El Gobierno da carnaza al independentismo al desclasificar los informes del espionaje a Aragonès

La portavoz del Gobierno ha confirmado este martes que el Consejo de Ministros ha dado autorización para desclasificar la documentación relativa al espionaje del CNI al ahora presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Pilar Alegría ha destacado hasta en tres ocasiones que se trata de una desclasificación «parcial», que es para «un caso concreto» y que responde a la petición de un juez. En concreto, a la del titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, ante quien Aragonès interpuso una denuncia en julio de 2022.

El pasado 13 de diciembre, el presidente catalán acudió ante el juez para declarar y exigir que nunca más ningún ciudadano catalán volviera a ser espiado por su «ideología». Después aprovechó para solicitar al Ejecutivo que desclasificara la información, por «obligación moral», según él. Un mes después, dicho y hecho. Entre medias, Pedro Sánchez se reunió con Aragonès en Barcelona el 23 de diciembre.

La ministra portavoz se ha esforzado en aclarar que esta decisión «en ningún caso afecta a la seguridad nacional». No obstante, el pasado mes de julio el Gobierno se negó a desclasificar información sobre otros dos casos, los del presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlamento de Cataluña, Josep María Jové, y la portavoz del partido en el Parlamento europeo, Diana Riba. Ambos denunciaron ante el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona. Así que con Aragonès ha hecho una excepción.

En julio de 2022, éste se querelló contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y contra la empresa israelí propietaria del sistema de espionaje Pegasus, NSO. Fue después de que la propia Esteban reconociera en una comparecencia a puerta cerrada en el Congreso que Aragonés fue uno de los 17 espiados, con autorización del Tribunal Supremo. En su caso, a finales de 2019 e inicios de 2020, cuando era vicepresidente de la Generalitat, y en el marco de los disturbios que sucedieron a la sentencia del procés.

La exdirectora del CNI que purgó la ministra Margarita Robles debía haber declarado ante el juez como investigada en diciembre, pero su declaración se pospuso hasta el 26 de enero, por videoconferencia. La desclasificación de documentos, de producirse, debía ser antes.

El espionaje a dirigentes independentistas entre 2017 y principios de 2020 mediante el sistema Pegasus provocó la mayor crisis entre el Gobierno y ERC de la pasada legislatura. El independentismo interpuso varias denuncias y querellas, haciendo de esto un casus belli.

El independentismo hizo casus belli del espionaje a sus dirigentes la pasada legislatura

Sánchez consiguió calmar a su socio entregándole la cabeza de la entonces directora del CNI en mayo de 2022, pero no solo. Además, el presidente dio orden a la nueva directora del CNI, Esperanza Casteleiro, de acabar con todas las escuchas y la vigilancia a los líderes independentistas ipso facto, como reveló entonces El Debate.

Además, por aquel entonces el presidente prometió a los independentistas la reforma de la ley orgánica que regula el control judicial previo del CNI, del año 2002. Aunque nada ha vuelto a saberse al respecto. También se comprometió a aprobar una Ley de Información Clasificada para sustituir a la actual Ley de Secretos Oficiales, del año 1968. El Consejo de Ministros llegó a ver un anteproyecto, pero el adelanto electoral lo dejó en tierra de nadie.