El director general de la Policía habla por primera vez del brutal uso de gases lacrimógenos en la protesta en Ferraz

¿Quién dio las órdenes de disuadir con gases lacrimógenos la protesta en Ferraz contra la amnistía el pasado 6 de noviembre? ¿Hubo excesos en la contestación a aquellos hechos? ¿Qué protocolos se siguieron, quién dio las órdenes y por qué se desplegó una contundencia inédita incluso en actos de exaltación del terrorismo?

Todo ello ha acabado en el juzgado, con diligencias en marchas contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el socialista Francisco Martín, y un número no precisado de responsables policiales. Pero nadie ha explicado qué pasó y por qué. Hasta ahora.

El Debate ha logrado que, por primera vez, el máximo responsable de la Policía Nacional en España, Francisco Pardo Piqueras, se vea obligado a dar explicaciones sobre unas cargas que, a juicio de muchos, fueron excesivas y atendieron a intereses políticos en favor de Pedro Sánchez.

Pero lo ha hecho a su manera. Este periódico se había dirigido al jefe superior de Madrid para conocer de primera mano su opinión sobre los hechos ocurridos en la primera concentración del pasado 6 de noviembre en la calle Ferraz. Pero ha sido el gran jefe del CNP, Francisco Pardo Piqueras, quien finalmente ha respondido.

Pardo Piqueras se ha negado a detallar las razones por las que desplegó material antidisturbios y gases lacrimógenos en las manifestaciones del pasado día 6 de noviembre en la madrileña calle Ferraz, cuando 3.800 personas, según sus propios datos, protestaron contra la amnistía y los pactos de Sánchez, mereciendo la calificación de «concentración no ajustada a la ley».

El máximo jefe de la Policía no explica los protocolos seguidos, los considera privados y no documenta la necesidad de desplegar tanta fuerza

Según intenta explicar Pardo Piqueras, en un documento en propiedad exclusiva de este periódico fechado a 21 de diciembre, el desarrollo de las acciones tácticas policiales «pretenden contrarrestar las actividades de alborotadores» que a su entender pueden poner en peligro la calle, la integridad física de los policías actuantes y la de otros ciudadanos.

En el atestado de la intervención policial del aquel día consta que hubo tres detenidos, dos por agredir a agentes de la Policía y una tercera, una mujer, por desobediencia.

Los agentes usaron botes de humo («fumígenos inocuos») y, en las últimas cargas, también gas lacrimógeno, una vez que detectaron según su criterio la presencia de unos 200 infiltrados de «estética ultra» y embozados. Un despliegue excesivo, según los sindicatos policiales, que acusaron al delegado del Gobierno de emitir «órdenes políticas» para reprimir las manifestaciones.

Además, había otro señalado, el actual jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, el comisario Manuel Soto Seoane, que llegó al cargo en septiembre de 2021, y que sería el responsable último del operativo.

Los protocolos secretos

Precisamente, por ello, El Debate solicitó directamente a Soto una copia de las «instrucciones, órdenes, o cualquier otra documentación recibida del Ministerio del Interior, Delegación del Gobierno en Madrid o Jefatura Superior de Policía relativas a la forma enérgica de reprimir la concentración y copia de las instrucciones dadas a los mandos de las fuerzas operativas sobre la forma en que debían reprimir la concentración».

Al mismo tiempo, también se requirió la «normativa que establece la operativa de actuación de las fuerzas policiales y cuándo debe usarse métodos represivos como los botes de humo y gases lacrimógenos para disolver una concentración y copia del informe elaborado de las actuaciones realizadas».

El director general de la Policía se ha negado a facilitar los protocolos de actuación policiales porque conocerlos pondría en peligro la «seguridad pública».

Para ello esgrime que «dichos procedimientos» forman parte de «la esfera de información sensible para el buen desempeño» de sus objetivos. De hecho, insiste en que «el éxito o no del trabajo policial depende en gran medida de la protección de estos procedimientos», que se enmarcan como «información necesitada de protección y de un especial deber de reserva».

Respecto a la posible existencia de órdenes políticas para el uso de material antidisturbios, niega que las mismas hayan existido. Pardo Piqueras indica que «las acciones a adoptar se articulan en función del desarrollo de la concentración y de los altercados que puedan producirse», siguiendo como máxima que el empleo de este material forma parte del «procedimiento de empleo progresivo de medios».

El uso de la fuerza

Así, explica que «todo el operativo fue dirigido por el jefe policial del dispositivo allí desplegado, que, en su conjunto, desarrollaron con profesionalidad, dada su gran formación y dilatada experiencia, las acciones oportunas en función de las condiciones sobre el terreno y a la vista de la evolución de la concentración y de los altercados que se producían como consecuencia de la misma».

De hecho, recuerda que la concentración «no estaba comunicada y, por lo tanto, no se ajustaba a la ley». A lo que añade que «se produjeron disturbios, cortes de calles, destrozos de material urbano, y ataques a los policías allí presentes mediante el lanzamiento de objetos, todo lo cual motivó el empleo progresivo de la fuerza, con el fin de restablecer la seguridad ciudadana».

Esta respuesta del director general de la Policía sigue la senda de la ya proporcionada por la Delegación del Gobierno, tal y como ya publicó El Debate. En este caso, en relación a la existencia de órdenes políticas o cualquier otro tipo de instrucciones para una represión «de tamaña contundencia solo empleada en ocasiones extraordinarias», se afirmó que «no se recibió ninguna instrucción política ni de organización ni con carácter previo ni durante dicha concentración».

Es más, aseguraron que «la seguridad de las manifestaciones y concentraciones viene desarrollándose a través de operativos previos, por las fuerzas y cuerpos de seguridad que, como verdaderos profesionales y expertos en la materia, valoran in situ y en el momento las actuaciones a desarrollar en función del desarrollo de las mismas con el fin de salvaguardar la seguridad ciudadana, el orden público, y la integridad física de los agentes policiales del dispositivo».

De esta forma, tanto los altos mandos de la Policía, como el Gobierno han seguido el mismo argumento que ya desplegó el ministro del Interior ante el escándalo, cuando zanjó que la actuación policial «obedece a criterios operativos». No parecen pensar lo mismo los afectados, los sindicatos policiales y, tal vez, los tribunales.