Junts, ERC y Bildu acceden a la comisión de secretos oficiales en plena cacería contra los jueces

La misma Míriam Nogueras que la semana pasada subió a la tribuna del Congreso para señalar con su dedo inquisidor a varios jueces -Manuel Marchena, Pablo Llarena y Carmen Lamela, así como al expresidente del CGPJ Carlos Lesmes y la magistrada del Constitucional Concepción Espejel- será una de las diputadas que, este martes, pasen a formar parte de la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados. Comúnmente conocida como la comisión de secretos oficiales del Congreso.

Nogueras y, también, los portavoces de Bildu y de ERC, Mertxe Aizpurua y Gabriel Rufián, respectivamente. Con la paradoja de que esos mismos forzaron, hace solo días, la creación de tres comisiones de investigación sobre el espionaje al independentismo. Para llegar a la conclusión de que ha existido y existe lawfare por parte del poder judicial español.

El pleno de la Cámara Baja debatirá y votará este martes a los diputados que formarán parte de la comisión parlamentaria que maneja la información más sensible del Estado, es informada acerca de los gastos reservados y controla las actividades del CNI. De hecho, sus sesiones se celebran siempre a puerta cerrada y los que participan están obligados a no revelar ninguna información acerca de lo que allí se hable o de los documentos que se les muestren.

Dicha comisión estará presidida por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los elegidos serán únicamente nueve: los portavoces de cada grupo parlamentario. Por parte del PP, Miguel Tellado; del PSOE, Patxi López; de Vox, Pepa Millán; de Sumar, Marta Llois; de ERC, Gabriel Rufián; de Junts, Míriam Nogueras; de Bildu, Mertxe Aizpurua; del PNV, Aitor Esteban. En el Grupo Mixto hay cuatro partidos, Podemos, Coalición Canaria, UPN y el BNG, pero solo pueden designar un portavoz en esta comisión. Este lunes a última hora de la tarde sus miembros aún no habían tomado una decisión.

Nogueras, Aizpuru y Rufián entrarán en la comisión de secretos oficiales esta legislatura porque así lo va a permitir el PSOE. Cada aspirante tiene que sacar 176 votos, mayoría absoluta, tras la rebaja de las mayorías que los socialistas impulsaron en 2022. Y el bloque de investidura se basta y se sobra. El voto de cada diputado es secreto y se introduce en una urna, pero no se espera ningún giro de guion.

Aquella línea roja

En realidad, Pedro Sánchez cruzó esta línea roja la pasada legislatura, en medio de la crisis política que le ocasionó el caso Pegasus: el espionaje a líderes independentistas con autorización judicial, que supuso la destitución de la entonces directora del CNI, Paz Esteban.

Por aquellas fechas, en abril de 2022, los separatistas catalanes montaron en cólera y exigieron entrar en la comisión de secretos oficiales del Congreso para depurar responsabilidades. Hasta entonces, el Reglamento de la Cámara Baja estipulaba que sus miembros debían salir elegidos por una mayoría de tres quintos, 210 diputados, así que sin el PP no había nada que hacer. Los populares no querían que Bildu y los partidos del procés tuvieran acceso a información confidencial, así que tenían bloqueado el proceso de selección desde que arrancó la pasada legislatura.

La legislatura pasada, el PSOE rebajó las mayorías de elección de los miembros de la comisión de secretos oficiales

¿Qué hizo Sánchez? A grandes malos, grandes remedios. Ordenó a la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, reformar el Reglamento y rebajar la mayoría de elección necesaria para sortear el veto del PP: de 210 a 176 diputados. Según los socialistas, con el objetivo de «posibilitar que el pluralismo político representado en la Cámara» tuviera acceso a las materias clasificadas. La realidad fue que se trató de otra concesión al independentismo.

La comisión menos secreta

La primera sesión de esa comisión parlamentaria se celebró el 5 de mayo de 2022 y en ella compareció Paz Esteban, entonces aún directora del CNI. Se suponía que lo que allí contó era materia reservada y los diputados no podían desvelar ni una sola palabra. Pero, a la salida, a Rufián le faltó tiempo para ponerse delante de la cámara de TV3 y dar todo tipo de detalles. Según el portavoz de ERC, Esteban les aclaró que el CNI solo había pinchado los teléfonos de 18 de los más de 60 dirigentes espiados, previa autorización judicial. Rufián atribuyó a «organismos descontrolados» del Estado o a terceros países el resto de las escuchas.

Ese mismo día alguno de los portavoces presentes en la comisión también filtró a la prensa que, según había declarado a puerta cerrada la directora del CNI, uno de los políticos investigados había sido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Éste interpuso una querella contra Esteban y contra la empresa israelí fabricante de Pegasus. La Audiencia Nacional acabó archivándola. Sin embargo, el pasado mes de octubre el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona reactivó el caso y citó a declarar a la exdirectora de los servicios de inteligencia para este 13 de diciembre, aunque finalmente su declaración quedó aplazada hasta el próximo enero, a petición de ella.

Junto a aquella, Sánchez hizo otras dos a los secesionistas para aplacar sus ánimos. Por un lado, se comprometió a aprobar una Ley de Información Clasificada que vendría a sustituir la actual Ley de Secretos Oficiales, que data del año 1968. El Consejo de Ministros llegó a aprobar un polémico anteproyecto de esa ley en agosto de 2022. En resto recibió la crítica de varios órganos consultivos del Estado, juristas y asociaciones de la prensa. Especialmente, por la discrecionalidad con la que el Gobierno podía clasificar materias utilizando como coartada la seguridad nacional. Con la convocatoria de elecciones anticipadas ahí quedó, en un cajón. A mayores, en la primavera de 2022 el presidente también anunció una reforma de la ley orgánica que regula el control judicial previo del CNI, que data de 2002. Nunca se supo nada más.