El PNV y Junts intentan envenenar la reforma del artículo 49 hasta última hora

El Congreso aprobará esta semana la reforma del artículo 49 de la Constitución con el voto favorable de socialistas y populares. Una excepción en medio del clima de desconfianza mutua y tensión entre los dos grandes partidos. Un «ejemplo de consenso», en palabras de Alberto Núñez Feijóo, quien este lunes deseó que sea el preludio de otros acuerdos.

Solo Vox ha adelantado que se abstendrá, tanto en la votación de la toma en consideración (el martes) como en la de la aprobación definitiva del texto (el jueves), una vez debatidas las enmiendas. No porque los de Santiago Abascal no crean oportuno cambiar el término «disminuidos» por «personas con discapacidad», que sí lo creen. Sino porque consideran que éste no es el momento para «abrir el melón» de la Carta Magna, con el independentismo catalán crecido ante la fragilidad parlamentaria del Gobierno.

También el PP lo pensaba hasta hace no mucho, pero finalmente llegó a un acuerdo con el PSOE y el pasado 29 de diciembre ambos grupos parlamentarios registraron juntos en el Congreso una proposición de ley de reforma del artículo 49. Sin el PP no había nada que hacer, puesto que la modificación requiere mayoría de tres quintos (210 diputados). Pedro Sánchez convenció al líder de la oposición después de darle garantías de que no aceptará ninguna enmienda, sino que la reforma se ceñirá al texto pactado. También le prometió que en ningún caso será sometida a referéndum.

Sánchez ha dado garantías a Feijóo de que no aceptará enmiendas a la reforma y no será sometida a referéndum

Feijóo tenía motivos para desconfiar por lo que sucedió la legislatura pasada. Primero, porque cuando el PSOE registró la proposición de ley en enero de 2021, el PNV y Junts presentaron enmiendas parciales al texto con las que pretendían penetrar en las entrañas de la Carta Magna y desarmar al Estado y sus instituciones.

Segundo, porque cualquier reforma constitucional debe ser sometida a referéndum ciudadano si así lo solicitan 35 diputados. La pasada legislatura, los partidos independentistas sumaban justo esa cifra, de manera que Sánchez no podía dar garantías a Feijóo porque no estaba en su mano. En esta legislatura, ERC, Junts, Bildu, el PNV y el BNG no llegan a 35 escaños si no es con Sumar. Y Yolanda Díaz se ha comprometido con su socio de Gobierno a que no apoyará ninguna petición de referéndum. No obstante, Sumar sí tiene previsto presentar dos enmiendas parciales a la reforma constitucional. Una de Compromís para recuperar el Derecho Civil Valenciano, reconociéndolo en la Constitución, y otra de Mès para que Formentera tenga senador propio, puesto que ahora lo comparte con Ibiza.

También el PNV ha anunciado que piensa reciclar y volver a presentar las 11 enmiendas que propuso hace un año, aunque ninguna vaya a ser admitida, en base al acuerdo entre socialistas y populares. Entre esas enmiendas figura mutilar el artículo 2 de la Constitución para eliminar la mención a que se fundamenta en la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». También suprimir el artículo 155 por completo, incluir el derecho de autodeterminación, reducir la inviolabilidad del Rey a sus funciones estrictamente institucionales. Además, despojar a las Fuerzas Armadas de su función de defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional e impedir que el Constitucional suspenda automáticamente una ley autonómica que haya sido impugnada por el Gobierno.

No obstante, los de Aitor Esteban votarán a favor de la reforma. También lo hará Bildu, que no va a presentar enmiendas para no «desvirtuar» el debate. En principio, tampoco ERC presentará ninguna. Ni Podemos. Todo apunta a que Junts hará lo mismo que el PNV e insistirá con sus enmiendas, un año después.

En enero de 2023, el partido de Puigdemont presentó cuatro a esta reforma. La primera era para incluir en el texto constitucional la amnistía, pero ahora ésa ya no le hace falta. Con la segunda pretendían echar por las bravas a los vocales del CGPJ que deberían haber sido renovados. En la tercera proponían eliminar el artículo que blinda la «independencia e inamovilidad» de los miembros del Tribunal de Cuentas. Y con la cuarta enmienda pretendía impedir que el Tribunal Constitucional vuelva a inmiscuirse en una decisión del Parlamento de Cataluña, como pasó con las famosas 'leyes de desconexión' de septiembre de 2017.

El pleno extraordinario del Congreso de esta semana volverá a celebrarse en el Senado. Las obras en los escaños de la Cámara Baja aún no han terminado, de manera que ocurrirá como con el pleno de convalidación de los tres decretos ley de la semana pasada. Una vez que el próximo jueves los diputados den su bendición a la proposición de ley de reforma del artículo 49, el texto será remitido al Senado para su aprobación definitiva.