Los apuros del Gobierno con sus primeros decretos anticipan una legislatura de escasas leyes

El ministro Félix Bolaños llamó este domingo por la tarde a Cuca Gamarra para sondear la disposición de los populares a salvar los tres decretos ley que el Congreso debe convalidar el miércoles (bastaría con que el PP se abstuviera), y el lunes hizo un segundo intento. En paralelo, Yolanda Díaz telefoneó a Borja Sémper, a ver si con él era más fácil. Los tres contactos fueron en vano, puesto que el emisario de Pedro Sánchez y su socia no ofrecieron nada a cambio al principal partido de la oposición, que es también el mayoritario en las Cortes. Llamaron «para pedir, no para ofrecer», según el PP.

Sin embargo, las llamadas sí demuestran que en el Gobierno no las tienen todas consigo sobre la suerte que puedan correr sus primeros decretos ley de la legislatura, ante la imprevisibilidad de Carles Puigdemont. Aunque los socialistas siguen confiando en que Junts pasará por el aro, no sin antes escenificar su posición de dominio hasta casi la hora crítica de la votación.

Por lo pronto, en las horas previas al supermiércoles el PSOE y Sumar le han dado a la manivela del argumentario clásico del sanchismo: votar en contra de las medidas del Gobierno es votar en contra de la gente. Aunque sean los propios socios del Ejecutivo –y no solo la oposición– los que estén recriminando a Sánchez que abuse de los decretos ley aprobados de forma unilateral por el Consejo de Ministros, sin negociación previa. Y además ómnibus, que es el nombre con el que se conoce a los decretos cajón de sastre.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales llevó al máximo ese argumentario con un mensaje en su cuenta de X tan comentado como polémico. «Los Decretos Leyes que se votan el día 10 NO SON DECRETOS DEL GOBIERNO, SINO DE LA GENTE, escribió este lunes Rafael Simancas en mayúsculas. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, lo simplificó así: ·A quienes dicen que van a votar en contra, ¿qué es exactamente lo que les molesta?, ¿la subida de las pensiones?, ¿la bajada del IVA de algunos alimentos?, ¿la bajada del IVA a algunas empresas eléctricas?», preguntó desde Ferraz.

Aunque Sánchez vuelva a caer de pie el miércoles y gane las tres votaciones, la dificultad del Ejecutivo para sacar adelante sus primeros decretos ley augura una legislatura de muy baja producción legislativa. Y más aún en lo referido a las leyes orgánicas, que necesitan para su aprobación o modificación mayoría absoluta de 176 escaños. Es decir, el voto favorable de, al menos, siete partidos: el PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, el PNV y Podemos; de todos ellos a la vez.

Además de las amenazas de Junts está la dificultad de poner de acuerdo a partidos con intereses opuestos

A las amenazas de Puigdemont, que van a ser una constante (los socialistas lo tienen asumido), se une la dificultad de poner de acuerdo a formaciones con intereses no solo distintos, sino a veces opuestos. Están ERC, Bildu y Podemos por el lado izquierdo (también el diputado del BNG) y el PNV y Junts por el lado derecho.

El eje de Junts y el PNV

En los últimos meses, los partidos de Andoni Ortuzar y de Carles Puigdemont se han ocupado de reconstruir su relación para ejercer de contrapeso. Esa relación quedó muy tocada cuando, en 2017, el PNV medió en vano para que el expresidente catalán no declarara la independencia de forma unilateral. A finales del pasado noviembre, ambos firmaron un acuerdo por el que sus grupos parlamentarios trabajarán «de forma coordinada» en el Congreso, en la búsqueda de «medidas legislativas, económicas y sociales que promuevan el bienestar de las ciudadanías de Euskadi y Cataluña».

La pasada legislatura, el Gobierno ya aprobó las grandes leyes ideológicas: la de memoria democrática, la ley trans, la de la eutanasia, la educativa (que las Cortes votaron en plena pandemia), la de vivienda… así que en ésta el plan es sobrevivir a base de decretos ley y de leyes que conciten un amplio consenso entre la renovada mayoría Frankenstein. De hecho, de momento el primer y único proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros es el de representación paritaria en la Administración General del Estado, en todo el sector público estatal y en las empresas cotizadas. Una iniciativa que venía de la legislatura pasada y que en el Ministerio de Igualdad dan por hecho que los socios bendecirán sin problema.

Como en la segunda legislatura de Rajoy

Salvando las distancias, esta legislatura podría parecerse a la segunda de Mariano Rajoy. En aquella, la producción legislativa del Gobierno cayó a mínimos, dadas las dificultades de los populares para sumar apoyos parlamentarios en cada votación. Desde finales de 2016 y hasta la moción de censura, estos sacaron adelante únicamente 14 leyes, sin apenas carga ideológica. Y entre ellas estaban el nuevo cupo y el nuevo concierto económico vasco, puesto que entonces el PNV tenía al Ejecutivo en su mano. Y la única ley orgánica que aprobó el Congreso fue una modificación de la ley orgánica del Tribunal del Jurado para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones.

Casi ninguna de las medidas incluidas en el acuerdo de coalición que firmaron en octubre el PSOE y Sumar podrá ser aprobada sin el concurso de ERC, Bildu y el resto de los socios, que serán los acreedores de Sánchez. La subida del SMI es la única, puesto que el Gobierno tiene el poder de subirlo unilateralmente.

Que en ese pacto figurase la derogación parcial de la Ley de seguridad ciudadana es el mejor ejemplo de que Sánchez nunca ha sido un presidente libre, sino uno enormemente hipotecado. Y más que lo será en esta legislatura. La pasada, él mismo y Pablo Iglesias ya pactaron derogar la que la izquierda rebautizó como «ley mordaza». El PSOE y Unidas Podemos tardaron años en consensuar el alcance de su reforma. En marzo de 2023, cuando al fin lo consiguieron, ERC y Bildu la tumbaron en la Comisión de Interior del Congreso por «edulcorada» e «insuficiente». Y Podemos culpó del fracaso a los socialistas por no haber tenido cintura para negociar con Bildu y Esquerra.