La Comisión baraja abrir un nuevo caso contra España por incumplimiento de la normativa de movilidad

España ha acumulado varias multas e investigaciones por parte de la Unión Europea desde la llegada de Pedro Sánchez al poder. Según fuentes del Ejecutivo comunitario, se está barajando un nuevo caso contra nuestro país, en este caso por incumplimiento de la normativa de movilidad.

El pasado mes de junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia en la que señalaba que la regulación aplicada por el Ayuntamiento de Barcelona en materia de taxis y vehículos de turismo con conductor (VTC) vulneraba la libertad de empresa recogida en el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

Según la normativa del municipio, se restringe el número de licencias de VTC a una por cada 30 de taxis. Además, el tribunal dictaminó que la protección de los intereses económicos del taxi no puede restringir la libertad de actividad de los otros.

Si el gobierno central o regional hubiera tomado medidas para evitar esta situación, la alarma no habría saltado. Pero el Gobierno fue más allá y aprobó al mes siguiente el Real Decreto Ley 5/2023 por el que se declara el taxi como «servicio de interés público», lo que limita de facto las licencias de VTC o estas quedan supeditadas a las primeras.

Dado que este Real Decreto amplia el margen legal para limitar las licencias, según ha informado César Tello, CEO de Adigital (una organización formada por más de 550 empresas de sectores clave de la economía digital), el gobierno catalán estaría estudiando la posibilidad de implantar una nueva ley bajo ese paraguas.

Tello ha escrito una carta a la comisaria europea de Transporte, Adina-Ioana Valean en la que pide que se estudie el caso «para evaluar si estas leyes incumplen el Tratado [de funcionamiento de la UE]» ya que les «preocupa que se puedan aprobar leyes similares en otras regiones» del país «que podrían perjudicar el desarrollo de la innovación y la economía digital en España».

Todo lo relacionado con la transformación de los medios de transporte tradicionales, la movilidad urbana inteligente, la sostenibilidad, la transición energética y digital, etc. es una de las prioridades del actual Ejecutivo comunitario. Los VTC se ven a sí mismos como servicios complementarios, no sustitutivos, lo que jugaría a su favor de cara a presentar sus demandas ante Bruselas.

Lo que la Comisión Europea duda es si iniciar el procedimiento ahora o pasadas las elecciones. Según fuentes internas, una de las prioridades del siguiente mandato será todo lo relacionado con la protección y el fortalecimiento de la competencia europea. Es uno de los puntos clave del Partido Popular Europeo (EPP). Dado el contexto político, un nuevo caso en este momento podría aparcarse fácilmente, de ahí la incertidumbre que se plantea: empezar ya o dejar todo lo más atado posible para el siguiente. Sea como sea, España está de nuevo en el punto de mira.