Política «de Estado», lo que el Rey debe darnos

El prontuario de la monarquía «parlamentaria» lo escribió en 1867 Walter Bagehot, que cambió sus quehaceres en un banco por el periodismo en The Economist. Pero, además de redactor jefe del periódico, Bagehot fue autor de The English Constitution, un ensayo sobre una Constitución «no escrita», la inglesa, que se deduce de la reunión de documentos, normas, sentencias y tratados. La obra de este autor polivalente y prolífico mantiene hoy su vigor e inspira como ninguna otra la praxis diaria de un monarca parlamentario y el oportuno desempeño del modelo de democracia que elegimos en España hace cuatro décadas, plasmado en la Constitución –escrita, esta sí– de 1978.

El 29 de septiembre de 1977, el filósofo Julián Marías, senador por designación real, solicitaba incluir, entre las facultades del Rey, la de dirigirse al pueblo. Marías lo consideraba necesario, a fin de que la tarea de moderación y arbitraje que la futura Constitución atribuiría al jefe del Estado no resultara «meramente nominal». Entendía fundamental el senador que, en casos de «discordia» y «perturbación», «en cuestiones que afecten gravemente al equilibrio de la sociedad española», una voz no partidaria pudiera dirigirse al pueblo a través de sus representantes legítimos (las Cortes), con el refrendo –matizaba– que se pudiera determinar.

En esa misma sesión, celebrada en el Senado, el socialista Fernando Morán, años después ministro de Asuntos Exteriores, planteaba como necesario evitar a toda costa que la figura del Rey pudiera ser sometida a los avatares de la política, «no sólo por el hecho de que excediera las competencias que se determinaran en la Constitución, sino precisamente por el riesgo que para la Institución se irrogaría».

Morán formulaba a continuación una loa implícita a don Juan Carlos, afirmando que «un Rey de gran sentido y sagacidad no desearía otras [funciones] porque, careciendo de otras, le permitiría usar éstas con singular eficacia y con singular sabiduría». Y continuaba afirmando que el Rey, «acaso no siempre pueda alterar el curso de la acción de su Primer Ministro, pero siempre puede influir en su pensamiento». Y para tranquilidad de quienes pudieran creer que, así las cosas, la figura del Rey resultaría «ayuna de competencias», el diplomático calificaba al Rey como «la persona mejor informada del país», por cuanto es asesorada diariamente por los más competentes en cada materia; y también como «el personaje más influyente de la nación: y así debe ser, puesto que al mismo tiempo que su influencia tiene una enorme carga histórica sobre sus hombros».

En verdad, las funciones que aquel proyecto de Constitución atribuía al Rey se correspondían fielmente con las definidas por Bagehot en el momento fundacional de la monarquía parlamentaria en Inglaterra, las célebres «advertir, animar y ser consultado».

Y siendo cierto que los ya transcurridos 45 años de monarquía constitucional han consolidado en España un cierto derecho de mensaje, especialmente patente en los mensajes de Navidad, «los más libres» de cuantos el jefe del Estado pronuncia al cabo del año; no es menos cierto que estos no pueden sino circunscribirse a los muy estrechos márgenes de expresión propios de un rey democrático, como el que felizmente tenemos en España.

Decía Marías que «más allá de la política, un jefe de Estado debe dirigirse a su pueblo para hablarle –justamente– del país; no de asuntos políticos concretos, sino de la significación del horizonte general de la nación». Verdaderamente, ese es el terreno reservado a sus discursos, el de la política «de Estado», ajena al cortoplacismo característico de los políticos, a su estrecha y muchas veces dogmática y sesgada mirada. «Hay algo más que política; hay la personalidad de un país; su proyección histórica; toda una serie de temas que no pueden ser objeto de un discurso político, ni del presidente del Gobierno, ni de un diputado, ni de un senador», decía el filósofo: «la marcha general histórica y no política del país».

Así las cosas, y regresando a Bagehot, oráculo de la monarquía parlamentaria, antes de demandar del Rey lo que el Rey no puede ni debe darnos, la pregunta es si el Rey fue siempre consultado; si animó a hacer una u otra cosa diferente; si advirtió sobre los riesgos de trascendentales decisiones… Porque si así ocurrió; si contó con la información necesaria para formar su propio criterio; si se consultó su parecer como jefe de Estado antes de acometer (el Ejecutivo) decisiones de gran calado; si se escuchó después su consejo; si se tomaron en consideración sus sugerencias; si se observaron sus reservas; si se entendieron sus recelos… Si todo lo antedicho ocurrió y fue cumplido, entonces, en ese lugar y en ese instante concluyó su misión. Porque ahí acaba la competencia de un rey democrático.

Dicho lo anterior, escuchemos atentos, un año más, el discurso de Navidad del Rey.

• Manuel Ventero es autor de Los Mensajes de Navidad del Rey (La Ley, 2011)