El Gobierno cede ante Junts para salvar su decretazo de Justicia y elimina el artículo que suspendía la amnistía

Los diputados de Carles Puigdemont han permitido al Gobierno salvar la reforma procesal incluida en los decretos-leyes que se han debatido en sede parlamentaria este miércoles, a cambio de que retire el artículo que supondría dejar negro sobre blanco el carácter suspensivo de las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Pese a que hasta última hora han defendido su ‘no’ rotundo a dicha posibilidad, al considerar que atentaba contra la futura ley de amnistía, ya que permitiría paralizar los casos concretos donde los jueces y magistrados planteen dudas sobre la aplicación de la norma -el texto ha conseguido concitar el apoyo de 172 diputados frente a los 171 que se han pronunciado en contra- gracias al silencio de Junts. A cambio la formación separatista ha arrancado al Ejecutivo la eliminación del apartado más polémico del decretazo 6/2023.

Así las cosas, la negativa inicial del grupo parlamentario de Junts al decretazo de Pedro Sánchez que incluía la modificación del artículo 43 bis la Ley de Enjuiciamiento Civil se ha diluido en una abstención final, tras el ultimátum dado por la portavoz del partido independentista, Miriam Nogueras, este mediodía.

Nogueras aseguraba en su turno de intervención que Junts tenía una línea roja con esta cuestión pese a que, al mismo tiempo, daba un tiempo extra al Ejecutivo para que rectificase en su planteamiento. La corrección ha llegado a costa de la renuncia de Sánchez a dicho artículo y, por ello, los separatistas han dejado con vida la ley de la discordia.

Eran tales las dudas sobre el éxito de su iniciativa que el actual titular del Ministerio de Justicia, Félix Bolaños, pedía a los grupos parlamentarios que actuasen «con altitud de miras, apoyen los decretos-leyes y beneficien a la gente». «Resulta incomprensible que pueda haber fuerzas políticas que usen argumentos que nadie entiende para perjudicar a los ciudadanos (...) que les votaron para que les hagan la vida más fácil», insistía.

Y es que en la modificación normativa que el Gobierno ha conseguido sacar adelante in extremis se incluía un polémico decreto 'ómnibus' en cuestiones de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En su extenso articulado -más allá de frustrar provisionalmente los intereses del prófugo Puigdemont de regresar a España, cuanto antes, tras la entrada en vigor de la amnistía pactada a cambio del apoyo prestado a la investidura de Sánchez- se concentran importantes e inéditas atribuciones para el Ministerio de Justicia. Entre ellas, un control casi absoluto sobre los datos de los procedimientos judiciales de los ciudadanos y empresas.

Pero, además, y esto era lo más relevante para el partido separatistas catalán esa disposición que, finalmente no será de aplicación, se recogía que, cuando se eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se «suspenderá» cualquier actuación, incluidos los posibles beneficios procesales o penales de los interesados, «hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

A efectos prácticos, esto significaba que, cuando se apruebe la Ley de Amnistía y deba aplicarse a los condenados por el 'procés', se podría plantear una cuestión prejudicial que paralizaría el borrado penal de los delitos hasta que el TJUE resolviera sobre esa cuestión. Los de Junts han presionado al Gobierno y han conseguido salirse con la suya.