Niko Lavranos: «España está dispuesta a violar sus obligaciones internacionales si no le convienen»

Niko Lavranos (Holanda, 1971) es experto en Derecho Internacional y ha dedicado su actividad profesional a la redacción de Tratados de Comercio e Inversión y conoce de primera mano el sistema de arbitrajes internacionales por su vinculación al CIADI que depende del Banco Mundial, además de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Fundador de la consultora holandesa NL Invest Consulting elabora, anualmente, el Índice de Cumplimiento de Resoluciones Internacionales, un estudio que analiza el número de casos de mediación y arbitraje a nivel mundial y el porcentaje de incumplimientos a los mismos por parte de los Estados afectados por sentencias desfavorables.

–¿Cómo y por qué elaborar un informe sobre el incumplimiento de decisiones judiciales a nivel internacional?

–Porque, hasta ahora, todos los informes realizados en este campo se habían centrado únicamente en el resultado de los procedimientos de arbitraje. Es decir, en determinar si el inversor o el Estado ganaron y, si el inversor ganó, cuánta compensación se le otorgó. Sin embargo, nadie se había preguntado en qué medida los Estados cumplen realmente con esas sentencias o se niegan a pagarlas. En total, el índice encuentra que el 93 % de los procedimientos de arbitraje se han cerrado sin impagos e incumplimientos, de modo que la situación que vemos en España es poco habitual.

El índice tiene, además, la fortaleza de explicar claramente la situación a nivel internacional, con datos transparentes y de acceso abierto. Eso es lo que explica que los resultados tengan mucha difusión y, lamentablemente, que un país como España salga claramente perjudicado con la divulgación de los mismos, porque suma muchos incumplimientos, lo cual resulta muy perturbador teniendo en cuenta que todo país de la UE debería ser, a priori, garante del Estado de Derecho y del imperio de la ley.

–¿Cómo definiría el mensaje que los países incumplidores envían a los inversores? ¿Qué cree que tienen en común los gobiernos que incurren en estos impagos?

–El mensaje que envían esos Estados a los inversores es claro: no somos de fiar, no ofrecemos certeza legal y estamos dispuestos a violar nuestras obligaciones internacionales si nos sentimos justificados para hacerlo por una u otra razón. La similitud que se aprecia en todos estos casos es que estos gobiernos se consideran libres de elegir si cumplen o no con sus obligaciones internacionales, de modo que las promesas que hicieron a los inversores se convierten en algo sujeto a continuos cambios y modificaciones. Por supuesto, así no es como debería funcionar el Derecho Internacional y así no es como deberían actuar los Estados.

España sale claramente perjudicada porque suma muchos incumplimientos. Es muy perturbador. Todo país de la UE debería ser garante del Estado de Derecho y el imperio de la ley

–España ocupa las primeras posiciones de la clasificación, ¿la UE no tiene nada que decir al respecto?

–Hasta ahora, la Comisión Europea no ha actuado contra España y esto va en contra de su misión declarada de proteger el Estado de Derecho. Se supone que sus decisiones con relación a Hungría o Polonia van en esa línea, pero, ¿qué ocurre entonces con lo que está haciendo España? En la práctica, si la Comisión Europea no empieza a tomar cartas en el asunto, Bruselas estará contribuyendo a socavar el cumplimiento de la legalidad y del derecho internacional.

–¿Este tipo de posición socava la credibilidad de un Estado entre la comunidad inversora?

–Sí, absolutamente. Los inversores se lo piensan dos veces antes de invertir en España y, si lo hacen, es sabiendo que asumen una prima de riesgo y que deberán actuar con cautela y reservas, cubriendo por adelantado posibles pérdidas y renunciando a materializar todos los proyectos que podrían salir adelante si la situación fuese otra.

–¿Cómo afecta el comportamiento del gobierno español a la reputación de nuestro país en el extranjero? ¿Se nos ve como un país confiable o esto crea una percepción negativa?

–El índice muestra que se han abierto más de 50 casos de arbitraje contra España, que es el mayor número de casos contra cualquier país en el mundo. Por lo tanto, la percepción es cada vez más negativa, especialmente porque en los últimos años se han emitido sentencias que zanjan estos procesos y, sin embargo, están pendientes de cumplimiento por el gobierno español. Por todo ello, España parece ser un socio poco fiable y un mercado inestable, con inestabilidad política y sin seguridad jurídica a largo plazo. De hecho, el nivel de Inversión Extranjera Directa en España ha disminuido este año casi un 25 %.

–En su opinión, ¿aumentarán en el futuro los embargos contra España debido al impago de estas sentencias?

–Cada día que España mantiene su impago de los laudos, los costes totales aumentan, porque las sentencias están ligadas a los intereses de demora, lo que va elevando la factura. De hecho, los costes legales de todos los procedimientos legales que se están librando en países como Australia, Estados Unidos o Gran Bretaña se pagan con dinero de los contribuyentes.

–¿Cuál es el punto de no retorno? ¿Tendrá nuestro país que pagar o enfrentar embargos hasta que las empresas recuperen todo el dinero?

–Cuando una sentencia se vuelve final y ya no se puede impugnar, en ese momento se alcanza el punto de no retorno, lo que significa que esos laudos son vinculantes en virtud de los compromisos de Derecho Internacional adquiridos, de modo que no son casos voluntarios, sino procesos oficiales que deben pagarse.

Los titulares de las sentencias seguirán actuando para protegerse ante los impagos si no hay respuesta por parte del gobierno. Continuarán buscando activos propiedad del Estado español, como ha ocurrido ya con inmuebles como la sede londinense del Instituto Cervantes, y estos bienes serán embargados para así recuperar el dinero pendiente de pago.

España parece un socio poco fiable y un mercado políticamente inestable, sin seguridad jurídica a largo plazo. El nivel de Inversión Extranjera Directa ha disminuido casi un 25% este año

La mejor solución, y la forma más rápida de arreglar el problema, sería sentarse con todos los inversores y encontrar una solución común que permita liquidar todas las reclamaciones de una vez por todas. Argentina, Ecuador y otros países ya han empezado a trabajar en ello y podrían desaparecer del índice en 2024 si prosperan los acuerdos que están explorando con sus acreedores. El nuevo gobierno español tiene la posibilidad de hacer eso mismo y encontrar una solución con todos los demandantes, no solamente los que ya han ganado y esperan el pago, sino también los que siguen litigando a la espera de una decisión.

–¿Qué podemos perder y cuánto hemos perdido hasta ahora?

–Como muestra mi estudio, hasta ahora los costes totales para los contribuyentes españoles ascienden a 1.200 millones de euros (unos 1.300 millones de dólares) pero el sobrecoste financiero y legal derivado de las condenas en costas, los intereses de demora y los honorarios de abogados y consultores supera ya los 250 millones de euros, equivalentes a un total de 275 millones de dólares. Estimo que el monto final aumentará, sin duda, hasta situarse por encima de los 2.000 millones salvo que se actúe rápido y con decisión.