Los motivos por los que el PP llevará al Constitucional el 'decretazo' ómnibus de Sánchez

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP y líder de la oposición, comunicó el pasado jueves 11 de enero que que su partido va a recurrir el 'decretazo' ómnibus del Gobierno (Real Decreto-ley 6/2023) –aprobado en el último Pleno del Congreso gracias al apoyo de Junts– ante el TC porque es «claramente inconstitucional».

«Regula materias reservadas a ley orgánica, del Poder Judicial, por decreto-ley, y establece plazos de vacatio legis, es decir, retraso de la entrada en vigor, que llegan hasta el año 2025», enumeró Feijóo para después agregar a reglón seguido que «es imposible justificar la urgencia y la necesidad de un real decreto-ley cuando una parte del mismo no tiene que aplicarse hasta 2025».

Así las cosas, para los 'populares', el 'decretazo' del Ejecutivo aborda aspectos que se deberían modificar mediante una ley orgánica; que tal y como recoge el artículo 81 de la Constitución, «exige la mayoría absoluta del Congreso»; apoyos que no se consiguieron en la votación de la convalidación del pasado miércoles.

Igualmente, el PP va a argumentar su recurso de inconstitucionalidad ante el órgano de garantías en que la disposición adicional novena de ómnibus señala que parte de los estipulado no entrará en vigor hasta 2025, extremo que se contradice con los motivos por los que se puede emplear la figura del decreto-ley. La Constitución reserva esta técnica legislativa para casos «de extraordinaria y urgente necesidad», por lo que, para el PP, carece de justificación que un aspecto de lo regulado no empiece a formar parte del ordenamiento jurídico hasta dentro de un año.

De hecho, esta situación fue denunciada en Twitter por la magistrada María Teresa Puchol, que en la mencionada red social escribe bajo el nombre de «Lady Crocs»: «No tiene sentido aprobar una norma basada en la extraordinaria y urgente necesidad y, al mismo tiempo, prever un plazo de entrada en vigor. Es como llamar a urgencias y pedir hora...».

En consecuencia, Feijóo zanjó que «vamos a recurrir ante el TC el real decreto-ley conocido como ómnibus; que habla de la Justicia, de la Función Pública, etc».

Por su parte, el texto del Ejecutivo –a modo de cajón de sastre– también modifica sin un trámite parlamentario previo las cuatro normas procesales más importantes de la legislación procesal española: la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Derecho Penal), la Ley de Enjuiciamiento Civil (Derecho Civil), la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Derecho Administrativo) y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (Derecho Laboral).