La guerra psicológica de Puigdemont hace mella en el PSOE

«El PSOE fue cediendo, fue cediendo de verdad hasta casi el último minuto. En el último segundo hicimos una valoración y vimos lo que podíamos obtener». Así se jactaba el jueves el secretario general de Junts, Jordi Turull, en Catalunya Radio de cómo un partido que en las elecciones generales obtuvo 392.634 votos, solo el 1,6 % del total, hizo hincar la rodilla la Gobierno de España y a su presidente en un pleno tan grotesco como humillante.

Los socialistas tardarán en recuperarse de una jornada de suspense que parecía sacada de un guion de Alfred Hitchcock, pero en versión catalana. Y escrita por un fugado de la Justicia española. El secretario general del PSC, Salvador Illa, llegó a acusar al partido de Carles Puigdemont de querer convertir cada votación «en un Vietnam»; asumiendo así que esto es una guerra psicológica.

Cunde la preocupación en las filas del PSOE. Un partido ciclotímico, de extremos, cuyos cargos tan pronto están eufóricos como deprimidos. Los socialistas pensaban que una vez que el tigre con barretina pasara por el aro de la investidura, domesticarlo sería más fácil. Y se han encontrado con que, a las primeras de cambio, la bestia casi se los come.

Las lecturas más benévolas en Ferraz son las que sugieren que engrasar la relación con Junts es algo que llevará tiempo, porque es un partido que viene del «extrarradio de la política» -en palabras del ministro Óscar Puente- y que no puede completar su viaje al centro de la gobernabilidad en solo meses. Por el contrario, los más pesimistas -que son legión a esta hora- creen que Junts no va a cambiar su modus operandi porque a sus dirigentes la gobernabilidad de España les importa menos que cero.

Las preguntas sin respuesta

Las preguntas se amontonan entre los diputados del grupo parlamentario socialista. ¿El Gobierno tendrá que ir con casco y escudo a la negociación de los Presupuestos Generales de 2024 con Junts?, ¿tomarán nota para lo sucesivo el resto de los socios parlamentarios (todos ellos igual de necesarios para las votaciones) de lo rentable que es chantajear al Ejecutivo?, ¿qué pasará conforme soplen con más fuerza los vientos electorales en Cataluña y aumente la competición entre Junts y ERC?

Y, sobre todo: si Puigdemont es capaz de apretar tanto la soga a Pedro Sánchez ahora, cuando la ley de amnistía todavía está en trámite parlamentario y el PSOE puede jugar a dilatar sus plazos, ¿qué pasará una vez que las Cortes aprueben la ley y Puigdemont ya no necesite al presidente?, ¿qué pasará cuando Sánchez ya no tenga esa baza?

En este sentido, una vez que el pleno del pasado miércoles rechazó las enmiendas a la totalidad de la proposición de ley de amnistía presentadas por el PP y Vox, la norma sigue su tramitación en la Comisión de Justicia. Los socialistas quieren que el Congreso la apruebe en un pleno extraordinario en la semana del 30 de enero, una vez pactadas las enmiendas con otros grupos parlamentarios. No en vano, dan por hecho que una vez llegue al Senado los populares harán lo posible por estirar los plazos hasta bien entrada la primavera.

Aunque el miércoles el propio Sánchez zanjó la jornada con un «bien está lo que bien acaba», el presidente no quiere que la agónica negociación de los tres primeros decretos ley de la legislatura se repita. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, rozó el ridículo cuando a la mañana siguiente intentó explicar en La Sexta en qué consistía la cesión de competencias en materia migratoria a Cataluña. «Lo que se acordó fue una delegación de competencia, al amparo de la Constitución y de la normativa del derecho comunitario. En concreto, al amparo del artículo 150.2, que prevé que tiene que materializarse a través de una ley orgánica. Es decir, una ley que cuenta con una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados. Por tanto, tendremos ocasión de discutir desde el alcance de esta delegación de competencias, como también cuáles son los elementos que la tienen que componer, cuáles son los recursos que se tienen que asignar. Y por tanto tendremos, durante los próximos meses, posibilidad de ver cuáles son las diferentes opciones que nos podemos encontrar…». Y así, durante un minuto más, la número dos del Ejecutivo sirvió a la audiencia de la cadena la nada en dos tazas.

De leyes orgánicas

En cualquier caso, Sánchez está prometiendo a los independentistas leyes orgánicas como el que regala caramelos. Con la diferencia de que son leyes que para su aprobación o modificación requieren mayoría absoluta de 176 escaños… y el Gobierno tiene 147. Aunque, como ocurre con las leyes ordinarias, el presidente puede sortear a los órganos consultivos al tramitarla como proposición de ley orgánica del grupo parlamentario socialista, en lugar de como proyecto de ley del Consejo de Ministros.

El pasado 21 de diciembre, el presidente del Gobierno se reunió con su homólogo catalán, Pere Aragonès, en el Palau de la Generalitat y se comprometió con él a aprobar una ley orgánica de plurilingüismo que «garantice el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la Administración General del Estado en lenguas cooficiales». Así que la supuesta ley orgánica de transferencia de las competencias en materia de inmigración es la segunda que Sánchez se saca de la chistera en apenas tres semanas.

La legislatura pasada, asediado por la crisis del espionaje del CNI a dirigentes independentistas (autorizado judicialmente), el presidente prometió a Junts, ERC y la CUP reformar la ley orgánica que regula el control judicial previo del CNI, que data de 2002. Aquel día de mayo de 2022, Gabriel Rufián, que tiene bien calado a Sánchez, le replicó: «Nos trae aquí una reforma de los controles del CNI cuando el mayor controlador del CNI es usted». Hasta hoy no ha vuelto a haber noticias de aquella reforma.

El pleno del miércoles ha dejado heridas en la coalición y muchas duras sobre la viabilidad y durabilidad de esta legislatura. Eso sí, en el PSOE y en Sumar llevan desde el jueves flagelándose. Dicen que han hecho examen de conciencia y propósito de enmienda. Aseguran que han aprendido la lección y que ya han escrito 100 veces en la pizarra: 'no volveremos a legislar sin el permiso de nuestros socios'.