho la política de nombramientos del fiscal general del Estado que debería llevarle a una seria reflexión acerca de la fundamentación o la justificación con que está haciendo determinadas elecciones para la Carrera Fiscal. Sin duda, y por el mejor interés de la institución, debería enmendarse.

- ¿Se han dirigido a Europa en numerosas ocasiones para denunciar las irregularidades en la FGE, ¿qué esperan conseguir?

- La Unión Europea requiere una serie de estándares democráticos para que los Estados miembros sean verdaderos estados de derecho. Entre ellos, la separación de poderes y la imparcialidad del Poder Judicial. Por ello, la Asociación de Fiscales participa, cada año, con sus informes en la evaluación del Estado de Derecho en España, poniendo en evidencia determinadas situaciones en relación con el Ministerio Fiscal que debieran de mejorarse para dotar de una mayor apariencia de neutralidad a la institución. Y, en especial, a quien la dirige, al fiscal general del Estado. De ahí que en esos informes hayamos puesto en conocimiento de la Comisión Europea la necesidad de que su nombramiento no coincida en una persona que haya ostentado cargos políticos de responsabilidad. Esto es, se trata de establecer cláusulas que eviten las puertas giratorias. El mandato del titular del Ministerio Público no debería coincidir con el del Gobierno que propone su nombramiento y, por tanto, su cese tampoco producirse cuando se produce el cese de dicho Ejecutivo.

También hemos advertido a la Comisión Europea de las reformas legislativas por procedimientos de urgencia y sin debate parlamentario, como la que determinó la desaparición en el Código Penal del delito del delito de sedición para beneficiar a los políticos independentistas condenados por el Tribunal Supremo y que apoyaban al Gobierno en la anterior legislatura. Avisamos de la modificación del delito de malversación de caudales públicos para abaratar sus penas a los efectos de beneficiar a los políticos condenados de Esquerra Republicana (ERC). Y, además, hemos puesto en evidencia en Europa de la situación que se está produciendo en España en relación con el principio de igualdad ante la ley. Porque las reformas legales consumadas y la amnistía vienen a beneficiar, en particular, a determinados políticos penados.

Seguiremos informando a Europa de la situación de crisis del Estado de Derecho que tiene lugar a pasos agigantados en España con la intromisión intolerable del Poder Legislativo en las funciones atribuidas a los jueces de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Porque los señalamientos interesados de jueces, magistrados y fiscales, de quienes fueron sentenciados o, en su caso, procesados, y ahora van a ser beneficiados por una ley de amnistía que borra todos sus delitos, son un acto de revancha.