Junts fracasa en su intento por apartar al juez instructor de Tsunami que complica la amnistía de Puigdemont

La Audiencia Nacional confirmaba, este mismo lunes, que el juez Manuel García Castellón continuará al frente de las investigaciones de la causa de Tsunami Democrátic que se siguen, por un presunto delito de terrorismo, contra el ex presidente del procés, Carles Puigdemont, la mano derecha de Oriol Junqueras en ERC, Marta Rovira, y hasta una veintena más de líderes separatistas catalanes. El aval de la Sala Penal al magistrado ha supuesto un fracaso para Junts en su último intento por apartarle del caso y es que, de confirmarse las sospechas que pesan sobre ellos y su implicación en los altercados y protestas coordinados, en 2019, en el aeropuerto del Prat, la amnistía dePuigdemont podría quedar seriamente comprometida.

La decisión de la magistrada Carolina Rius, acordando el archivo definitivo del incidente de recusación contra el juez de la causa de Tsunami Democratic, presentada por el investigado Josep Lluis Alay, el que fuera jefe de la oficina de Puigdemont, ha cerrado cualquier atisbo de duda sobre que el instructor tratase de «adentrarse en una espiral persecutoria» propia de una actuación «prospectiva contra el separatismo», tal y como aseguraba la defensa del independentista, el abogado Gonzalo Boye. Un escrito planteado fuera de plazo ha sido la clave para descartarlo.

Y así lo hacía constar la juez Ríos en una providencia, ya notificada a las partes, en la que señala la negativa ante la petición formulada por la representación jurídica de Alay, al no haberse subsanado el defecto formal que se detectó en los escritos de los pasados 12 y 19 de diciembre por el separatista y por haber transcurrido un tiempo superior al fijado en el artículo 223.12ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cuestionar al instructor del caso.

Un escenario que permitirá a García Castellón continuar con la práctica de todas las diligencias instadas para aclarar lo ocurrido, y depurar la responsabilidades penales correspondientes. Entre ellas, el ofrecimiento de personarse en el procedimiento a la familia del ciudadanos francés fallecido durante la toma del aeropuerto de Barcelona, en la protesta organizada contra la sentencia del Supremo a los líderes del procés; o, la consulta formulada a la OTAN y otros organismos internacionales para que se pronuncien sobre la naturaleza terrorista de los altercados.

Se complica la amnistía de Puigdemont

Los socios separatistas del Gobierno han tratado, sin éxito, de apartar al magistrado del caso. No en vano, la decisión de Manuel García Castellón de imputar por un presunto delito de terrorismo tanto a Marta Rovira (ERC) como a Carles Puigdemont, líder de Junts, complicaba las negociaciones de Pedro Sánchez para obtener el 'sí' de los siete diputados de la formación para su investidura pero, además, abría la vía de la Justicia europea para neutralizar una amnistía de la que el único que no podrá beneficiarse será el propio ex presidente catalán y prófugo.

Más allá de la aprobación de la norma, y descontando los efectos suspensivos contra la misma que tendrá una futura y eventual cuestión prejudicial planteada por el Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según el artículo 83.1 del Tratado Fundacional de la misma, no cabe que España se apoye en su soberanía interna para perdonar un ilícito de esta naturaleza que, por su entidad y características, es un «delito europeo» lo que convierte al líder de Junts en un «justiciable europeo» y al magistrado que lo reclama en «juez europeo», con todo lo que esto conlleva.

Es decir, cualquier intento del Gobierno socialista por alterar el «compromiso» adquirido por España en base al TFUE para la «adopción de medidas efectivas para la persecución de los delitos de terrorismo» podría ser cuestionado por el magistrado García Castellón antes de aplicarlo. De ahí la maniobra de varios de los imputados por éste en los altercados de Tsunami para alejarlo de la instrucción de una causa en la que, tampoco, ha servido de mucho el intento de la Fiscalía, previo cambio de su propio criterio, por cambiar la calificación de lo ocurrido y descartar el terrorismo.