Sánchez traspasa a Cataluña las competencias de inmigración: «Es una independencia encubierta»

Mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española y «a través de una ley orgánica específica para Cataluña». Así es como Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont, ha conseguido arrancar al un PSOE desesperado por salvar alguno de los tres decretazos con los que estrena su año legislativo, el compromiso para que ceda a la Generalitat de Pere Aragonés las competencias en materia de inmigración. Es decir, «un reconocimiento, de facto, de la independencia de Cataluña» alertan las voces más críticas.

Junts se abstenía de participar en las votaciones parlamentarias que, este miércoles, han puesto en evidencia la debilidad e inestabilidad de la «mayoría progresista de izquierdas» de la que Pedro Sánchez hacía gala en su sesión de investidura, a cambio de varias nuevas cesiones del Gobierno a los objetivos independentistas. El PSOE no sólo renunciaba al artículo sobre los efectos suspensivos de la cuestión prejudicial, par salvar su decreto ‘omnibus’ de Justicia. Además abría la puerta a otras concesiones «graves» a la autonomía gobernada por el separatismo, como el control migratorio.

Dicho de otro modo, el Ejecutivo socialista ha aceptado, previa exigencia de Junts, traspasar a Cataluña la supervisión y vigilancia de las entradas y salidas a su territorio. Un privilegio del que no dispone ninguna otra comunidad en nuestro país.

Más allá de la crítica meramente política que pueda conllevar el resultado de las negociaciones entre Junts y el PSOE a cambio de dicha prerrogativa, la realidad es que ello supone un paso más en el reconocimiento implícito de la independencia catalana. No en vano, el control de la inmigración en cualquier circunstancia va ligado al control fronterizo y, así las cosas, si el pacto alcanzado se concreta, las fronteras exteriores españolas en Cataluña quedarían, en la práctica, bajo custodia de una policía autonómica.