El CGPJ acuerda por unanimidad «denegar» a Congreso y Senado las comisiones a jueces y magistrados por el lawfare

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «denegará la autorización de comisiones de servicios a los jueces y magistrados para que comparezcan a declarar» ante las comisiones de investigación parlamentaria que han sido aprobadas por el Gobierno, en el marco del lawfare alcanzado en los pactos entre el PSOE y Junts, para pedir explicaciones a los miembros de la Judicatura por «hechos de los que tengan o hayan tenido conocimiento con ocasión de su actividad jurisdiccional».

Así lo ha acordado por unanimidad el Pleno del Consejo, este jueves, en una decisión histórica en la que, además, insta al Congreso y al Senado para que se «abstengan» de citar a los miembros del Poder Judicial en dichos términos.

La decisión del CGPJ llega como colofón a las declaraciones y comunicados del órgano, emitidas a través de la Comisión Permanente, de su presidente interino Vicente Guilarte y de sus Vocales, así como las del Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencias Provinciales, los Jueces Decanos y numerosas instituciones públicas y privadas «alertando de los riesgos que para la independencia judicial pudiera suponer que las Comisiones de Investigación recientemente constituidas en el Congreso de los Diputados pudieran acordar la comparecencia ante ellas de miembros de la carrera judicial a fin de que declaren sobre asuntos de los que conozcan o hayan conocido en el ejercicio de la función jurisdiccional».

No en vano, en las últimas semanas, tal y como ha hecho constar el Consejo en su acuerdo institucional «destacados portavoces de los grupos parlamentarios que han promovido la constitución las comisiones de investigación insisten en que se recabe la comparecencia en ellas de jueces y magistrados», han vertido numerosas acusaciones y señalamiento a los profesionales del Poder Judicial.

El acuerdo alcanzado se notificará a los presidentes de Congreso y Senado y a la Red Europea de Consejos de Justicia

Un escenario en el que el CGPJ ha entendido «necesario» pronunciarse «para manifestar, en primer lugar y sin reserva alguna, el absoluto respeto de este órgano constitucional a la autonomía de las Cámaras que forman las Cortes Generales para que creen cuantas comisiones de esa naturaleza estimen conveniente al amparo del artículo 76 de la Constitución Española a fin de esclarecer los hechos acaecidos sobre los asuntos objeto de las mismas con el propósito de exigir, en su caso, la responsabilidad política gubernamental que proceda».

Pero, «con la misma claridad y firmeza que respeta la autonomía parlamentaria, el Consejo General del Poder Judicial debe garantizar en todo momento y bajo cualquier circunstancia la independencia judicial». Por ello y «por imperativo del propio artículo 76 CE, en conjunción con el artículo 117 CE y los artículos 396 y 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ha de quedar constancia de que dichas comisiones parlamentarias carecen de atribuciones para llamar a declarar ante ellas e investigar a jueces y magistrados sobre asuntos que estos conozcan o hayan conocido en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».

«Jueces independientes e inamovibles»

«Los jueces y magistrados están plenamente sometidos a la Constitución y a las leyes y sujetos a responsabilidad disciplinaria y penal cuando incurran en los supuestos tipificados como infracciones o delitos, respectivamente», recuerda el Pleno del Consejo al Congreso y al Senado. Ahora bien, «la exigencia de la primera corresponde en exclusiva a este Consejo por mandato del artículo 122 CE y, la segunda, a los órganos judiciales servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».

Unas condiciones que, «obviamente, no reúnen, los miembros de las comisiones parlamentarias de investigación, pues, al fin y al cabo, su función representativa se desenvuelve en el plano estrictamente político y está orientada y limitada, en lo que aquí importa, a la exigencia de responsabilidades de esa naturaleza», subrayan todos los vocales del Consejo sin excepción.

En consecuencia, «en el supuesto de que, a pesar de lo anterior, los jueces y magistrados fueran llamados a declarar ante las repetidas comisiones de investigación sobre asuntos en los que hayan o estén interviniendo en su condición de tales, incluso bajo la advertencia de que pudieran incurrir en responsabilidad penal si no comparecieran, no tendrán la obligación de atender el requerimiento que se les envíe a tal efecto, no deberán comparecer en ellas y el Consejo General del Poder Judicial, tampoco, autorizará comisiones de servicios por tal motivo».

Por último, el recordatorio lanzado por el CGPJ a Congreso y Senado de que «cada poder ha de circunscribir su actuación a su ámbito respectivo» se ha completado con el «llamamiento a que se proceda, cuanto antes, a la renovación» del propio Consejo y, con ello, «se ponga fin a la anomalía constitucional en la que nos encontramos cuya duración ha rebasado con creces el límite de lo tolerable».