Calviño, obligada a revelar si echó al expresidente del INE

Entre algunas de las broncas que ha recibido el Gobierno por parte de Bruselas se encuentra un contundente informe donde se cuestionaba la forma en la que se produjo la sustitución del presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Manuel Rodríguez Poo, por Elena Manzanera, una vez que los datos proporcionados por la institución no encajaban con los discursos del Ejecutivo. Rodríguez Poo se marchó o le obligaron a marcharse, un extremo que ahora tendrá que explicar el ya Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con documentos oficiales sobre la mesa. Nadia Calviño se ha negado en todo momento a aportar alegaciones y aclaraciones a este respecto. Hasta ahora.

La todavía ministra Calviño, con la mente puesta en su retiro dorado en el BEI, en virtud de la resolución del Consejo de Transparencia 1050/2023 del pasado 11 de diciembre y que obra en exclusiva en poder de este periódico, ha sido obligada a facilitar a El Debate, «una copia de la documentación remitida a la ministra comunicando la dimisión de Juan Manuel Rodríguez Poo como presidente del INE» y «en el caso de que no se hubiera producido tal dimisión, sino cese, copia de la documentación justificativa de los motivos del mismo».

De nuevo la vicepresidenta ha ignorado a sabiendas los requerimientos del organismo independiente que se encarga de velar por la transparencia de las administraciones públicas, pues como ha dejado plasmado negro sobre blanco su presidente, José Luis Rodríguez Álvarez, «el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique», a lo que «se suma que la entidad requerida no ha contestado a la petición de alegaciones formulada en el marco de este procedimiento».

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que considerase necesario arrojar luz sobre la salida de Rodríguez Poo, un hombre con un perfil tan solvente que desde marzo forma parte la Esgab (European Statistical Governance Advisory Board), una entidad que asesora a la Comisión Europea en el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas en el ámbito estadístico.

De hecho, precisamente en el ‘Informe de la revisión por pares relativo al cumplimiento del Código de Buenas Prácticas de las estadísticas europeas y la mejora y el desarrollo del sistema estadístico nacional’ referente a España recomendaba «emprender acciones para fomentar las modificaciones legislativas necesarias, estableciendo disposiciones claras para el nombramiento y cese del presidente del Instituto Nacional de Estadística», en línea con el Código.

El Debate solicitó a Calviño una «copia de la documentación, cualquiera que sea su formato, relativa a las medidas adoptadas por la ministra en relación al cese y nombramiento del presidente del INE, así como en lo relativo a las modificaciones legales para ampliar el abanico de candidatos», una petición que desoyó por completo y ahora tendrá que acatar, tal y como ha ordenado el CTBG.

Aun así, parece que las intenciones del INE pasan por aceptar algunas de las recomendaciones europeas y, en respuesta a la evaluación, de cara al segundo trimestre de 2024, «elaborará un informe analizando, desde un punto de vista jurídico, las modificaciones a proponer en la legislación española con el fin de poner de manifiesto los motivos del cese del presidente».

El informe se elaborará «de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital», señalan, con la intención de que dichas modificaciones se lleven a cabo antes del segundo trimestre de 2025.

Sin embargo, Calviño ha preferido no dar ninguna explicación al respecto, tal y como ya ha hecho con otros escándalos que ya ha destapado El Debate tales como el fichaje frustrado de su marido en Patrimonio Nacional o el silencio de su departamento en relación a las ayudas y subvenciones concedidas a las empresas implicadas en el caso mediador.

Por ello, el CTBG ha tenido que enviarle un aviso para recordar la «necesidad de dar cumplimiento a lo señalado en la parte dispositiva de la Resolución R CTBG 963/2023 de 13 de noviembre de 2023» , resolución que ampara a El Debate y que obliga a la vicepresidenta a facilitar las «subvenciones, avales o de cualquier otro tipo de ayuda económica concedida por su Ministerio a empresas vinculadas a la trama».

De la misma forma, Patrimonio Nacional hizo algo similar cuando se le pidieron explicaciones por cómo se gestó el intento de contratación del marido de la vicepresidenta y tuvo que ser el CTBG, a través de su resolución 649/2023 del pasado 21 de agosto, el que obligase al organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia a hacer públicos los documentos oficiales en los que consta cómo se tramitó el fichaje, al que posteriormente Ignacio Manrique de Lara renunció porque en palabras de la presidenta de Patrimonio Nacional, «optaba por otras ofertas profesionales», una vez destapado el escándalo.

Así, la vicepresidenta pondrá rumbo al BEI, la potente herramienta económica de la Unión Europea, con un amplio historial de incumplimientos que deja en herencia al próximo responsable de la política económica española, un nombre que, de momento, Sánchez no quiere desvelar.